El Gobierno ecuatoriano aplaza el desalojo de la mayor organización indígena del país

QUITO (Ecuador) // Alrededor de un millar de indígenas provenientes de las tres regiones de Ecuador marcharon este martes por las calles de Quito en defensa del edificio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La manifestación fue el último acto de dos jornadas de actividades que han tenido en vilo a la histórica organización indígena. La admisión por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del recurso de reposición presentado por la CONAIE, suspende temporalmente el desalojo con el que el Gobierno ecuatoriano había amenazado a la organización. A partir de este momento, el MIES cuenta con dos meses para tomar una decisión.

El pasado 11 de diciembre, el Gobierno de Rafael Correa sorprendió con el anuncio de dar por finalizado de forma unilateral el contrato de cesión del edificio de la CONAIE. La organización indígena, que ocupa el inmueble desde hace treinta años, recibió una notificación del MIES, en la que argumentaba “la necesidad imprevista y urgente de contar con inmuebles para que sean destinados al funcionamiento de casas de acogida para jóvenes y adolescentes”, en el marco de un programa de prevención en el consumo de drogas. El 6 de enero era la fecha límite que el MIES había fijado para que la CONAIE abandonara el edificio.

Sin embargo, la dirigencia de la CONAIE considera que el desalojo responde a una decisión política, en un momento en que los desencuentros entre la organización y el Gobierno ecuatoriano han ido en aumento. El pasado 20 diciembre, durante su rendición de cuentas semanal, el presidente Rafael Correa expresaba con rotundidad que, a pesar de que el convenio se firmó exclusivamente para actividades socio-organizativas, “es público, notorio y descarado cómo esto se ha utilizado para actividades políticas, para oposición al Gobierno, y eso está prohibidísimo por la Ley y el Reglamento de Bienes Públicos”. Además, reveló que ya había planeado la suspensión del contrato hace tres años por los mismos motivos.

El edificio, ubicado en el norte de la capital ecuatoriana, fue entregado a la CONAIE en el año 1991 durante el Gobierno de Rodrigo Borja, como parte de un proceso de resarcimiento histórico a los pueblos indígenas. Por esta razón, la decisión de desalojar a la histórica organización indígena ha generado una gran controversia y una masiva oleada de apoyos y solidaridad dentro y fuera del país.

Una historia de luchas y resistencias

“Aquí se construyó la propuesta de la nueva Constitución, aquí se dio vida a la propuesta del Estado plurinacional. En este edificio se ha defendido la democracia, es un símbolo de las luchas sociales y populares. La CONAIE es la casa de todos”, aseguraba Jorge Herrera, presidente de la organización, durante la rueda de prensa realizada tras conocer la orden de desalojo. Para muchos, el edificio es más que un espacio físico. Constituye un reconocimiento simbólico a un largo proceso de luchas y resistencias indígenas que han marcado la historia reciente de Ecuador.

La CONAIE ha sido uno de los actores sociales más importantes del país desde que, en enero de 1990, protagonizara el primer levantamiento indígena. En una época marcada por la inauguración del periodo neoliberal, el movimiento indígena salió a la calle logrando la resolución de numerosos conflictos de tierras. Dos años después, la CONAIE se erigió como referente anticolonial con la campaña “500 Años de Resistencia India”, cuando se cumplían cinco siglos de la invasión a América. En junio de 1994, el movimiento indígena se levantó nuevamente para impedir la aprobación de la Ley de Desarrollo Agrario, que perjudicaba a las tierras comunales en favor de la agroindustria.

Marcha de la CONAIE el pasado 6 de enero de 2015 en Quito. / O.C.

Unos años después, la participación de la CONAIE junto con otros sectores sociales en el paro nacional de febrero de 1997 acabaría con la destitución del entonces presidente, Abdalá Bucaram. En julio de 1999 se produjo el “Levantamiento Indígena por la Vida y contra el Hambre”, en el que la voz crítica de la organización posibilitó la negociación, por primera vez, de un paquete económico de ajuste. La década de luchas contra los ajustes neoliberales culminaba con otro gran levantamiento en enero de 2000, tras el cual el movimiento indígena, con el apoyo del ejército, consiguió entrar en el palacio de gobierno y destituir a un segundo presidente, Jamil Mahuad.

