El TTIP o cómo hacer negocio con la salud

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Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre la Comisión Europea (CE) y la administración de EEUU están muy avanzadas. Ya han pasado casi dos años y ocho rondas desde que arrancaron las conversaciones, el 12 de julio de 2013 en Bruselas. Todavía no hay nada cerrado ni firmado, aseguran los negociadores y responsables de la Comisión. No obstante, las preocupaciones de la sociedad civil ante las posibles consecuencias que tendrá este acuerdo sobre servicios públicos como la Sanidad están empezando a aflorar en el debate ciudadano en varios países. «Los gobiernos no podrán recuperar los servicios ya privatizados, aunque sus efectos sean desastrosos y los gastos desorbitados», señala Pablo Sánchez, representante de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. La apertura de los sistemas de salud de Europa a la competencia de los proveedores privados estadounidenses también puede generar o acelerar, según el representante sindical, procesos de privatización sanitaria. «El TTIP es  la visión más comercial posible de la Sanidad porque trata de hacer negocio con la salud de los enfermos», sentencia Sánchez.

Desde Bruselas rechazan estos temores. «El TTIP no invadirá el derecho de los gobiernos a impedir que las empresas extranjeras inviertan en sus servicios públicos sociales», consta en documentos que la CE ha publicado en su web. Pero Sánchez desconfía de este mensaje, que considera «ambiguo» y que no disipa su desconfianza «por la opacidad que reina en las negociaciones». No se fía: «Los servicios públicos pueden estar fuera del terreno de negociaciones por ahora, pero con la posibilidad de ser incluidos a posteriori». En estos momentos, todos los servicios públicos, menos los audiovisuales, forman parte de la materia sobre que se negocia, aunque por parte europea se han introducido ciertas reservas. Esto no quiere decir que el sector público esté a salvo de un intento de liberalización mayor si los negociadores de EEUU así lo exigieran en rondas futuras.

En el planteamiento actual del TTIP, tal y como explica la Comisión en su web, no se ve afectada la capacidad de decidir de una administración sobre si quiere privatizar servicios o no. Pero sí complicará una futura renacionalización en contra de la voluntad de la empresa privada que operaba este servicio. A tal efecto contribuye también otro de los aspectos más controvertidos del TTIP, los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estado, conocido por sus siglas en inglés, ISDS. Esta cláusula, a la que se oponen cada vez más partidos en Europa, algunos con responsabilidad de gobierno, remite las disputas entre empresas y Estados a un tribunal de arbitraje internacional de carácter privado.

La iniciativa de transparencia puesta en marcha por la nueva comisaria europea de Comercio, Celia Malmström, es un paso adelante pero que no convence a los críticos. «La CE puede decir lo que quiera, pero no sabemos qué está negociando ni con quién, porque no nos lo dice», expresa Lora Verheecke, del Corporate Europe Observatory (CEO), una organización que investiga la influencia de las corporaciones en la toma de decisiones en Bruselas. «La opacidad es el sello de identidad del TTIP», incide la investigadora, y recuerda que, de las 520 reuniones a puerta cerrada previas al comienzo de las negociaciones que la Dirección General de Comercio tuvo en abril de 2013, el 92% era con los lobbies de la industria y el resto con sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil.

Como tantos otros sectores empresariales, la industria sanitaria también ha sacado su artillería pesada con el tema del TTIP. Farmacéuticas, hospitales, compañías de seguros privados e incluso bancos interesados en invertir en el mercado sanitario se agrupan en lobbies que representan a miles de empresas y que presionan de forma directa e indirecta a las autoridades para extender sus negocios en el terreno de la Sanidad pública. Eucomed, voz de la industria de la tecnología médica europea, es la organización que más veces se ha reunido con los responsables de la CE: hasta en cinco ocasiones se han entrevistado durante el primer periodo de negociaciones del futuro tratado. El mercado en el que operan las empresas a las que representa este grupo de presión mueve en Europa 100.000 millones de euros y da trabajo a 575.000 personas. Entre las filas de Eucomed destaca la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, con un volumen de negocio aproximado de 6.800 millones de euros, de los que alrededor del 70% corresponden al mercado de la sanidad pública.

Otro de los lobbies de la industria sanitaria que más se ha reunido con la Comisión es el Comité de Coordinación Europea de la Industria de la Tecnología de la Salud, Electromédica y Radiológica.  COCIR es la promotora de la Coalición de Salud y Protección de Datos que, como paradójicamente indica en su web, tiene el objetivo de eliminar los obstáculos a la circulación de información personal en la UE. Algo similar al plan que ultima Cataluña para vender datos de la sanidad pública, pero a nivel europeo. La influencia de este lobby, que opera en estrecha relación con Eucomed, se traduce en los 20.000 millones de euros que mueven sus socios, el 70% del mercado europeo.

Las farmacéuticas también tienen un gran poder a la hora de presionar en la toma de decisiones en lo que a salud respecta: uno de cada cuatro euros del gasto sanitario proviene de esta industria. Detrás de los grupos de presión farmacéuticos, que gastan en torno a 40 millones anuales en hacer lobby en Bruselas, se encuentran laboratorios de gran renombre como BASF, Dow  Chemical o Bayer. Una de las agrupaciones más poderosas en esta materia es la Confederación Europea de Empresarios Farmacéuticos (EUCOPE), que representa los intereses de 900 pequeñas y medianas empresas del campo de los productos y dispositivos farmacológicos.

