La Audiencia de Barcelona descarta investigar a un policía infiltrado en movimientos sociales

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la inadmisión de la querella criminal por el caso del policía infiltrado D.H.P. en los movimientos sociales del barrio de Sant Andreu, en Barcelona.

Tal y como apuntan desde el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, en la resolución “la Audiencia vuelve a rechazar que se hayan cometido los delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, de revelación de secretos y de impedimento del ejercicio de derechos cívicos”.

Las abogadas de la acusación, entre ellas las de Irídia y el sindicato CGT, denuncian que sería “especialmente grave que una denuncia por delitos de tortura y contra la integridad moral quedara sin investigar”.

Por este motivo, han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo, “agotando todas las vías judiciales hasta conseguir que unos hechos tan graves se investiguen, se depuren responsabilidades políticas y todas las personas afectadas sean reparadas”.

Falta de compromiso por investigar

Explican en Irídia que el agente, “infiltrado desde mayo de 2020 hasta octubre de 2022, utilizó las relaciones sexoafectivas con diferentes personas como mecanismo para iniciar y/o consolidar el vínculo de confianza con distintos movimientos; y lo hizo con el aval y la cobertura del resto de la estructura policial”.

El 31 de enero de 2023, ocho personas afectadas por la infiltración de este policía interpusieron una querella contra el agente en cuestión, sus superiores jerárquicos y el Ministerio de Interior, “que, hasta el momento, no ha dado explicaciones claras sobre este tipo de operaciones injustificadas”, recuerdan.

Casi dos años después de interponer la querella, las abogadas siguen denunciando que “la idiosincrasia de estas operaciones no es casual, sino deliberada, con una lógica de castigo. Además, comportan una grave afectación tanto de los derechos individuales como colectivos de las personas y movimientos afectados por esta operación, de alcance todavía desconocido”.

Desde la acusación, señalan que el hecho de “que un agente de policía, en el ejercicio de sus funciones y sin autorización judicial, se infiltre con una identidad falsa en diferentes espacios, asambleas y movimientos sociales y establezca relaciones afectivosexuales para ejecutar esta infiltración, supone una afectación a la dignidad y la integridad moral de las personas afectadas”.

Estas operaciones —nueve casos destapados en los últimos dos años en 4 ciudades diferentes del Estado español— “son tan innecesarias como abusivas en cualquier Estado de derecho y democracia. Además, promueven herramientas para la criminalización de movimientos sociales y políticos, limitando así su capacidad de organizarse, y vulnerando el derecho a la libertad de asociación”.

Carece de responsabilidad política

Por otra parte, “confirman que no existe un marco legal que las ampare, ni responsabilidad ni compromiso político por dar explicaciones. En este sentido, aunque en septiembre de 2023 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó que el número de agentes de policía infiltrados en movimientos sociales debería ser de dominio público, el Ministerio de Interior sigue negándose a desclasificar esta información, alegando la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968”, argumentan desde Irídia, .

A todo esto, “se le suma la falta de responsabilidad política del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación a estas operaciones. En varias intervenciones públicas en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que, en ningún caso, las fuerzas de seguridad incurren en malas praxis o eventuales comportamientos delictivos (cuando se ha demostrado que no es así)”, subrayan la asociación en una nota de prensa.

Cabe recordar que “el Estado español ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hasta 13 veces por no investigar debidamente denuncias de tortura; 6 de los casos dependían de Grande- Marlaska, que en ese momento ejercía como juez instructor. También, que el pasado mes de mayo, el Congreso de los Diputados rechazó una Proposición No de Ley para acabar con este tipo de prácticas, investigar los hechos y reparar a las personas afectadas”, concluyen.