España incumple su legislación y vende armas a Marruecos

MADRID // La ficción de supuesta neutralidad tras la que se han escudado los sucesivos gobiernos españoles en el contencioso del Sáhara Occidental se deshace del todo cuando al trato de favor que se suele dispensar al régimen marroquí se suma el beneficio económico. Esta situación tiene una vertiente que las asociaciones prosaharauis en España consideran especialmente escandalosa: la venta de armas a Marruecos. Sobre todo porque la propia legislación española prohíbe vender material bélico a aquellos países en los que se exista un conflicto o donde se violen los derechos humanos.

Tras conocerse que en 2011 España siguió vendiendo «material de defensa» a Marruecos, dos organizaciones, la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (AJASAHARA) y Justicia i Pau, han presentado esta semana una demanda administrativa ante el Ministerio de Economía. Francisco Serrano, presidente de AJASAHARA, explicó ante la sede de esta institución que su objetivo es exigir al Gobierno que España “detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso al reino alauí”.

“España incumple su propia legislación, además del Derecho Internacional”, añadió Serrano. El presidente de la asociación de juristas se refería al primer punto del apartado 8 de la Ley 53/2007 sobre control del comercio exterior de armas, que establece la obligación de denegar la autorización para vender armamento “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa (…)pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional (…), puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

En la nota difundida por las dos organizaciones, se precisa que, “según las estadísticas de exportación 2011 publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, España envío a Marruecos aeronaves valoradas en 1.529.901 euros y material de doble uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la exportación de material de defensa -en la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles- y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.444 euros”.

En el texto presentado ante el ministerio, AJASAHARA y Justicia i Pau piden también explicaciones al Gobierno por unas fotografías tomadas en El Aaiún, la capital administrativa del Sáhara, en las que aparece un blindado supuestamente de fabricación española “apostado a la puerta de un colegio”.

En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, se precisa: «Después del desmantelamiento, en noviembre de 2011, del campamento de protesta saharaui Gdeim Izik de El Aaiun, han aparecido imágenes en las que, entre los medios materiales empleados en los dispositivos de represión marroquí contra la población civil saharaui, (…) se observa la presencia de los vehículos militares marca URO VAMTAC -Vehículo de Alta Movilidad Táctico- que España ha vendido a Marruecos»

Las demandantes reclaman al ministerio de Economía que “requiera información al Ministerio de Defensa sobre si los vehículos que aparecen en esas imágenes son los que España ha vendido a Marruecos, tal y como consta en las estadísticas oficiales del Ministerio de Comercio del año 2008 (1.015 vehículos y camiones militares) y 2009 (286 vehículos todoterreno).”

El abogado Luis Mangrané, del Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental, explica a MásPúblico que, en las misiones sobre el terreno que ha llevado a cabo, él mismo ha podido observar el despliegue en el Sáhara de material militar vendido por España a Marruecos, algo que contribuye a una «ocupación de carácter militar».

Mangrané es uno de los abogados firmantes de la primera demanda (la que se acaba de presentar es la tercera) a España por vender armas a Marruecos, una demanda que se encuentra ya en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional «casi lista para sentencia». Las asociaciones que la presentaron en 2010 optaron por recurrir a los tribunales después de que el ministerio «ninguneará» la acción administrativa que, al igual que este año y el anterior, presentaron entonces.

«El ministerio denegó las dos demandas anteriores alegando que hacíamos uso de un mero ‘derecho de petición’ a una administración, cuando en realidad lo que planteamos fue una denuncia por una infracción regulada por la ley», subraya el letrado.

El jurista apunta también a un aspecto en el que hace hincapié la demanda. Se trata de la contradicción que supone el hecho de que, el año pasado, el Gobierno suspendiera temporalmente la exportación de armas al Norte de África, a causa de la primavera árabe, y al mismo tiempo haya seguido vendiendo armas a Marruecos.

«Escalada de violencia»

Muchos saharauis han hecho suya la convicción del filósofo Noam Chomsky de que la primavera árabe empezó precisamente con la protesta pacífica del campamento Gdeim Izik de El Aaiún. Francisco Serrano, presidente de AJASAHARA, recordó tras presentar la denuncia que la venta de armas a Marruecos ha continuado pese a la «escalada de violencia» en la antigua colonia española desde «los sucesos de Gdeim Izik en 2010”. Una realidad, aseguró, “de la que habla el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, del 5 de abril de 2012, donde se informa de las sucesivas violaciones del alto al fuego cometidas por el Real Ejército de Marruecos y registradas por la MINURSO (Misión de Nacionales Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental)”.

Serrano subrayó luego que “las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara Occidental también están documentadas” por organizaciones como «Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, , el Parlamento Europeo, el Consejo General de la Abogacía,  y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas».

Para apuntalar la denuncia de las dos organizaciones, a la presentación del documento acudió Lafkir Kaziza, un saharaui de 21 años que recientemente mantuvo una huelga de hambre de 15 días ante la embajada de Marruecos en Madrid. Su objetivo era para pedir la liberación de 21 saharauis encarcelados, y aún a la espera de juicio, tras el brutal desmantelamiento de Gdeim Izik en la madrugada del 8 de noviembre de 2010.

El propio Kaziza, residente en El Aaiún, participó en la protesta y, como muchos otros jóvenes de El Aaiún, terminó en la cárcel, donde asegura haber sido torturado: “Nos soltaban sus perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros cuerpos. En el Sahara Occidental, también en Marruecos, la población es torturada. Vivimos bajo un régimen de terror y represión. La gente es detenida, desaparecida, apaleada. Sus derechos son violados continuamente”.