El medio rural busca el modo de sobrevivir

[Este artículo pertenece a la revista Cercanías, editada por La Marea y Diagonal, que puedes comprar en tu quiosco o aquí]

En esta época del año, el trabajo en los olivos es suave. José Manuel Benítez, agricultor de 34 años, acostumbra estos meses a salir de casa a las nueve de la mañana en dirección a sus olivares, a pocos kilómetros de su pueblo, Monterrubio de la Serena (Badajoz), para realizar la poda de los árboles. De vez en cuando se ve obligado a repostar la motosierra y aprovecha para descansar y contemplar los montes cubiertos de jaras que le rodean. A mediodía el calor comienza a ser incómodo para trabajar y Benítez vuelve al pueblo a comer. Regresa por la tarde al olivar para acordonar los restos de la poda y quemarlos.

Cada época del año tiene sus tareas. Cuando llega la recolección, la jornada comienza al amanecer y, con algunos descansos, se termina sobre las siete de la tarde. El trabajo entonces es mucho más intenso. Sin embargo, este agricultor, que ha vivido toda la vida en su pueblo excepto los años en los que cursó la licenciatura de Biología en Badajoz, está contento con su decisión de dedicarse finalmente a los olivos, como su padre antes que él, algo que no siempre tuvo claro. “Lo decidí ya con cierta edad, al ver lo mal que estaba el tema del trabajo en España”, explica Benítez. Hace tres años, dio el paso y hoy lo único que echa de menos son algunas infraestructuras de las que sí disfrutaba cuando vivía en la ciudad, sobre todo en el ámbito sanitario. “En un pueblo se gana calidad de vida. Puede parecer un tópico, pero es una gran verdad”, asegura, a pesar de todo.

Benítez es uno de los cada vez menos jóvenes que optan por desarrollar su vida profesional en los pueblos. De hecho, el principal problema del mundo rural es la despoblación. Según el INE, en los años 60, el 43,7% de la población española era rural y hoy supone sólo el 20,9%. Las previsiones de Naciones Unidas apuntan a que en el año 2025 el porcentaje bajará hasta el 15%. Esta tendencia resulta desastrosa para la economía del medio no urbano. “Los pueblos en proceso de regresión demográfica experimentan una caída importante en su actividad económica y en sus niveles de recaudación fiscal, por lo que también hay menos inversiones públicas”, explica Carlos Gómez, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y Decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Aragón.

Por un lado, los municipios despoblados no atraen inversiones privadas y, por otro, el envejecimiento elevado hace que sus residentes “no se encuentren en condiciones de realizar inversiones”. Y eso agrava aún más el problema del éxodo juvenil de los pueblos. Para comprender este problema basta resaltar un dato: sólo el 5,3% de de quienes trabajan en la agricultura se encuentra por debajo de los 55 años. De esta tendencia regresiva sólo se han salvado pueblos con recursos particulares, naturales o monumentales, que permiten una economía ligada al turismo.

Para Gómez, resulta difícil “introducir medidas de choque para frenar el éxodo rural, dado que en la mayoría de las ocasiones apenas queda población en edad de trabajar”, por lo que la única solución, señala, pasaría por reactivar la economía mediante la especialización comercial en productos artesanos, la agricultura ecológica, el turismo rural, la rehabilitación de edificios históricos y la facilitación de nuevos asentamientos de “neorrurales”. También sería necesario que la administración realizase bonificaciones fiscales a las empresas que opten por ubicarse en las áreas rurales y que puedan generar empleo en estas zonas, apunta.

En este contexto, los ayuntamientos de los pueblos pueden hacer poco. Los consistorios tienen menos competencias obligatorias cuanta menos población vive en el municipio. A todos, incluso a los más pequeños, les toca encargarse del alumbrado público, el cementerio, la recogida de residuos, la limpieza viaria, el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, el acceso a los núcleos de población y la pavimentación de las calles. A partir de 5.000 habitantes, se le añaden los parques públicos, la biblioteca y el tratamiento de residuos. Cuando se superan los 20.000, los consistorios llevan además la protección civil, la atención a personas en riesgo de exclusión, la prevención y extinción de incendios y las instalaciones deportivas públicas.

Gestión participativa

Eso no quita que se pueda luchar por limitar los efectos de un sistema social que da total prioridad a lo urbano. Un ejemplo destacado de gestión participativa en un pueblo es el de Carcaboso (Cáceres) que, con poco más de 1.000 habitantes, se convirtió en un ejemplo a nivel estatal por sus iniciativas agroecológicas y de gestión del suelo público. Su alcalde, Alberto Cañedo, de la coalición regionalista PREx-CREx –hoy integrada en Extremeños– comenzó su mandato cediendo terrenos municipales que no se usaban para que los habitantes pudieran iniciar proyectos de producción ecológica. También impulsó cooperativas, gallineros comunitarios, un banco de tierra, jardines con plantaciones agrícolas, etc.

