La incestuosa relación entre banqueros, negocios y el Congreso de EEUU

Cuando se consulta la entrada «Jon Corzine» en Wikipedia, la primera frase que encontramos es «Jon Corzine Stevens es un ejecutivo financiero norteamericano y una figura de la política.»

Esas dos definiciones vinculadas en la misma oración pueden hacer que alguien se sienta incómodo, pero lo cierto es que ambas descripciones se pueden aplicar a muchas personas en el Congreso. En realidad, observado más de cerca, Jon Corzine puede ser solo el símbolo más patético de la relación incestuosa entre banqueros, empresarios y el Congreso que se ha convertido en norma en el actual sistema político.

Recientemente, Jon Corzine – presidente ejecutivo de MF Global desde 2010 a 2011, consejero delegado de Goldman Sachs desde 1994 a 1999, senador por Nueva Jersey entre 2001 y 2006 y gobernador del mismo estado desde 2006 hasta 2010 – fue citado ante una comisión de la Cámara de Representantes para responder acerca de la pérdida de aproximadamente 1.600 millones de dólares de los contribuyentes.

El «honorable” Jon Corzine, el tratamiento que figura en su tarjeta de identificación, que lo describe de esta manera tan vistosa como inexacta, aseguró que no sabía a dónde habían ido a parar estos fondos. La comisión parlamentaria entonces le preguntó, al igual que a otros ejecutivos de MF Global: «¿Dónde está el dinero?» Su respuesta fue: «No lo sé». “De acuerdo”, contestaron los miembros de la comisión.

¿Se puede atribuir la pasividad de los parlamentarios a las sumas de dinero destinadas a cerrarles la boca que los miembros de esta comisión habían recibido de los organismos financieros y de los grandes grupos industriales? A la vista de las pruebas, es una pregunta que merece ser formulada.

Según el Centro para las Políticas Responsables (Centre for Responsive Politics), el presidente de esa comisión, Spencer Bachus, ha recibido 262.177 dólares de empresas de seguridad e inversiones, de los que 78.677 correspondieron a donaciones individuales, y el resto, otros 183.500 dólares, de PACs [siglas de Political Action Committee, grupos de presión política que hacen donaciones a las campañas de los candidatos]. También ha recibido 259.400 dólares de bancos comerciales y 241.960 dólares de compañías de seguros, en una combinación de aportaciones individuales y de contribuciones de PACs.

Open Secrets, el sitio web del Centro para las Políticas Responsables, cuenta con un impresionante gráfico que demuestra cómo la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ha obtenido en conjunto la astronómica suma de 11.425.875 dólares de empresas financieras, inmobiliarias y de seguros a través de PACs, así como una cifra adicional de 10.106.258 de dólares en donaciones de particulares de los mismos sectores económicos.

Profundicemos aún más, vayamos a quienes tienen más poder. El 13 de junio de este año, Jamie Dimon –presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, director de Clase A de la junta de directores de la Reserva Federal de Nueva York, y ex trabajador del megabanco Citigroup, que ayudó a crear, y que luego abandonó en 1998- afrontó una comparecencia en el Senado acerca de la pérdida de más de 2.000 millones de dólares por parte de JP Morgan.

La comisión del Senado de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos cuenta con 22 miembros. De ellos, 18 están relacionados con JP Morgan. En un contexto de miradas deslumbradas y de preguntas poco comprometedoras, solo un puñado de senadores, incluido el representante demócrata de Nueva Jersey Robert Menéndez, logró poner a Dimon ligeramente incómodo con preguntas complicadas acerca de la malversación cometida por la empresa.

Muchos de los asesores de los miembros de la comisión son miembros de grupos de presión de JP Morgan o sociedades de inversión relacionados con el banco. Por ejemplo, Naomi Camper, asesora del presidente de la comisión entre 2001 y 2004, y Kate Childress, ex asesora del senador por Nueva York Charles Schumer, que formó parte de un grupo de presión de JP Morgan desde 2008. JP Morgan también ha ayudado a financiar las campañas de algunos de estos mismos miembros de la comisión.

