Política
Sumar pide disculpas y explica así el caso de Errejón: fallaron los protocolos de prevención y detección
Tras el escándalo, Instagram ha cerrado la cuenta de Cristina Fallarás, donde recogía los testimonios de víctimas.
Sumar ha pedido perdón por el caso de su ya exportavoz, Íñigo Errejón, y ha reconocido que sus protocolos de prevención y protección de víctimas de acoso y violencia sexual fallaron. Varios dirigentes del partido han comparecido para dar explicaciones, entre ellos, el ministro Ernest Urtasun, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández; la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval; y la responsable de Feminismos, Amanda Andrades.
Urtasun ha manifestado su apoyo a «todas aquellas mujeres que han sufrido acoso y violencia sexual». «Tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad y hacernos cargo, por ello hoy les anunciamos que la ejecutiva de Sumar ha decidido llevar a cabo las actuaciones necesarias para evitar que situaciones como estas vuelvan a suceder«, ha dicho. Y ha pedido disculpas a quienes han perdido la confianza en Sumar: «Ya estamos trabajando para tomar las primeras decisiones», ha añadido.
«La primera medida es continuar con el procedimiento interno para esclarecer cualquier hecho contrario a los valores feministas de nuestra organización que haya podido tener lugar dentro de la misma», ha explicado Andrades.
«En segundo lugar, establecer canales y mecanismos de reparación, apoyo y acompañamiento a quienes se han visto afectadas. En tercer lugar, terminar el desarrollo y poner en marcha con la mayor celeridad los protocolos de prevención y abordaje de situaciones de acoso y agresiones sexuales, pero también los protocolos de prevención y actuación ante los comportamientos machistas, lgtbifóbicos, racistas o discriminatorios. Y, en cuarto lugar, desarrollar un programa formativo sobre violencias machistas y violencia sexual, unas formaciones que son obligatorias para todas aquellas personas que formen parte de los órganos directivos y de coordinación o que ocupan un cargo público», ha especificado.
Instagram cierra la cuenta de Cristina Fallarás
Errejón dimitió de todos sus cargos el pasado jueves, después de que la periodista Cristina Fallarás publicara un testimonio de una mujer anónima que lo acusaba, sin mencionarlo directamente, de ser un «maltratador psicológico» y de vejaciones sexuales. Posteriormente, la actriz Elisa Mouliaá presentó una denuncia en la que relataba que había sido víctima de una presunta agresión sexual por parte del ya exdiputado. Tras el escándalo, Instagram, donde Fallarás recogía testimonios de víctimas, ha cerrado su cuenta.
«Somos conscientes de que los mecanismos fallaron, pero Íñigo Errejón no tiene ninguna vinculación con Sumar desde el jueves y desde que tuvimos la información, actuamos con toda la contundencia», ha afirmado Urtasun al ser preguntado por qué el partido no actuó antes. Finalmente, ha asegurado que el lunes se reunirán de nuevo con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de viaje en Colombia.
Sobre posibles dimisiones, como ha pedido ya el PP, únicamente se ha producido el cese de la diputada de la Asamblea de Madrid Loreto Arenillas, que ha sido señalada por supuestamente encubrir una presunta denuncia contra Errejón. «Hoy me siento chivo expiatorio para ocultar errores que, sin lugar a dudas, hemos cometido en la organización. Esta es la peor forma de luchar contra el machismo. He sido víctima de violencia machista como tantas mujeres. Nunca pensé que podría perder la presunción de inocencia en mi propio partido», dijo.
Para acoso sexual y abuso sexual de IMOCENTES, la iglesia católica; pero como este mundo está sometido por los más grandes mafiosos y genocidas, con los que esta iglesia siempre se ha posicionado, podría ser que las compensaciones económicas que reclaman las víctimas tengamos que pagarlas el pueblo. Sabedores de su poder, todos los gobiernos rivalizan en respetarla y mimarla.
Angel Munárriz en su libro Iglesia, S.A.: La Iglesia católica española, delegación local de un Estado teocrático extranjero, el Vaticano, sobrevive gracias a que el erario público dedica una ingente cantidad de recursos al pago de su estructura, sus nóminas, su red educativa y el mantenimiento de sus templos. En su dimensión política, la Iglesia española se dedica a frenar cualquier empeño social o moralmente emancipador. En su dimensión económica es al mismo tiempo una empresa en rescate público permanente y una potente sociedad que opera a resguardo del radar del fisco siguiendo el manual del neoliberalismo. El impacto social de su actividad económica, sobre todo en la enseñanza y la asistencia social, es gigantesco, ya que se asienta sobre la anulación de los principios de universalidad, solidaridad, equidad y redistribución, sustituidos por una mezcolanza de liberalismo educativo de fachada meritocrática y caridad inmovilista.
La Iglesia, aferrada a unos privilegios entregados por el franquismo como botín de guerra, se beneficia del régimen fiscal de una ONG para desplegar una actividad mercantil tan discreta como profesionalizada en campos que creeríamos reservados a empresas consagradas al beneficio puro y duro. Asesorada por la gran banca, incrustada en la elite económica, la institución católica no ha desdeñado ni la especulación ni las técnicas de elusión fiscal a su alcance. Más parecida al Opus que a Cáritas, más a los kikos que a los franciscanos, más a Wojtila que a Bergoglio, más a la banca vaticana que al monte de piedad, la Iglesia española es hoy una institución apartada de sus fines vocacionales.
Del descarnado retrato que Iglesia SA ofrece de la organización que ha ejercido de histórica rectora de la moral española se deriva una pregunta que reclama respuesta urgente: ¿cuántos principios y valores pueden sacrificarse antes de que una institución pierda su razón de ser?
EXIGIMOS UNA ESCUELA PUBLICA, LAICA Y DE CALIDAD.
Europa Laica protesta por la actitud del Gobierno hacia la educación: en lugar de fomentar la pública, da más dinero a la concertada
·El Ministerio de Educación ha anunciado que va a entregar más fondos a la educación concertada. Justifica la medida en que los centros privados dejarían de cobrar cuotas adicionales a su alumnado.
Las cuotas adicionales están expresamente prohibidas desde el inicio de la enseñanza concertada, en los años 80. Pero en ningún momento se ha intentado que se respetara esta prohibición, y se ha seguido subvencionando a los centros que las cobraban.
Mediante estas cuotas ilegales los centros, mayoritariamente de la Iglesia católica, recaudan unos 1?000 millones al año, al tiempo que excluyen de su alumnado a quienes no pueden pagarlas. Discriminar al alumnado es otra práctica expresamente prohibida, cuya observancia tampoco se ha controlado durante los 40 años que lleva el sistema en vigor. El resultado es que el alumnado más necesitado de ayuda de cualquier orden recalan en la enseñanza pública exclusivamente.
La obligación del Estado es proporcionar educación de calidad a sus ciudadanos. Traspasar la educación a organizaciones particulares no es el mejor modo de cumplirla, mucho menos cuando esas organizaciones inculcan en la infancia y la juventud creencias particulares, que nada tienen que ver con el conocimiento científico. Por ello, aumentar el dinero que el Estado entrega a los centros concertados es un despropósito tamaño, un movimiento en la dirección opuesta al necesario: dotar de más recursos a la enseñanza pública.
Europa Laica, una vez más, une su voz a quienes reclaman del Gobierno apoyo y protección para la enseñanza gratuita y laica para todos, en lugar de fomentar la enseñanza discriminatoria y partidista.