Barcelona, Palma, Valencia y, ahora, Málaga: las ciudades se hartan de los pisos turísticos

Algunas ciudades y regiones ya no pueden más. El turismo de masas las ha colapsado: sus calles, sus carreteras, sus servicios públicos y sus viviendas. Este último es el principal problema en determinados municipios colonizados por los turistas durante los meses de verano, lo que provoca la expulsión de vecinos y vecinas debido al aumento de los precios; un festín para los buitres de la especulación que ha provocado un récord histórico de precios en lugares como Palma de Mallorca. Debido a esto, miles de mallorquines salieron a la calle este verano para reclamar medidas que pongan coto a la invasión turística.

Ante las evidencias, la capital balear anunció una modificación del Plan general de la ciudad para prohibir el alquiler turístico en todas sus viviendas. Una idea a la que, con diferente intensidad, se han ido sumando otras localidades como Barcelona y, de forma más reciente, Málaga. El ayuntamiento del municipio andaluz adelantó ayer miércoles, 23 de octubre, su intención de prohibir el registro de nuevos alojamientos vacacionales en hasta 43 barrios de la ciudad. Se trata de zonas en las que al menos un 8% de los inmuebles están dedicados al turismo.

“Este no es el final, es el principio”, ha asegurado la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que ya en junio inició el camino con la limitación de las nuevas licencias de vivienda turística únicamente a aquellos inmuebles que dispusiesen de entrada independiente, una modificación normativa que no afectaba a aquellos que ya contasen con permiso para actuar como vivienda de uso turístico.

Por su parte, el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha prometido no conceder más licencias de este tipo ni renovar las ya existentes con el objetivo de eliminar los más de 10.000 pisos turísticos con los que cuenta la capital catalana antes de 2029. Su intención es que estos inmuebles recuperen su uso residencial, bien sea en el mercado del alquiler o en venta, para así abaratar los altos precios del metro cuadrado en la ciudad. Una medida aplaudidad por la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: “Tienes todo mi apoyo en esta tarea”, le dijo al regidor a través de las redes sociales.

En Valencia, donde en 2023 se abrieron más de 3.500 nuevos apartamentos turísticos, la Comisión de Urbanismo del ayuntamiento aprobó por unanimidad en junio eliminar el uso terciario como vivienda turística en el casco histórico de la ciudad: “Queremos que sea un barrio residencial y por esa razón hemos propuesto que no sea compatible y no se abrirán nuevos apartamentos turísticos en los edificios donde viven nuestros vecinos”, aseguró el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

Palma, una de los municipios más afectados por la gentrificación, va un paso por delante del resto de grandes ciudades. Desde 2018, la capital balear prohíbe los alquileres vacaciones salvo en viviendas unifamiliares, chalets o casas aisladas. A principios de verano, el consistorio anunció su intención de incluir también este tipo de inmuebles en la prohibición. A pesar de ello, según el análisis realizado por elDiario.es, con la actual normativa un 37% de los alquileres turísticos se oferta de manera ilegal en la ciudad.

En Barcelona, durante los ocho años de legislatura de Ada Colau, el consistorio cerró 6.000 pisos dedicados al turismo que operaban ilegalmente. A pesar de esta ofensiva, todavía hoy se siguen detectando 300 viviendas que se comercializan de forma ilegal en la capital de Catalunya.

Madrid no quiere ver el problema

El problema del alquiler vacacional es reconocido, con diversos grados, por partidos de diferentes signo político. Así, mientras en Barcelona primero actuaron los Comuns –y ahora el PSC ha tomado el testigo–, en Palma y en Málaga gobierna el Partido Popular. En cualquier caso, determinadas ciudades siguen sin reconocer las evidencias: “Madrid no tiene un problema con el turismo”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el pasado mes de abril. Sin embargo, la capital española sufre las consecuencias de contar con más de 16.000 viviendas turística ilegales que se ofertan en la ciudad. Esto, sumado a los pisos legales, está provocando subidas en el precio de la renta inasumibles para miles de personas.

No obstante, el Ayuntamiento de Madrid sí anunció en julio que iba a prohibir la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico, reconociendo de manera implícita los problemas que generan estos inmuebles.

En medio del debate sobre este tipo de apartamentos, el pasado 7 de octubre, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que declaraba que las comunidades de propietarios podrían prohibir la actividad de alquileres turísticos en su finca “mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos”, una medida recogida en el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Ahora, la norma podrá ser aplicada en cualquier localidad española.