“No estamos de acuerdo con la pena de muerte para una persona, pero sí para una empresa”

Erika González* // “Para hacer oír las voces de las comunidades afectadas. Rumbo a un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos”. Así se titulaba el seminario organizado por el Transnational Institute (TNI) y el Centro Europa–Tercer Mundo (CETIM) que hace diez días congregó en Ginebra a diferentes activistas y especialistas en derechos humanos de todo el mundo para debatir sobre dos cuestiones centrales: ¿cómo desmantelar esa arquitectura jurídica de la impunidad de la que se benefician las grandes corporaciones? ¿Qué instituciones y mecanismos de control pueden aprobarse para regular las actividades de las multinacionales?

Entre las intervenciones, una que nos llamó la atención por su rotundidad: “No estamos de acuerdo con la pena de muerte para una persona física, pero sí para una persona jurídica, una empresa, que genere una grave destrucción ambiental o la muerte de personas”. Lo dijo Alirio Uribe, abogado defensor de derechos humanos y congresista colombiano, uno de los juristas que participó en este seminario con el objetivo de avanzar en la concreción de las propuestas recogidas en el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales. Y es que, gracias al trabajo colectivo realizado por la campaña global Desmantelando el poder corporativo junto con numerosas organizaciones y movimientos sociales, hay una coyuntura actual favorable a la demanda de crear normas vinculantes en Naciones Unidas para obligar a las grandes empresas a respetar los derechos humanos.

Según este abogado colombiano, el proceso abierto en la ONU para empezar a elaborar un tratado internacional para controlar a las transnacionales representa una oportunidad: “Nos parece muy importante que este escenario internacional inspire, de alguna manera, cómo debe ser la regulación de las empresas en un país como Colombia. Tengo pocas esperanzas en Naciones Unidas porque me parece que no hay voluntad política para tener mecanismos fuertes para supervisar a las empresas transnacionales, pero creo que el hecho de que haya salido la resolución y exista la orden de crear un mecanismo es un pequeño avance, salga lo que salga. Pasar de la responsabilidad social corporativa y los principios de Ruggie a un mecanismo más vinculante es ya un avance”.

El escepticismo de Alirio Uribe con la “responsabilidad social” tiene que ver con su experiencia en la denuncia de los impactos sociales, ambientales y culturales causados en las últimas décadas por las multinacionales en países como Colombia. Buena parte de ese trabajo en busca de justicia para las víctimas lo ha llevado a cabo en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que sigue constatando cómo hoy se reiteran las violaciones de derechos humanos cometidas por las grandes corporaciones. “La mayoría de los conflictos que existen en el país son socioambientales y tienen que ver con operaciones de empresas nacionales e internacionales; de hecho, los proyectos estratégicos de este gobierno tienen que ver con minería, agronegocios, petróleo”, apunta Uribe. Y la presencia de las transnacionales también tiene su influencia en las conversaciones del proceso de paz: “Estamos en un escenario donde existe la posibilidad de terminar la guerra por vía de una negociación política, donde indudablemente las empresas tienen un rol que jugar. De alguna manera, los empresarios y la inversión extranjera están incidiendo también para el fin de la guerra porque quieren hacer más negocio en Colombia”.

Para este abogado, la relación entre los conflictos generados por las multinacionales y el final del conflicto armado debe pasar por una comisión de la verdad: “En un escenario de post-conflicto se hace necesario regular más la presencia de las transnacionales porque, de lo contrario, va a haber una profundización de estos conflictos; incluso, con una comisión para la verdad y el esclarecimiento histórico, que es muy posible que se apruebe en el país”. Y, continúa Uribe, “sería una cuestión clave que la comisión defina cuál fue el rol de las empresas en la guerra, no solamente aquellas dedicadas a la industria militar y a temas de seguridad, sino también aquellas compañías que de alguna manera se beneficiaron del desplazamiento forzado, del asesinato de sindicalistas, de la masacre de campesinos, etc.”

Desde su posición como representante a la Cámara del Congreso colombiano por parte del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe continúa con el acompañamiento a las comunidades afectadas por las operaciones de las transnacionales, como es el caso de las víctimas de las compañías mineras Drummond y Prodeco en el departamento del Cesar. No en vano la minería, el sector económico que más denuncias por destrucción ambiental y violación de derechos humanos acumula hoy en toda América Latina, está siendo objeto de debate en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que va a definir las principales líneas estratégicas para el futuro de las políticas públicas en Colombia. “En este momento se está debatiendo en el Congreso el PND para los próximos cuatro años, y la minería y otros megaproyectos están a la orden del día en el país. Nosotros estamos tratando de evitar que el Plan se vuelva una administración de negocios de los empresarios para grandes obras. De ello depende la posibilidad de la paz y de que en Colombia haya un modelo de desarrollo que respete los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y el campesinado”.

El Polo Democrático Alternativo celebró una audiencia donde este congresista alertó del crecimiento de la inversión estatal en minería —que se multiplicará por cuatro— y de que parte de ese presupuesto “es del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, es decir, plata que tenía que ir a educación y salud”. Y la intervención de Uribe finalizaba con esta valoración: “Es indudable que este Plan es la paz de los ricos, los que llevan cincuenta años acumulando, la oligarquía de este país que, a partir del despojo y la violencia, quiere hacer su paz”.

La búsqueda de espacios e instrumentos para frenar la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales, al igual que ocurre en Colombia, se repite en otros países y en otras regiones del planeta. Así se han desarrollado diferentes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar a las transnacionales norteamericanas y europeas —y a los Estados e instituciones que las apoyan— por sus abusos en América Latina. Estos tribunales de opinión, utilizados por las víctimas de las grandes corporaciones como una herramienta para obtener reconocimiento y justicia simbólica, han contado con la participación de Alirio Uribe como miembro del jurado en distintas ocasiones. Sin ir más lejos, en la sesión celebrada en Madrid hace cinco años, donde al leer la sentencia del tribunal nos invitaba a que “todos ustedes se apropien de este fallo, para que las prácticas económicas de las grandes empresas estén sometidas al respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la vigencia de los derechos humanos en el mundo”. Y en esas estamos.

* Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.