Andalucía enfila el pluripartidismo

Andalucía puede estrenar el próximo 22 de marzo el modelo de reparto electoral que probablemente acabará luciendo toda España. Las encuestas, a menos de una semana de los comicios autonómicos, prevén un resultado que desdibuja las líneas maestras de la bipolaridad política, y dan jaque al reinado del bipartidismo, cómodamente asentado en esta comunidad autónoma desde que volvió la democracia a España, con la excepción de la legislatura de la pinza entre el PP de Javier Arenas y la IU de Julio Anguita (1994-1996), la más corta de la Historia andaluza.

Con un PSOE situado en el entorno del 40% de los escaños y un PP con menos del 30%, nadie podrá gobernar sin el apoyo de al menos una formación minoritaria (salvo en un escenario aún improbable de pacto a la alemana, entre los dos mayoritarios). No hay indicios para pensar que el bipartidismo pueda regresar en el futuro inmediato a un parlamento andaluz que promete ser el más fraccionado desde que existe la democracia.

La tercera fuerza es un conjunto de fuerzas, un miniparlamento en sí mismo. El viejo duelo PSOE-PP parece reproducirse en miniatura con otra contraposición entre la izquierda de Podemos y el centro-derecha de Ciudadanos, con permiso de Izquierda Unida. Entre ambos partidos, que legítimamente pueden considerarse por igual alternativos, sumarían alrededor de un 25% de los escaños andaluces, es decir, con la cuarta parte de los diputados de estreno. Es como si un variopinto espectro de votantes se hubiese puesto de acuerdo para extraer su filiación ideológica del seno de los dos partidos de siempre, a los que consideran contaminados por igual de la lacra de la corrupción.

El papel de la corrupción

La corrupción es la clara línea divisoria entre dos bloques o subcámaras aparentemente estancos, a la espera de lo que deparen los pactos que se produzcan. Uno de los bloques lo conforman PSOE y PP conjuntamente. En el otro bando está el resto, con IU bajo la lupa. Los imputados de PSOE y PP se han convertido hasta ahora en la divisa del mercado político bipartidista: se han intercambiado, se han arrojado, se han sumado y restado en un duelo a capa y espada que las encuestas han descontado finalmente por igual del saldo de los dos partidos. Hasta que el expresidente del Gobierno socialista Felipe González en una entrevista en El País el pasado domingo dijo que «es un error excluir a los imputados de las listas electorales», abriendo con ello una nueva espita en los dos partidos mayoritarios.

Al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le ha faltado tiempo para abonarse a la propuesta de González. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha unido al carro y ha abogado también por reclutar imputados para las elecciones dependiendo de «cada caso concreto», arrojando a la arena otro enigma: «hay imputados e imputados», ha dicho el presidente del Gobierno español. En el debate de ayer en TVE, Susana Díaz se distanció de ellos: listas sin imputados, aunque en algunos caso sea injusto, dijo.

Los imputados han invadido el torrente sanguíneo de PSOE y PP. Los socialistas andaluces tienen 43 exaltos cargos imputados, entre ellos dos expresidentes (Chaves y Griñán, aunque sin ningún delito). En el PP andaluz, las supuestas ramificaciones de Gürtel también han entrado de lleno en la campaña: en la diana están la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, e Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas. El propio líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, lleva a dos imputados en sus listas, y este mismo lunes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, no ha tenido ningún reparo en programar actos electorales con otro dirigente imputado, Gabriel Amat, el presidente del PP en Almería.

Las listas electorales de Susana Díaz sí están limpias de imputados, pero, como le ha reprochado durante el debate Moreno Bonilla, nombró miembros de la Diputación permanente del Parlamento a tres exconsejeros imputados (Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo) para que no perdieran el aforamiento de cara a preservar las elecciones del domingo de la repercusión de decisiones judiciales negativas durante la campaña. Los tres, junto con un cuarto exconsejero imputado que ya era miembro de la Diputación Permanente (Manuel Recio), pueden ser llamados a declarar de nuevo tras las elecciones por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los expresidentes Chaves y Griñán han sido llamados a declarar por el Supremo entre el 17 y el 21 de abril, junto con los exaltos cargos María del Mar Moreno, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, este último uno de los padres políticos de Díaz en el PSOE sevillano. La presidenta se ha negado a exigir a los expresidentes que abandonen su escaño en el Congreso de los Diputados «hasta que el juez no les impute un delito concreto», un vericueto que mantiene a Díaz en la cuerda del funambulista para mantener al PSOE andaluz fuera de las salpicaduras de la corrupción hasta las elecciones, pero no mucho más allá.