Según el Centro para las Políticas Responsables, Tim Johnson ha recibido 81.335 dólares de empleados de JP Morgan desde 1998, Richard Shelby, 136.771 dólares desde 1990, y Mark Warner recibió 79.150 dólares sólo en 2012. Y todavía hay algunos que se preguntan por qué Dimon salió del paso sin recibir ni un cachete.

Goldman Sachs, tal vez el más notorio de los bancos de inversión de Wall Street y un emblema de la corrupción de la política gracias al dinero señalado especialmente por el Movimiento Occupy, también ha financiado a comisiones e individuos con poder en el Congreso de EEUU. Veamos algunos de ellos.

Por ejemplo, en la Cámara de Representantes, John Boehner , así como el líder de la mayoría en esta Cámara, Eric Cantor. Ambos han recibido grandes sumas de Goldman Sachs, al tiempo que invertían decenas de miles de su propio dinero en la firma, alrededor de 32.500 entre los dos, para ser exactos.

Boehner ha recibido de esta compañía cerca de 29.500 dólares, mientras que Cantor obtuvo alrededor de 48.150. Y estos dos parlamentarios representan sólo una fracción de los 19 miembros del Congreso que han invertido en la firma por un valor total de aproximadamente 812.000 dólares, a cambio de los cuales la empresa ha pagado cerca de 124.000 dólares en donaciones a los candidatos.

Esta norma se cumple también en el caso del candidato republicano a vicepresidente Paul Ryan, que tiene aproximadamente 8.000 dólares invertidos en Goldman Sachs y ha recibido el doble, alrededor de 15.800, en contribuciones a su campaña. Aunque esto no es nada en comparación con su compañero de candidatura, Mitt Romney, a quien solo le faltaron 2.000 dólares para alcanzar el millón en donaciones de Goldman para estas últimas elecciones de 2012.

Aunque el presidente Obama no ha recibido mucho de los bancos más importantes de la campaña de 2012 (Wells Fargo ha sido el único donante importante, con 289.000 dólares), en 2008 obtuvo 1.013.091 dólares de Goldman Sachs, 809.000 dólares de JP Morgan Chase, 736.771 dólares de Citigroup y 512.232 dólares de Morgan Stanley. Eso sin contar con las increíbles aportaciones de Universidad de California, la Universidad de Harvard, Microsoft, Time Warner, Columbia University, IBM y General Electric.

Es probable que los grandes bancos consideraran entonces que sus aportaciones a las primeras campañas de Obama fueron «una inversión a largo plazo». Una inversión que ha dado enormes frutos: ni un solo ejecutivo de cualquiera de los grandes bancos ha sido juzgado por la vía penal por su conducta ilegal e imprudente durante la crisis económica.

Y esa es la cuestión: tanto los demócratas como los republicanos han aceptado enormes sumas de las mayores instituciones financieras del país, a las que han correspondido con políticas que les son favorables. Con las comisiones de supervisión del Congreso bajo la férula del sector financiero, a los bancos se les ha permitido seguir con sus acciones fraudulentas sin que esto conllevara repercusión alguna. Al final, no es necesario ni siquiera pagar para obtener lo que se desea; solamente hace falta situar a las personas adecuadas en puesto influyentes en el gobierno. Para comprobar esta afirmación basta con echar un vistazo al gabinete de Obama y a los de sus predecesores:

• Tim Geithner : actual secretario del Tesoro, ex director de Políticas de Desarrollo y Supervisión del FMI (de 2001 a 2003) y presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En noviembre de 2007 declinó una oferta para convertirse en presidente ejecutivo de Citibank.
• Henry Paulson: secretario del Tesoro de George W. Bush, fue presidente ejecutivo de Goldman Sachs (entre 1974 y 2006) y también miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.
• William Daley: jefe de gabinete en el primer mandato de Obama (2011-2012). Ocupó el cargo de director de operaciones del Banco Amalgamated de Chicago y presidente para el Medio Oeste de JP Morgan Chase desde 2004. También formó parte del Consejo de Relaciones Exteriores.
• Jacob Lew : actual jefe de Gabinete de Obama. Fue director de operaciones de la unidad de Inversiones Alternativas de Citigroup desde 2006, y, también en su caso, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.
• Eric Holder: actual fiscal general, trabajó anteriormente para Covington & Burling LLP, una firma internacional de abogados que ha representado a corporaciones multinacionales como Phillip Morris, Halliburton y Servicios Xe [empresa de seguridad privada y mercenarios] ahora conocida como Academi, y cuyo primer nombre fue Blackwater , compañía que tuvo que cambiar su nombre dos veces para esquivar su triste historial de escándalos.

