Javier Burón: “El problema es que no hay políticas de vivienda”

[Este artículo pertenece a la revista Cercanías, editada por La Marea y Diagonal, que puedes comprar en tu quiosco o aquí]

Pablo Elorduy // Acceder a un “pisito” sigue siendo una de las claves de paso a la vida adulta y marca las condiciones de existencia y convivencia en las ciudades. En España, el modo de acceso a la vivienda fue determinado por la política del desarrollismo franquista, a través de su ministro de Vivienda José Luis Arrese y su ­célebre frase “queremos un país de propietarios y no de proletarios”. La compra como régimen de tenencia prioritario ha sido la clave de bóveda de un esquema en el que los actores financieros y las constructoras han marcado el ritmo del crecimiento y, con ello, el desarrollo urbanístico de los distintos territorios. El modelo del ladrillo, colapsado desde que en 2008 se frenase en seco el crédito fácil de bancos españoles, alemanes y franceses, ha tenido pocas excepciones en las políticas públicas impulsadas por comunidades autónomas y los ministerios de Vivienda y de Fomento. Desde la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno vasco, Javier Burón impulsó entre 2007 y 2011 medidas “anticíclicas” para mitigar los efectos de la burbuja. Burón analiza en esta entrevista las políticas aplicadas a nivel estatal, autonómico y municipal y las posibles soluciones a un problema que arroja cifras dramáticas para gran parte de la población de nuestras ciudades.

En 2014 se produjeron más de 68.000 desahucios en España. Son ya seis años de crisis y ninguna medida para frenar este drama ha parecido tener efecto. ¿Por qué no se ha atenuado el problema?

Los desahucios van a seguir creciendo o, por lo menos, van a mantenerse durante un cierto tiempo porque dependen de variables conocidas por todos, como el número de desempleados, de trabajadores pobres o de personas en paro sin cobertura económica. Por otro lado, las redes de seguridad del Estado no dan abasto o han desaparecido. Mientras no se alteren las reglas del juego en las relaciones entre hipotecados sobreendeudados y entidades financieras, se van a seguir produciendo desahucios.

Tampoco hay una red de seguridad pública. Porque, si hubiese un parque público de alquiler de cierto tamaño, un hipotecado que no ha cumplido sus obligaciones y pierde la propiedad de una vivienda podría ser realojado en un recurso público en el que pudiese vivir de alquiler de forma indefinida o, por lo menos, temporalmente. Pero no tenemos ese parque público de alquiler y tampoco tenemos un parque privado non profit de alquiler, que son los dos instrumentos fundamentales que existen en el resto de Europa en un momento de emergencia habitacional como el actual. Si no se alteran los equilibrios de poder entre banca, Estado y ciudadanos, la primera seguirá desahuciando y las personas con menos recursos seguirán siendo desahuciadas.

¿Qué políticas de vivienda se están aplicando en la actualidad para hacer frente al problema de gente sin casas y casas sin gente?

Ahora mismo no hay política de vivienda. Más allá de algunas excepciones territoriales, en términos estructurales, sistémicos, lo que ocurrió durante la burbuja es que la mayor parte de las políticas públicas se dedicaron a favorecer el ladrillo y todavía hoy continúan haciéndolo. Es decir, están tan deprimidas como algunas actuaciones del mercado que antes se hacían y ahora se han dejado de hacer. En este momento no tenemos prácticamente presupuestos públicos de vivienda, se han cerrado empresas. Se ha vendido parque, no se están estableciendo suficientes alianzas ni con el tercer sector, ni con la banca, ni con el mundo profesional. Es un encefalograma plano. Hay gente que está tratando de hacer cosas, pero en términos globales el problema es que no hay políticas públicas. No estamos actuando sobre los problemas principales: 3,5 millones de viviendas vacías oficialmente y 700.000 en manos de la banca, unos datos que la mayor parte de los expertos no se cree.Pero incluso si nos los creemos, hay un inmenso campo de trabajo para movilizar esas viviendas vacías hacia el alquiler y, a ser posible, hacia un alquiler asequible. Probablemente, la primera condición que se tendría que haber impuesto a la banca es que si se la rescata con dinero público tiene que cumplir con su función y dar crédito a las pymes y a las familias. Otra de las condiciones tendría que haber sido poner, no sé si todas, pero parte de esas viviendas en un parque de alquiler asequible. El problema fundamental es que no hay políticas de vivienda. Como ejemplo, el Plan Estatal de Vivienda se ha aprobado casi al final de su tiempo de vigencia, los convenios de desarrollo que se tienen que acordar con las comunidades se firman lentamente y algunas operaciones de transmisión de dinero desde Fomento a las comunidades autónomas están sirviendo únicamente para pagar ayudas que estaban comprometidas y que se debían. Y no se está haciendo prácticamente ningún tipo de actividad: ni en movilización de vivienda vacía, ni en alquiler asequible, ni en rehabilitación, ni en provisión de vivienda barata.

¿Cuáles son las políticas que se llevan a cabo en Europa que deberían aplicarse en España?

