Semana clave para el impuesto a las eléctricas: Repsol y Cepsa redoblan la presión contra el Gobierno

Las principales empresas energéticas españolas tienen marcado el próximo miércoles en su calendario. En apenas 48 horas, siempre que no se amplíe el plazo otra vez, el Congreso de los Diputados debe presentar las enmiendas a la norma que permitirá al Gobierno mantener el gravamen extraordinario a las eléctricas creado en 2022 en medio de la subida de los precios como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. Para poder prorrogarlo un año más y convertirlo en un impuesto permanente, el Ejecutivo necesita contar con el apoyo del Congreso antes del 31 de diciembre.

En la actualidad, sin embargo, el Gobierno no parece tener amarrada una mayoría favorable debido a las reticencias, principalmente, de PNV y Junts, cuyos votos son imprescindibles para alargar el impuesto en el tiempo.

El tributo grava a las grandes empresas energéticas con un 1,2% sobre sus ventas, siempre que estas superen los 1.000 millones de euros anuales. Entre 2022 y 2023, las cinco principales eléctricas españolas –Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Cepsa– han pagado 2.410 millones de euros, algo más de mil millones al año. El primer año en el que el impuesto estuvo en vigor, el sector batió un récord de beneficios, con 13.729 millones de euros de ganancias entre las cinco multinacionales. Un año después, el beneficio se redujo un 25% hasta los 10.500 millones de euros tras una facturación cercana a los 130.000 millones de euros en conjunto.

De nuevo, en el primer semestre de 2024, las cinco grandes del sector han vuelto a romper su techo: entre enero y junio de este año se han embolsado 7.770 millones de euros, una cifra nunca vista.

A pesar de ello, las principales compañías energéticas del país han iniciado una cruzada contra la posibilidad de que el gravamen se convierta en permanente. Es el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, quien lidera la guerra contra el Gobierno. En una tribuna publicada en La Vanguardia la pasada semana, titulada Industria o populismo, quien fuese presidente del Partido Nacionalista Vasco entre 2004 y 2008 carga contra el impuesto y amenaza con retirar inversiones en el país: “La inversión en el sector energético español se ralentizará al mínimo. Miles de millones de euros se desviarán a otros países”, asegura.

Unas palabras que provocan recelos a la hora de apoyar la permanencia del gravamen entre el propio PNV pero también en Junts, ya que el CEO de Repsol ha dejado en el aire la posibilidad de invertir en proyectosS energéticos en Tarragona valorados en lmás de 1.000 millones de euros. Según informa infoLibre, la petrolera ya tiene preconcedidas ayudas por valor de más de 500 millones de euros para dichos proyectos, un 65% de los que ha pagado a través del impuesto energético en dos años.

También CEPSA ha deslizado advertencias de desinversión si el Congreso apuesta por la perpetuidad del impuesto y, por el momento, ha puesto en modo de espera sus proyectos de hidrógeno en España ante “el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente”, ha expresado la compañía en declaraciones a Europa Press. En el punto de mira se encuentra el denominado como Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, uno de los mayores centros de producción de este vector energético.

Grandes organizaciones como la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) –la patronal de las grandes petroleras– o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también han expresado su rechazo al alargamiento del impuesto. Un relato sostenido por algunos de los principales diarios de la prensa económica, que han asumido el término “impuestazo” como propio: en una de sus últimas informaciones, Expansión utiliza la expresión, sin comillas ni cursiva, hasta en siete ocasiones.

Iberdrola, Endesa o Naturgy han optado por un discurso más moderado. La eléctrica vasca ha ganado casi 5.500 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior. Incluso excluyendo la plusvalía obtenida en México por la venta de sus activos, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán aumentaría sus beneficios un 18,4%. Ante esto, Iberdrola se encamina a la obtención de unas ganancias históricas en el año 2024 y un reparto de dividendos a sus accionistas de récord.