No debería ser ninguna sorpresa, entonces, saber que el Departamento de (in)Justicia y la Comisión parlamentaria de Seguridad retiraron todos los cargos criminales contra Goldman Sachs por su participación en la crisis del mercado inmobiliario, a pesar de tener 1.300 millones de dólares en títulos de las llamadas “hipotecas basura” en su cartera.

El informe del Senado también documentó correos electrónicos que aluden a estos valores como «porquería” y «mierda». La compañía tuvo que pagar 550 millones, una suma de dinero que solo tarda unas semanas en amasar.

El ejemplo más claro de cómo nuestro sistema político ha sido expoliado por los banqueros y las empresas es el hecho de que la candidata a la presidencia del Partido Verde, Jill Stein, fuera arrestada por tratar de entrar en el edificio donde se estaba celebrando el segundo debate entre Obama y Romney .

¿Por qué una mujer que siempre ha obtenido un 3% de votos a nivel nacional y ha recaudado suficiente dinero (sí, ese es un criterio) para presentarse a las elecciones en 36 estados no tiene la oportunidad de que su voz sea escuchada junto a la de los pesos pesados del sistema? La razón es que la Comisión de Debates Presidenciales, que establece el orden del día de esa representación teatral televisada a nivel nacional, acepta donaciones de corporaciones que condicionan estas a que los candidatos debatan solo entre ellos.

Algunos temas no se plantean en estos debates, por supuesto, entre ellos el cambio climático, los rescates bancarios, la reforma del sistema financiero, la guerra contra el narco en México financiada por EEUU, los ataques con aviones no tripulados, la ilegitimidad de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional [la que recoge el presupuesto de Defensa], la ley FISA [Foreign Intelligence Surveillance Act, norma que permite espiar incluso a norteamericanos en el extranjero], la Patriot Act [ley aprobada por Bush que en aras de luchar contra el terrorismo concede poderes al Estado para vulnerar derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones], el trato a los informantes exteriores de nuestro gobierno, la guerra en curso en Afganistán, etc. No sirve para nada debatir estas cuestiones si, a fin de cuentas, el duopolio de partidos está de acuerdo sobre ellas.

De lo que estamos hablando es algo más que de una puerta giratoria entre la política y el poder económico. Se trata de un festival incestuoso entre ambos. Y es en momentos como estos que yo, y muchos otros, nos preguntamos: ¿Qué haría Jesucristo? Él mismo explicó exactamente lo que hay que hacer en el versículo Juan 2:15-16: «En el patio del templo, Jesús encontró a los mercaderes de bueyes, ovejas y palomas, y a otros sentados a las mesas en las que se cambiaba el dinero. Así que cogió unas cuerdas e hizo con ellas un látigo, y con él echó a todos del templo, hombres, ovejas y ganado, y luego volcó las mesas de los cambistas y esparciendo las monedas gritó a los vendedores de palomas: “¡Sacad esto de aquí! ¡¿Cómo os atrevéis a convertir la casa de mi Padre en un mercado?!»

Nosotros también debemos expulsar a los «cambistas» fuera de nuestro templo político antes de que podamos progresar de manera racional y pacífica en este siglo XXI . Y para ello, el punto de partida es una enmienda constitucional para revocar el fallo “Ciudadanos Unidos” de 2010 [la norma que permite a las grandes corporaciones aportar tanto dinero como deseen para financiar las campañas políticas], la eliminación de los PACs y los súper PACS , y la imposición de límites rigurosos para todas las donaciones y aportaciones a partidos políticos, de forma que se asegure una total transparencia.

O hacemos esto, o si no la alternativa es aplicar de una forma pragmática nuestra mentalidad consumista salvaje a nuestro sistema político: cuando una cosa se rompe, no la arregles. Tírala a la basura y hazte con una nueva.

(Artículo original publicado en Occupy.com)