Mentiras y trampas a costa del pueblo

Artículo publicado en el dossier sobre banca del número de octubre de La Marea, que puedes adquirir en nuestra tienda virtual

Cuando estalló la crisis y se hizo evidente la responsabilidad de los grandes bancos, las autoridades internacionales anunciaron reformas profundas para acabar con la insolvencia y la inestabilidad financiera. Sin embargo, lo cierto es que o no han llegado a aplicarse o han sido tan laxas que sólo han servido para disimular los problemas reales de la banca internacional.

Una de las primeras fue un significativo anticipo de lo que vendría después. La Unión Europea y más tarde Estados Unidos permitieron que los bancos registrasen los activos tóxicos que estaban perdiendo valor según su precio de adquisición (mucho más alto) y no según el de mercado, como es obligado si se quiere que el balance refleje fielmente la situación patrimonial de una empresa.

Más tarde, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea estableció un nuevo marco regulador (los Acuerdos de Basilea III) que, entre otras cosas, reforzaba significativamente las exigencias de capital de los bancos, justamente, para evitar que pudiera estar artificialmente sobrevalorado o para que no resultase en un momento dado insuficiente para hacer frente a deterioros en el valor de sus activos. Concretamente, elevaron el llamado ratio de solvencia (que es el cociente entre el capital y el activo ponderado por riesgo) del 2% al 8%, de modo que al ser más elevado quedase cubierto en mayor medida el riesgo de pérdidas por falta de recursos de la entidad y más a salvo de dicho riesgo sus acreedores. Y, además, se reforzó la calidad de los activos que pueden computarse como parte del capital.

La respuesta del Gobierno ante esa reforma muestra a las claras lo que de verdad está ocurriendo en el sistema financiero. Los bancos españoles habían acumulado en años anteriores los llamados «activos fiscales diferidos», que son ahorros en impuestos que una empresa va a obtener en el futuro como consecuencia de haber tenido pérdidas o de haber hecho provisiones en el pasado. A diferencia de lo que antes sucedía, con los acuerdos de Basilea III esos activos ya no podrían seguir formando parte del capital porque ahora sólo pueden serlo los que sean capaces de ser usados «inmediatamente y sin restricción por las entidades de crédito para la cobertura de riesgos o de pérdidas». Lo que no ocurre con los diferidos españoles puesto que, por definición, dependen de la capacidad de la empresa o entidad financiera de generar beneficios en el futuro.

Al no poder incluirlos, la mayoría de los bancos españoles se mostraría como lo que son: entidades insolventes o incluso quebradas. Pero el gobierno de Rajoy vino en su ayuda estableciendo por decreto que el Estado garantiza la recuperación de esos activos (por valor de 40.478 millones de euros). Lo hizo decretando, por un lado, que responde por ellos en caso de que algún banco no pudiera utilizarlos para compensar beneficios futuros y, por otro, suprimiendo el plazo límite de 18 años para llevar a cabo la compensación de las pérdidas o la obligación de que se dieran beneficios y se pagasen entonces impuestos para poder aplicar la compensación. Es decir, haciendo que esos activos ya no sean “dependientes de rendimientos futuros” sino auténticos créditos contra la Hacienda Pública y, por tanto, susceptibles de computarse como capital.

Esta es la realidad de las reformas financieras: encubrimiento de la quiebra bancaria y ayudas públicas para que bancos zombis sigan ganando dinero. Y, mientras tanto, la economía sigue sin la financiación que necesita con urgencia para salir de la crisis.

                                     Juan Torres López es Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla i co-autor del texto base para el programa económico de Podemos