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Iniciativas municipales que avanzan hacia la integración y la protección social

Con o sin ayuda de otras administraciones, los ayuntamientos financian y planifican complejos sistemas de lucha contra la exclusión social, que tiene en el acceso a la vivienda uno de sus pilares básicos

Antiguo recinto fabril de Can Batlló, en el barrio de Sants de Barcelona.

SEVILLA // En el Polígono Sur de Sevilla, la leyenda urbana ha tejido tantos temores sobre la inseguridad ciudadana que los nuevos profesores son llevados el primer día en grupo por las calles por personal del Comisionado del Polígono Sur “para quitarles el miedo”, explican fuentes del Comisionado. Las políticas de integración y de protección social se han convertido en un eje primordial de las políticas municipales, que se han embarcado en programas muy ambiciosos, frecuentemente en convenios con las demás administraciones para llevarlos a cabo por su alto coste y porque requieren de medidas cuyas competencias suelen estar distribuidas.

El Comisionado del Polígono Sur fue constituido por Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y Gobierno central en 2003, y cuenta con cuantiosos recursos de la Unión Europea para sacar adelante la zona con una inyección de 12,5 millones de euros en 2015, una cantidad que incluye políticas transversales: “Construcción, rehabilitación de edificios, vivienda, urbanismo, educación, formación, alfabetización, empleo, seguridad”, cuenta la Comisionada, Mar González, nombrada por la Junta de Andalucía por consenso. El proyecto estrella que ya está en marcha es un gran centro escénico que pretende ser “un referente nacional e internacional del flamenco”, cuenta, que “hará imprescindible a muchos entrar en el polígono sur para no perderse algo”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona “ha aumentado en un 43% la dotación de políticas de atención social”, afirma Miquel Esteve, Comisionado de Inmigración y Diálogo Intercultural, y asegura que gran parte de ese aumento se debe a que han tenido que suplir la situación económica “más precaria” de la Generalitat tras la crisis, y añade que “esto es igual en toda España, aunque no todos los ayuntamientos asumen las políticas autonómicas cuando faltan como hacemos nosotros”, avisa.

En Barcelona, con 270.000 inmigrantes censados, “un 24% de nuestra población”, según Esteve, han inventado el empadronamiento sin domicilio, una figura que les sirve para tener un registro certero de los inmigrantes que hay en la ciudad que sólo exige identificarse presentando el pasaporte, para “evitar saber cuáles están en situación irregular”, ya que el Gobierno central “no resuelve las situaciones de exclusión de las personas a las que el propio Gobierno considera irregulares a través de la Ley de Extranjería”, señala.

La vivienda como base de la integración

Los servicios municipales de Barcelona acaban de sacar a concurso 50 pisos para alquiler a personas dentro del programa Housing First (La casa primero), inspirado en un modelo de Nueva York, que consiste en la entrega de un piso como primera medida de integración para personas que lleven mucho tiempo viviendo en la calle. Parte de la experiencia “demostrada” es que estas personas son las más difíciles de integrar, ya que rechazan las demás ayudas. “La vivienda es la única forma de que empiecen a integrarse”, cuenta una fuente de Barcelona Activa, la sociedad municipal que lleva este programa. La Mesa de emergencia de la vivienda es otro sistema de protección pensado para trasladar a pisos de alquiler a familias con niños que no pueden ser alojadas demasiado tiempo en un hotel, especialmente si han sido desahuciadas.

Por otro lado, Bilbao es la gran ciudad que más atención social presta entre las grandes urbes, según el análisis de las partidas presupuestarias comparado con otras cinco grandes urbes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza, ver cuadro). Cuenta con una política de equilibro de barrios que supone casi el 5% de su presupuesto y que se superpone a las ayudas sociales que luchan contra la exclusión (otro 6,41%). El sistema bilbaíno, como el de Sevilla, también apuesta por la intervención en las zonas conflictivas, que está empezando a obtener frutos en el barrio de Otxarkoaga, un barrio de emigrantes de la posguerra que después de los setenta empezó a marginalizarse.

El programa Imagina Otxarkoaga ha sido la punta de lanza de una serie de proyectos municipales en el ámbito social que empezó invitando a sus habitantes a imaginar cómo les gustaría que fuese su barrio para empezar a regenerarlo. Se puso en marcha “un equipo especial para la resolución de conflictos”, cuenta Itzíar Urtasum, concejala de Fiestas y Atención a la Ciudadanía, y se han realizado tareas de integración en el mismo doble sentido que en Sevilla, de fuera hacia adentro: “Se organizan campeonatos de fútbol y se invita a equipos de otros barrios mejor integrados para que también el resto de la ciudad vea que el barrio no es tan marginal como creen”, explica.

La Marea, Suscripción, Revista

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