El Banco del Agua y la construcción de alternativas económicas

Pedro Ramiro* // Hace una semana se presentaba en Madrid el Banco del Agua, una propuesta de Podemos para generar “instrumentos públicos de financiación de la innovación que permitan acelerar el cambio de modelo productivo”. En palabras de su candidato a la presidencia regional, José Manuel López, se requieren iniciativas como esta porque “la Comunidad de Madrid necesita un proyecto integral de reconversión económica y productiva, que camine hacia la reindustrialización inteligente, la innovación y la sostenibilidad ambiental”.

Aprendiendo de la experiencia del Nederlanse Waterschapsbank, un banco holandés creado hace sesenta años con el objetivo de financiar proyectos de innovación a partir de los beneficios obtenidos por la gestión pública de las infraestructuras de canales y diques, el Banco del Agua se basa en una idea similar: utilizar el excedente que pueda generar el Canal de Isabel II y la venta de sus activos en el extranjero para crear un instituto público de crédito que, a su vez, sirva para impulsar el cambio de la matriz productiva en la región.

A pesar de que su presentación en sociedad quedó eclipsada por la dimisión de Juan Carlos Monedero, la propuesta ha suscitado bastante interés en buena parte de las personas que en estos días de campaña electoral asisten a los actos de Podemos y Ahora Madrid, a la vez que ha servido para generar debate dentro de diferentes plataformas y movimientos sociales madrileños. Quienes venimos denunciando cómo se ha llevado a cabo la expansión global de las multinacionales españolas en las dos últimas décadas y, al mismo tiempo, creemos que es indispensable plantear alternativas concretas que confronten la centralidad de las grandes empresas en el sistema económico, aquí y ahora, pensamos que vale la pena apoyar esta propuesta. Veamos algunas razones.

1. Defensa de los bienes comunes. Aunque, a primera vista, la idea de fundar un “banco del agua” parecería remitir a la creación de más instrumentos para continuar con la mercantilización del derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua, en realidad es justo al revés: la propuesta de Banco del Agua parte de asumir que el agua es un bien público que no puede ser privatizado. No se trata de fundar un banco para la especulación con un bien básico para la vida en el planeta, sino de todo lo contrario: crear una entidad pública que reinvierta el excedente generado por el Canal de Isabel II en la transformación de un modelo económico que se ha sostenido sobre la base de la expansión del crédito, el cemento y el ladrillo.

2. Reinversión de los beneficios. Ahora mismo, el Canal de Isabel II tiene grandes beneficios anuales porque ha venido aplicando una agresiva política de “reducción de costes”, externalizando tareas y rebajando las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Así, apenas se ha invertido en el mantenimiento de las redes de agua y ha prevalecido el criterio de la rentabilidad del negocio. De cara a la creación del Banco del Agua, hay que tener en cuenta que tales niveles de beneficio ya no van a ser posibles, porque son imprescindibles tres cuestiones: invertir en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras y servicios del agua, contar con una plantilla con plenas garantías salariales y derechos laborales, y reformar la política tarifaria para garantizar a toda la población el derecho humano al agua. De todos modos, después de acometer esas inversiones, el excedente que quede sí puede ser utilizado para financiar otras iniciativas que apunten a cambiar el modelo desde la raíz.

3. Desinversión en América Latina. Las que hasta la segunda mitad de la década de los noventa fueron las empresas públicas españolas de referencia (Telefónica, Repsol, Gas Natural, Endesa, Argentaria, Iberia) primero se privatizaron, luego aprovecharon las reformas del Consenso de Washington para comprar numerosas compañías estatales latinoamericanas y, con todo ello, lograron convertirse en grandes multinacionales. Pero mientras, por un lado, se centralizaban los dividendos del “segundo desembarco” en los directivos y accionistas de las transnacionales españolas, por otro, las mayorías sociales sólo recibían una larga lista de impactos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. El Canal de Isabel II, aún siendo una empresa pública, ha participado de esta lógica de expansión internacional con unos resultados e impactos análogos a los del resto de multinacionales españolas. Por eso, la venta de sus filiales latinoamericanas en Colombia, Brasil, Ecuador y República Dominicana sería una buena noticia, ya que permitiría devolver la soberanía sobre el agua a las comunidades y poblaciones afectadas —habría que garantizar que, en su momento, la venta de estas compañías se hiciera preferiblemente a instituciones públicas locales, tras una auditoría socioeconómica y a un precio justo para todas las partes—, a la vez que proporcionaría fondos para impulsar el Banco del Agua.

4. Fortalecimiento de las empresas públicas. “Recuperaremos el Canal de Isabel II como empresa pública, fuerte y solvente”, ha dicho José Manuel López. Se trata, efectivamente, de impedir la descapitalización y la posterior privatización de una compañía pública que ha demostrado su eficacia en la gestión sostenible del ciclo del agua, evitando prácticas como la externalización de la atención telefónica a terceros países y la venta del patrimonio inmobiliario del Canal a grandes especuladores y fondos buitre.

5. Cambio del modelo productivo. El objetivo final del Banco del Agua, según recoge la web de Podemos, es “acelerar el cambio de modelo productivo hacia una mayor eficiencia energética, hacia actividades empresariales que utilizan más intensivamente el conocimiento y que crean empleo de mayor calidad”. Más allá de algunos lugares comunes recurrentes a la hora de pensar cómo será la nueva matriz productiva —conceptos como “conocimiento”, “eficiencia”, “tecnología” e “innovación” ya están siendo utilizados por los ideólogos del capitalismo inclusivo para vendernos “un nuevo modelo productivo” sin alterar las relaciones de poder y los patrones de generación y distribución de la riqueza actualmente existentes—, sin duda es urgente repensar nuestro modelo de economía y sociedad. Por supuesto, no sólo para comunidades autónomas como Madrid, sino también a escala estatal e internacional.

Precisamente, ahí radica el interés de esta propuesta, en el hecho de que significa un avance en la formulación de alternativas concretas que le disputen la centralidad del sistema económico a las grandes corporaciones. Seguro que en los próximos tiempos, fruto de la interacción con las personas, organizaciones y plataformas sociales que están trabajando en el ajuste fino del Banco del Agua, podrán concretarse aún más los números y su diseño en detalle. En todo caso, porque supone un paso adelante a la hora de repensar cómo pueden funcionar otros modelos de empresa e instituciones públicas, estamos ante una iniciativa que merece ser apoyada. ¿Cómo era eso de que no hay alternativa?

*Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.