Su intención era plantear alternativas al desempleo en el pueblo y experimentar proyectos para hacer un municipio sostenible. La fundación CONAMA, que premia ejemplos de sostenibilidad en pequeños y medianos municipios, reconoció la labor de Cañedo en 2011. Sin embargo, el PSOE, tras perder la gestión del Consistorio, se dedicó a saturarlo de solicitudes de información, hasta el punto de enviar 700 escritos entre 2007 y 2009. Los medios regionales hablaron de una “campaña de acoso y derribo” en toda regla. El resultado: se paralizó el Ayuntamiento y, como no pudieron ser contestados en el tiempo que marca la ley, un juzgado acabó condenando a Cañedo por prevaricación administrativa a nueve años de inhabilitación. En enero, Lorena Rodríguez, de su misma coalición, tomó los mandos y anunció que daría continuidad a la política que desarrolló su compañero.

Sin embargo, la responsabilidad de resolver el problema de fondo recae en el Estado. Según el profesor Carlos Gómez, es sobre todo éste quien tendría que activar políticas públicas para favorecer el autoempleo y apoyar a los emprendedores, pero no es probable que se produzca un cambio de tendencia demográfica a corto o medio plazo, ya que, como apunta, ésta “es consecuencia de un modelo de desarrollo económico que se adoptó hace décadas y que ha ido dejando sin población a la España interior”. Aunque sí se puede paralizar el éxodo o disminuir sus efectos.

Son precisamente los “neorrurales”, sobre todo gente joven con problemas de acceso a la vivienda y el empleo en la ciudad, población inmigrante o personas que buscan un modo de vida alternativo, los que están suponiendo un rayo de esperanza en muchos pueblos. Una corriente cada vez menos marginal que, sin embargo, no está recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del Estado, que es el que podría asegurar la consolidación de ese sector de población en el medio rural a medio y largo plazo. De hecho, hay proyectos para compartir experiencias de gente que se ha atrevido a dar el paso de dejar la ciudad, como es el caso de La Revuelta al Campo, en España, o Future Farmers, a nivel europeo.

También asociaciones como Abraza la Tierra prestan asesoramiento y programas de ayuda. Eva María González, presidenta de esta organización, asegura que reciben muchas llamadas de gente que quiere trasladar su residencia al mundo rural y ser agricultor pero advierte de que eso es “prácticamente imposible salvo que tengas tierras heredadas y capital para maquinaria”. “Un tractor, aunque sea de segunda mano, cuesta en torno a 30.000 euros y necesita una sembradora y un remolque, entre otros extras”, explica.

Iniciarse desde cero en la agricultura, sostiene, es complicado, pero señala que existen otros nichos de trabajo, como son los servicios a domicilio, cuidados a niños o mayores, el transporte o servicios culturales y de ocio, entre otros. También profesiones “que se puedan deslocalizar mediante una conexión a internet, como periodistas o arquitectos”. En este caso, lo único que se necesita es una vivienda y desplazarse tres o cuatro veces al mes a la ciudad. Uno de estos neorrurales es el almeriense Manuel García, arquitecto y empresario que vive en Maderuelo (Segovia). Decidió llevarse su oficina al mundo rural después de residir en varias grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Berlín. “Llegó un momento en que estando en Madrid con mi mujer decidimos que la ciudad no nos gustaba”, explica. “Como arquitecto me di cuenta de que para comprarme en Madrid un apartamento asqueroso y súper caro, mejor era comprarse una parcela bien situada y hacerme una casa estupenda”, continúa. Ahora, lejos del estrés, está convencido de que se puede vivir mejor con menos en un pueblo.

Pero no era sólo un tema económico. “Para personas como yo, que prefieren vivir con lo justo, un pueblo te aporta mucho, sobre todo tranquilidad. Y, pese a que somos poca gente, en realidad tienes una vida social de mucha más calidad”, asegura. Integración social rápida y distancias cortas pero oferta cultural y de ocio limitada. También pocas infraestructuras y servicios sociales limitados. Aspectos positivos y negativos. Para García, pesan mucho más los primeros. “He vivido en grandes ciudades con grandes museos y no los he visto, pero luego vas de visita y te lo recorres todo, así que no veo la diferencia a como vivo ahora”, sostiene. “Para hacer cualquier cosa en una ciudad tienes que pagar, como para hacer deporte, que o te chupas la contaminación o te vas a un gimnasio. Aquí en el pueblo, sin embargo, hay mil opciones”, defiende.

