Cataluña sigue sin aplicar las sanciones a pisos vacíos previstas por ley desde 2007

BARCELONA // “Si queremos igualarnos a los estándares europeos de parque de alquiler social, que están en el 18%, necesitaríamos 440.000 viviendas para hacer frente a la emergencia habitacional”, ha subrayado este martes el portavoz de la PAH Carlos Macías durante la presentación del informe Emergencia Habitacional en Cataluña de 2015. El parque de alquiler público de vivienda en la comunidad cuenta hoy con 60.000 pisos, un raquítico 2% del total. Para alcanzar los niveles europeos, señalan las entidades, sería necesario movilizar la mayoría de los 445.356 pisos vacíos que existen hoy en Cataluña según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Con ese horizonte, el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) reclama “forzar el alquiler social de pisos vacíos, empezando por aquellos propiedad de entidades financieras, fondos buitre y grandes inmobiliarias”, ha señalado su directora, Vanesa Valiño. La aplicación de sanciones a la acumulación de viviendas vacías ya está prevista en la legislación catalana desde la aprobación, en 2007, de la ley 18/2007 del derecho a la vivienda. Sin embargo, ocho años más tarde siguen sin aplicarse las penalizaciones. En ello insiste la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios y la pobreza energética que impulsa el DESC junto a la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, y que este martes ha entrado en la Mesa del Parlament para ser tramitada por la vía de “urgencia extraordinaria”.

“En Bélgica, Francia y Holanda se han desarrollado normativas para impedir la proliferación de pisos vacíos. En toda Europa un piso vacío es considerado una anomalía, no tanto un derecho del propietario”, ha subrayado Valiño.

En base a esta ley, algunos ayuntamientos catalanes sí que han aplicado multas a viviendas vacías. Es el caso del de Terrassa (PSC), que en diciembre de 2013 fue el primero en sancionar a entidades bancarias con pisos vacíos en la ciudad, después de que estas no aceptasen destinarlos a alquiler social durante las negociaciones con el consistorio. Las tres primeras sanciones fueron de 5.000 euros. En febrero de este año, el Ayuntamiento de Granollers impuso 20.000 euros de multa a Renthàbitat Penedès, sociedad ligada a la desaparecida Caixa Penedès y absorbida por Banc de Sabadell; y el de Barcelona ha abierto 19 expedientes relativos a pisos que llevan más de dos años desocupados.

Suben los desahucios por alquiler

El informe de Emergencia Habitacional, realizado por el Observatori DESC, la PAH, la Agencia de Salud Pública de Barcelona y la Universidad Autónoma, constata que, a pesar de los decretos gubernamentales sobre desahucios y las campañas publicitarias de las entidades financieras, los desalojos continúan produciéndose. Aunque han cambiado algunas pautas. Más del 60% de los desahucios realizados en 2013 y en 2014 son de alquiler, un porcentaje que escala hasta el 80% en el caso de Barcelona.

Además, una tendencia en aumento es el número de afectados con empleo. Una encuesta realizada a 905 personas afectadas por la hipoteca indica que el 45% de las familias en proceso de desahucio tiene trabajo, lo que para Macías muestra la “precarización de la clase trabajadora”. Entre las familias con menores a cargo, el 40% vive con unos ingresos mensuales por debajo de los 749 euros, mientras que el 65% de las familias monoparentales subsiste con menos de esta cantidad.

Por entidades financieras, el 18% de los afectados tiene su hipoteca con Catalunya Caixa, seguido del 15,6% con el BBVA, el 13,5% con CaixaBank, y el 12% con Bankia. En cuanto a las dificultades para el pago de necesidades básicas, más del 70% de las familias con menores a cargo tiene complicaciones para hacer frente a los gastos escolares, de telefonía y vestido; mientras que en el caso de las familias monoparentales el mismo porcentaje sufre para pagar la luz. Más de la mitad de las familias con niños tiene dificultades para comprar alimentos y hacer frente al recibo del agua.

Problemas de salud mental

En esta ocasión, el informe analiza también las consecuencias de esta problemática en materia de salud. Para ello, ha contado con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, participante en el proyecto europeo SOPHIE que evalúa el impacto de las políticas sociales y económicas en las desigualdades en salud. En el caso del estado de salud percibida (aquél que la persona responde a la pregunta ‘¿Cómo calificarías tu estado de salud?’), los encuestados que afirman tener una mala salud suman el 40% en el caso de los hombres y el 55% en el caso de las mujeres, mientras que la media de la población catalana está situada en el 10%.

La problemática es mayor en cuanto a la salud mental, que según los autores del informe se agrava a medida que avanza el proceso de ejecución hipotecaria. Durante los 3 primeros meses de impago, la mala salud mental afecta al 92% de los hombres y el 98% de las mujeres. Cuando llega la orden de desahucio, la totalidad (el 100%) de los hombres y mujeres declaran tener mala salud mental. “Los problemas para hacer frente a la hipoteca, sobre todo a lo que están afectando es a la salud mental de las personas”, ha sentenciado Laia Palencia, experta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Abel Balint, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha hecho hincapié en la invisibilización que padece la infancia en “la investigación y en los debates púbicos” sobre desahucios. “Por cada 10 adultos, hay 9 menores afectados, el 80% con edades comprendidas entre 3 y 16 años, así que es un problema que existe en el día a día de las escuelas”, ha destacado. El cambio de centro escolar por motivos económicos y el abandono de las actividades extraescolares, entre otros, afectan a “la salud física y mental de los menores, y complican que estos tejan las redes sociales y los vínculos afectivos que aseguran un buen rendimiento en la escuela”.

Un enfoque transversal

“Hacen falta reformas estructurales; no sólo en el ámbito de la vivienda, sino de forma integral en políticas de atención a la infancia, atención a la salud, fiscales, y de generación de ocupación digna”, ha reclamado la directora del DESC. “Por ejemplo, es necesaria una atención global a la salud; si atendemos sólo la enfermedad pero no el origen, despilfarramos recursos, y se genera una sobre medicación de las personas afectadas”, ha sentenciado.

Valiño ha hecho un llamamiento a fijarse en buenas prácticas en materia de vivienda que se están aplicando en otros países europeos, pero también a cumplir con las leyes que ya existen tanto en el marco catalán, como español y europeo. “Muchas de las cosas de las que hemos hablado incumplen compromisos asumidos por la Generalitat”, ha denunciado. Para el Observatori, es necesario implicar en el diseño de las políticas públicas a las entidades sociales que día a día trabajan con las personas afectadas. “Únicamente con la participación informada de las entidades ya daría otros resultados”, ha mantenido Valiño.

De hecho, desde 2013 ya existe un mecanismo participación de las entidades, la mesa sobre desahucios de la Generalitat, creada a petición de la PAH tras una reunión con el president Artur Mas. Sin embargo, en estos dos años la mesa sólo se ha reunido en tres ocasiones y, denuncian, “no ha sido capaz de impulsar ninguna propuesta de actuación”. “La voluntad para constituir la mesa era pensar y llevar a cabo políticas públicas. El problema es que no ha existido ningún tipo de voluntad política para que surgiese alguna propuesta, y se ha convertido en un espacio de cara a la galería que no ha hecho nada para parar la emergencia”, ha lamentado Macías.