Sin embargo, los éxitos cosechados por la CONAIE durante los años precedentes se desvanecieron con la participación de la organización en el Gobierno de Lucio Gutiérrez a partir del año 2000. Este hecho provocó una notable pérdida de legitimidad de la que la organización tardaría varios años en recomponerse. Tras un complejo proceso de reorganización y autocrítica, la CONAIE regresó a la lucha social como uno de los actores protagonistas de las movilizaciones de 2006 junto a otros movimientos. En aquella ocasión, la movilización social logró la paralización del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se negociaba con Estados Unidos, y posibilitó la victoria electoral de Rafael Correa ese mismo año, en un proceso que culminó con la convocatoria de la Asamblea Constituyente en noviembre de 2007.

Durante todo este recorrido, la casa de la CONAIE ha sido el espacio que ha albergado reuniones de planificación de las movilizaciones, ha dado cobijo a los pueblos indígenas durante las marchas, y ha visto nacer propuestas políticas como el sistema de educación intercultural o la transformación de Ecuador en un Estado plurinacional.

Cartas de apoyo a la CONAIE

Eduardo Galeano, Eric Toussaint, Alberto Acosta, Carlos Taibo, Raúl Zibechi o Antonio Negri son algunos de los cientos de intelectuales y activistas que firmaron el pasado 17 de diciembre una carta dirigida a Rafael Correa, en donde aseguraban que la medida carece de justificación y constituye una falta de respeto a la memoria. “En nuestra opinión, su gobierno no necesita semejantes exabruptos y pierde autoridad moral con esta lógica de afirmación de fuerza y de intimidación. No es tarde para rectificar”, añadía la misiva.

Un día antes, era el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel el que escribía al presidente ecuatoriano solicitándole la suspensión del desalojo de la CONAIE e instando a Correa a que entregue definitivamente el edificio a los pueblos originarios. “Con seguridad el Gobierno puede encontrar otro lugar para los jóvenes y respetar el derecho de esta organización histórica de los pueblos ecuatorianos”, aseguraba el argentino en su carta.

Manifestante durante la marcha de la CONAIE, el pasado 6 de enero en Quito. / MIRIAM GARTOR

Pero fue el sociólogo Boaventura de Sousa Santos el primero en enviar una carta abierta a Rafael Correa para mostrar su rechazo a dicha decisión. “Sin importar las justificaciones legales, expulsar a la CONAIE de su edificio es un acto injusto y políticamente insensato”, aseguraba. Además, señalaba en su misiva que con la expulsión de la organización indígena de su casa también expulsa a mucha más gente “que inclusive no ha estado de acuerdo con ciertas opciones de la CONAIE en el pasado”. La carta fue respondida por el movimiento político del Gobierno, Alianza País (AP), que argumentó que nunca antes las causas indígenas fueron atendidas como con la Revolución Ciudadana. “Los derechos de las organizaciones indígenas no se reducen a tener un local para ciertos dirigentes”, concluía.

Movilización permanente

«Esta casa constituye ahora el símbolo de la resistencia de este pueblo contra la prepotencia. Este edificio es fruto de la lucha del movimiento indígena, del levantamiento del 90, y por eso estamos aquí para defender la memoria histórica de nuestro pueblo», señaló Carlos Pérez, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), durante la asamblea extraordinaria celebrada en el día de ayer.

En el documento aprobado por la asamblea, la CONAIE acordó permanecer en su sede de manera continuada y solicitar la titularidad del edificio para poner fin a esta situación. Además, la organización se declara en Asamblea General Permanente «hasta la solución definitiva del conflicto que atraviesan los pueblos y nacionalidades del Ecuador».

«Desde esta casa hemos hecho los planteamientos para la construcción de una sociedad más justa. Por eso hemos decidido que si pretenden sacarnos, nos tendrán que sacar muertos, porque esta casa es del pueblo», sentenció el presidente, Jorge Herrera.