Tendríamos que estar haciendo cuatro cosas que no hacemos y que en buena medida están conectadas entre sí. Se debería movilizar la viviendas vacías hacia el alquiler. Tenemos oficialmente ese 13% de vivienda vacía, además de otro 10% de segundas residencias. Son números altísimos, no habituales en el resto de la UE. ­Demuestran que el esquema urbanístico y económico es disfuncional. El modelo no está procesando bien la realidad de la creación de hogares y el hecho de que el suelo y otros recursos naturales son limitados. Movilizar vivienda vacía es capital. Es mejor que esté vendida y ocupada que vacía, pero tenemos más necesidad de hacer crecer nuestro porcentaje de alquiler. Ahora tenemos oficialmente un porcentaje de alquiler en torno al 13%. ­Hemos estado por debajo del 10% muchísimos años. Es una proporción extraña en la UE. Los países con menor nivel de alquiler son los menos desarrollados de Europa, no los más desarrollados. Finalmente, vamos teniendo un parque de vivienda anciano. Hay que acometer los retos de la rehabilitación.

Por otro lado, no tenemos un servicio público de vivienda que merezca ese nombre. Nadie habla del hogar como de uno de los elementos claves del Estado de bienes­tar. ¿Servicio público de vivienda significa parque público de alquiler? Sí, pero tampoco tienen que ser todas ellas, forzosamente, propiedad del Estado, porque en muchos países donde las cosas funcionan razonablemente bien hay una actuación de la sociedad civil o del tejido asociativo. Son individuos privados que mancomunan una serie de recursos y ponen en marcha entidades que son capaces de provisionar vivienda en alquiler a precios asequibles y ganan dinero que después no reparten en el caso de que se obtengan beneficios.

¿Qué hace falta para poner en marcha estas políticas?

Para que existan estos instrumentos tiene que haber severísimos cambios políticos y culturales. Ahora mismo no gastamos nada o prácticamente nada en políticas públicas, pero antes de que reventase la burbuja teníamos un gasto del 0,9% del PIB en actuaciones sobre vivienda por parte de la Administración, del cual dos tercios se destinaban a la deducción fiscal por compra. Eran para perdonar impuestos, no para políticas activas. Éstas apenas llegaban al 0,3,% del PIB. Los países que conviene tener como ejemplo están entre el 1,5% y el 2,5%. Hay que dedicar recursos públicos a esta política, lo que significa aumentar la presión fiscal, luchar contra el fraude y gestionar mejor. Es un discurso que no todo el mundo acepta de buen grado.

Y el segundo problema radica en que nuestra sociedad civil no se ha autoorganizado, no ha generado esas entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo es prestar el servicio de vivienda al mejor precio posible y al mayor número de personas. Tenemos un Estado débil y una sociedad civil anémica en materia de vivienda. Y hay mucha gente demandando al Estado, pero no hay nadie autoorganizándose y poniendo en marcha proyectos, que sean no sólo fruto de la necesidad. No veo que sindicatos, partidos, asociaciones civiles, fundaciones o las empresas a través de su responsabilidad social corporativa generen entidades privadas sin ánimo de lucro profesionales para la provisión de vivienda.

¿Qué tipo de ciudades produce este modelo de desarrollo inmobiliario?

La clave es la planificación territorial y el planeamiento urbanístico. Hay comunidades autónomas en España que cuentan con planes que orientan en sentido amplio el uso de los territorios en el futuro y, en el otro extremo, otras que no los tienen. En el caso de las autonomías que sí cuentan con ellos, ­estos planes pueden ser mejores o peores, se pueden aplicar con mayor o menor celo, pero por lo menos hay una planificación. En el caso de las comunidades que no tienen una planificación territorial, es el mercado el que la regula por la vía de los hechos. Además, hay planeamientos urbanísticos realistas y otros que no tienen sentido, o al menos no para la ­colectividad, pero sí para algunos operadores del mercado. Por ejemplo, la ciudad de Madrid dispone de cerca de 260.000 viviendas vacías y, al mismo tiempo, de suelo calificado para más de 200.000 viviendas nuevas, con una unidad convivencial tipo de 2,5 personas. Estamos hablando de que una localidad como ­Madrid podría alojar a un millón más de vecinos. Pero no va a venir esa cantidad personas. Es responsabilidad de los planificadores del territorio y de los urbanistas tener en cuenta la realidad.

¿Cómo afectan estas políticas al urbanismo y al territorio?

El urbanismo en sí mismo no es una industria. El desarrollo urbanístico sirve para dar servicio a una población. Es un instrumento, no un fin en sí mismo. Tiene que haber planeamientos más restrictivos, no expansivos, que miren a la ciudad ya consolidada, que la traten, que atiendan la rehabilitación, que ayuden a rebrotar los barrios. Son cuestiones en las que va a haber mucho menos beneficio económico y mucho más gasto, tanto público como privado, pero lo necesitamos.

Hay que hacer una evaluación de nuestras capacidades físicas, de nuestras necesidades sociales y de nuestras posibilidades económicas y gestionar el territorio como lo que es, un recurso muy escaso. Y hay que tratar las ciudades como lo que son, lugares en los que tienen que ocurrir cosas. No podemos construir partes de municipios en las que no ocurre nada porque están medio vacíos. Ahora bien, si después de lo ocurrido en Valdeluz o en Seseña no ­hemos aprendido nada, nos espera un futuro muy complicado. Confío en que hayamos aprendido algo de esto y empecemos a introducir el factor límites y el factor necesidades.