La lucha por el control de las patentes

Un potente lobby es el que da voz a las 1.900 farmacéuticas que, agrupadas bajo el nombre de EFPIA, tienen como principal objetivo que en el TTIP se recoja la ampliación de las patentes de propiedad intelectual. «Cuanto más se amplíe la duración de la patente de un medicamento, más tardará su alternativa genérica, que es más barata, en llegar al mercado», explica Monique Goyens, directora general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC, en sus siglas en inglés). Entre el sector que representa a la sociedad civil también reina la preocupación ante el peso que pueden ganar las empresas farmacéuticas americanas, «cuyas decisiones sobre precios pueden tener graves consecuencias en los bolsillos de los consumidores«, valora Goyens. En la actualidad, el precio de un medicamento en la Unión Europea se fija tras las negociaciones entre un Gobierno y la compañía farmacéutica. «La concesión de dar más poder a las empresas americanas puede conducir a medicamentos menos asequibles en Europa», advierte la directora de esta organización, tras recordar el caso de los enfermos de Hepatitis C en España.

La asociación de la tecnología médica avanzada AdvaMed tiene la misión de hacer llegar a la mesa de negociaciones los intereses de las centenares de pequeñas y medianas empresas que representa en EEUU. De hecho, fue este conglomerado de negocios quien protagonizó la feroz tarea de lobbying contra el impuesto sobre la venta de dispositivos médicos que pretendía incluir el presidente de EEUU, Barack Obama, con su Obamacare. El gasto de AdvaMed en 2013 y 2014, coincidiendo con las negociaciones del TTIP, fue de casi el doble que en los años anteriores.

También aparece en las listas de reuniones a puerta cerrada con la Comisión Europea el Consejo Empresarial Transatlántico (TABC, en sus siglas en inglés). Este grupo organiza uno de los foros más importantes entre directores generales de las principales empresas estadounidenses y europeas que operan a ambos lados del Atlántico a favor de un mercado sin barreras. Entre los miembros del TABC están las multinacionales Lilly o Merck. Hace unos meses, este poderoso grupo de presión protagonizó un encuentro con la Asociación Nacional de Fabricantes de EEUU –una organización con un volumen de mercado de dos billones de euros–, para hablar de la necesidad de que el TTIP contenga la cláusula de protección para los inversores. Según consta en el acta de la reunión, Alexander Graf Lambsdorff, diputado de los liberales alemanes y vicepresidente del Parlamento Europeo, afirmó que «los Estados bien gobernados no tienen de qué preocuparse» y recordó que su país nunca ha perdido un caso en uno de estos tribunales de arbitraje.

Tampoco es de extrañar la presencia en estos grupos de presión industriales de bancos como el BBVA, ya que ven en el TTIP una oportunidad para facilitar su entrada en el mercado sanitario, muy atractivo para el sector financiero. PhRma es una de las agrupaciones paraguas de las empresas farmacéuticas estadounidenses que también representa a diversas entidades financieras. Una de sus misiones es la de presionar sobre las nuevas normas de la UE en la fabricación de datos de ensayos clínicos disponibles. «Si se aprobara este tratado, la información sobre lo que se hizo y lo que se encontró en estos ensayos podría ser ocultada por los médicos e investigadores para siempre», señala Goyens de CEO. Otro de los aspectos que preocupan es que el tratado exige la «confidencialidad comercial» en todos los sectores. «La amplia definición que se recoge en EEUU sobre esta materia puede obstaculizar todos los progresos realizados en Europa hasta ahora», alerta esta especialista.

También empresas de tecnología y telecomunicaciones como Orange, Samsung o T-Mobile están representadas por los distintos grupos de presión mencionados en este reportaje, ya que forman parte del mercado global de salud móvil. Un estudio realizado por la consultora PwC sostiene que este negocio alcanzará un valor de 17.000 millones de euros en 2017. Europa tendrá la porción más grande del pastel.

Este es el gran peligro sobre el que todos los expertos consultados coinciden: los lobbies que no tienen nada que ver con los servicios públicos como la Sanidad presionan en esta materia porque el escenario resultante les conviene para sus intereses. Ya sea Walt Disney por la extensión de las patentes o el Banco Santander y Telefónica por la oportunidad de hacer negocio en los nuevos mercados. Como avisan desde el CEO, «nunca se estuvo tan cerca de traspasar las líneas rojas de la salud».

Protestas en Reino Unido

En España el debate público sobre el TTIP todavía no ocupa la gran agenda informativa, pero en el resto de Europa las protestas ya han cogido mucha fuerza. En concreto en Reino Unido, donde la firma del Tratado supondría poner en jaque su preciado Servicio Nacional de Salud (NHS). «Las empresas transnacionales pretenden acceder a los presupuestos sanitarios públicos de los países europeos para tener la oportunidad de obtener grandes ganancias en un momento en el que tienen dificultades para hacer negocios en otros ámbitos», explican fuentes de la plataforma contra la privatización de los servicios sanitarios, Keep Our NHS Public (KNOP).

El 70% de los contratos para ofrecer servicios públicos desde 2013 han sido con empresas privadas, según constata la revista British Medical. Este dato ha puesto en alerta a la sociedad inglesa. La Ley de Salud y Asistencia Social, que entró en vigor en 2012, dio margen para la adquisición de contratos de salud, tanto públicos como privados. «Una vez que se promulgue el TTIP, la derogación de esta ley británica, incluso si los resultados de la privatización son desastrosos para los ciudadanos ingleses, se convertiría en algo casi imposible», expresa el KNOP.  La situación es extrapolable al resto de Europa, afirma esta asociación, mientras pinta un escenario «idílico para las empresas que apuestan por hacer negocio con la salud».