Moreno Bonilla lanzó ayer la propuesta de retirar el aforamiento a los diputados andaluces con una reforma del Estatuto: «Yo no tengo miedo», afirmó el líder del PP andaluz. Pero ni él ni Díaz supieron ponerse de acuerdo.

Susana Díaz en una cámara fragmentada

Las encuestas dan por ganadora de las elecciones a Susana Díaz y la empujan a pactar con Ciudadanos, que irrumpe en Andalucía desde la nada, al igual que Podemos, con un 11% de los escaños. El PSOE tratará de pactar siempre para garantizar la «estabilidad» que los jefes de las formaciones hasta ahora más votadas esgrimen como el santo grial de la gobernabilidad en los últimos meses. Algo a lo que Díaz no hace ascos, aunque se adivine cierta tensión en las palabras de los pesos pesados (González habla de «la decisión» de Susana). Para ello tendrá que renegar de Chaves y Griñán si se les imputa algún delito concreto, como ha prometido hacer, ya que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha descartado cualquier posibilidad de pacto con el PSOE con presuntos corruptos de por medio. Un posible pacto entre ambas formaciones habrá hecho permeable por primera vez el muro de contención entre los partidos de nuevo cuño y los tradicionales.

Al contrario de lo que ocurre en la calle Ferraz con Pedro Sánchez, Susana Díaz ha escalado sus posiciones poco a poco en un partido acostumbrado a arrasar frente a un PP al que el PSOE andaluz le tiene tomada la medida desde la legislatura de la pinza. Su estilo es personalista, dotado de una fuerte personalidad, conforme a los líderes clásicos que emanan del PSOE andaluz. Posiblemente se vea obligada a pactar con un una nueva derecha contra la que no se puede esgrimir el eterno y socorrido epíteto de cortijera y caciquil, que tantos réditos ha dado al PSOE de la calle San Vicente con el PP. Los socialistas andaluces se jactan en privado de que ya han salido indemnes de una prueba parecida al pactar con el Partido Andalucista en otras legislaturas. Pero el experimento está por probar. Y del resultado dependerá en gran medida el debate pendiente, que está aparcado entre ambos líderes socialistas: quién debe llevar las riendas del partido en el futuro.

Todo se debate

Frente a la monotonía del lanzamiento de imputados en que PP y PSOE han convertido lo debates electorales, la mayoría de las formaciones han aportado cierto color y novedad a los discursos, han logrado agitar las conciencias y han demostrado, de paso, las dificultades de ciertos estamentos de la sociedad para abrirse al debate. La celebración de la Semana Santa está en manos de la voluntad de los ciudadanos, dijo la líder de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez. Semejante apelación a la soberanía del pueblo desató las iras de algunos sectores, y Podemos ha terminado admitiendo sus argumentos, en parte para salir del embrollo, a saber, que el pueblo andaluz está con su Semana Santa, y no hace falta preguntárselo.

En Vox la han emprendido contra la, a su juicio, inminente reislamización de la antigua Al Andalus y ya ven con preocupación una Andalucía en manos del Estado Islámico, en la que se puede llegar a arrojar «a los homosexuales desde la Giralda», según dijo el presidente de Vox, Santiago Abascal. Hay quien asegura que se quieren llevar la mezquita de Córdoba a otra parte o advierte que «con la Giralda no se juega», como dijo el ex juez sevillano Francisco Serrano, ahora en la filas de Vox, cuando Podemos se limitó a pedir que el monumento se integre en el patrimonio de titularidad pública. UPyD ha sembrado Andalucía de aspiradoras y bayetas magenta para limpiar la corrupción… Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos y variados debates.