Reuniones on line

García viaja mucho a Madrid, trayecto que recorre en hora y media, pero también a Barcelona. Sin embargo, suele trabajar a través de internet, sobre todo a la hora de las reuniones. Tiene un socio en Málaga y juntos se dedican a construir, llave en mano, “edificios energéticamente eficientes”, casas que no necesitan calefacción. “La gente piensa que tiene que estar en Madrid para tener una empresa, pero con internet eso ya se acabó. Alguien de Madrid ya no se desplaza a Coslada, por ejemplo, frecuentemente, sino que la mayoría de las reuniones las resuelve por Skype”, opina. Ahora están realizando una consultoría para un cliente en Palma de Mallorca y es precisamente por videoconferencia como lo están gestionando. “Es casi hasta mejor que estar en persona, le voy enseñando por la cámara mi escritorio con detalle”, narra.

Y si necesita un producto que no puede encontrar en la zona, lo pide por servicios de tienda online, y al día siguiente lo tiene en su casa. “El mundo está cambiando. Yo pensaba que era urbanita, que no podría vivir en el campo, pero si llego a saber que es tan bueno lo habría hecho antes”, agrega. Eso sí, admite que quizá él es “peculiar”. “Supongo que hay gente que ni de coña sobreviviría, la gente necesita consumismo y comodidades que aquí no podrá tener”, ejemplifica.

Eva María González, de Abraza la tierra, subraya la importancia de revitalizar el medio rural. “Ahí es donde se producen los alimentos, son sus habitantes los que custodian el patrimonio histórico y artístico, son vitales para la prevención de los incendios y se encargan de abrir los caminos”, repasa. Sin embargo, los números son dramáticos. Mientras la densidad poblacional de Madrid es de 809 habitantes por kilómetro cuadrado, seguido por Euskadi (303), Canarias (284) y Cataluña (235), en otras regiones ésta se encuentra por debajo de 30, como en Aragón (28), Castilla y León (27), Castilla-La Mancha (26) o Extremadura (26).

Es ahí, en la España interior, mermada desde mediados del siglo XX por las emigraciones masivas a los puntos industriales del país, donde el Estado debería activar las políticas más ventajosas para favorecer el retorno, opina González. “El medio rural estaba en condiciones precarias y se crearon las condiciones para el éxodo brutal que se produjo. Eso es imposible recuperarlo, a menos que no haya una implicación política”, añade.

De 1960 a 1980, Extremadura perdió a 520.000 personas, casi el 40% de su población. La historia se repite en las dos Castillas, Aragón, gran parte de Andalucía y Galicia. Entre las causas, se encuentran el abandono total de las regiones interiores por parte del Estado, la consolidación del modelo del latifundio y la consecuente presencia de las masas de jornaleros sin tierra ni trabajo –las ocupaciones pacíficas fueron sofocadas brutalmente al acabar la Guerra Civil– y la desregulación económica que conllevó el Plan de Estabilización franquista, por el que se devaluó la peseta, se dio total libertad a la inversión extranjera y se estimuló la movilidad poblacional. El poeta extremeño Luis Álvarez Lencero expresó así las expectativas de sus conciudadanos en aquellos años: “En la plaza del pueblo / sólo hay hombres callados. / No trabajan, no tienen / quien les dé algún trabajo. / […] / Pero están en la plaza / con ojos entornados / a vender los sudores / por jornales baratos”. La emigración era, para demasiada gente, la única salida.

El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, señala que la clave para invertir esta tendencia es fortalecer el “eslabón” de la agricultura dentro del complejo industrial de la alimentación. “Se están desregulando de una manera agresiva los mercados, lo que conlleva de forma inevitable que aparezca la especulación”, opina. En este sentido, Blanco critica que las cosas van a ir a peor si avanza el llamado TTIP, un tratado de libre comercio que se está negociando entre EEUU y la UE y que implicará políticas “neoliberales que ponen en peligro cualquier intento de modelo social agrario o de modelo alimentario sostenible”. Recientemente, se ha aprobado una ley reguladora de la cadena alimentaria, pero, de momento, es papel mojado.

Además de beneficios fiscales, ayudas a las cooperativas e inversiones en infraestructuras, Blanco pide que se potencien nuevas vías de comercialización y, en concreto, el comercio de proximidad. También critica el sistema de ayudas de la PAC, que premia las hectáreas en propiedad y no la producción. Ello provoca que muchos propietarios, aunque no trabajen ni se interesen por sus fincas, tampoco se deshagan de ellas para seguir cobrando las ayudas. “Muchas hectáreas están en manos de propietarios que no son profesionales del sector y no las sueltan, por lo que no hay movilidad de la tierra y los jóvenes tienen muchas dificultades para incorporarse”, concluye. Frente a ello, en los últimos años han surgido experiencias de ocupación de tierras por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).