Un país adicto al turismo

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El termómetro supera los 30 grados en Palma de Mallorca a media tarde, aunque oficialmente aún no ha llegado el verano. Pere Joan, graduado en Historia del Arte y activista en Fridays for Future, pide una granizada de almendras, uno de los frutos secos que se cultivan en la isla. Hace unos días fue uno de los participantes en la acción convocada por la plataforma Mallorca Platja Tour para ocupar el Caló des Moro.

La población local ya da por «perdidos» determinados lugares emblemáticos de la isla. Sin embargo, el pasado 16 de junio (domingo), entre 250 y 300 personas acudieron a esta pequeña cala paradisíaca de aguas turquesas que, en los meses de verano, suele estar llena de turistas. «Al fin, un día, esa playa la pudimos disfrutar los residentes en Mallorca», celebra Joan. Como parte de la acción, decidieron explicar a los turistas el objetivo de la ocupación de la cala y, según afirma el activista, «la mayoría lo entendió y decidió irse a una playa cercana».

Al terminar la acción, sin embargo, todo volvió a la normalidad turística: «Según nos fuimos yendo, empezó a llenarse. Algunos nos quedamos y nos hacía mucha gracia ver a influencers, o algo así, haciéndose fotos en unas posturas extrañísimas. Como ya no vamos a esos lugares, nos sorprenden esas escenas», ironiza el activista.

Las protestas contra la masificación turística se han sucedido en las últimas semanas y lo seguirán haciendo en los meses de verano. Poblaciones hartas de ver condicionada su vida diaria por la voracidad del modelo turístico llevan meses saliendo a la calle para decir que están agotadas. El pasado 20 de abril, miles de personas se manifestaron en Canarias para recordar que «las islas no viven del turismo, el turismo vive de ellas». Una convocatoria a la que también se sumaron concentraciones de canarias y canarios desde otras ciudades españolas. Siguiendo esta senda, miles de personas marcharon por las calles de Mallorca apenas un mes después para denunciar la saturación turística que viven las Baleares.

Unas reivindicaciones similares a las que se han convocado en Granada, Cádiz o Barcelona, entre otros municipios, donde los residentes denuncian que el turismo hace imposible la vida de las poblaciones locales, provocando subidas en los precios de la vivienda inasumibles para la clase trabajadora.

El actual modelo turístico ha colapsado ciudades y Comunidades Autónomas enteras. En 2023, los turistas extranjeros batieron un nuevo récord en España y 2024 va por el mismo camino. Tras el parón provocado por la pandemia, el pasado año llegaron más de 85 millones de visitantes, superando así las cifras de 2019, que ya habían sido históricas. De ellos, más de un 33% fue a parar a alguno de los dos archipiélagos, por lo que prácticamente uno de cada tres turistas internacionales acabó en Baleares (16,9%) o Canarias (16,3%), a pesar de que son, respectivamente, la primera y la quinta comunidad autónoma con menor extensión de todo el Estado.

El año pasado, Catalunya se situó a la cabeza en llegadas de turistas. Recalaron allí más de 18 millones de turistas extranjeros (21%), mientras que por Andalucía pasaron 12,2 millones de visitantes internacionales (14,3%). En total, estas cuatro comunidades soportaron casi un 70% de la presión turística del país.

A ello hay que sumar los más de 40 millones de «excursionistas», la denominación que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para aquellos viajeros que estuvieron en el país pero no pernoctaron en él. Entre estos se encuentran, por ejemplo, los turistas procedentes de cruceros, una modalidad muy señalada por las organizaciones críticas con el modelo turístico. Estos enormes hoteles flotantes sueltan a miles de personas en determinadas ciudades costeras provocando una presión desmesurada durante unas horas, pero sin obtener un rédito económico real: en numerosas ocasiones, los cruceristas ni siquiera consumen en tierra al tenerlo todo incluido a bordo.

Para Joan Buades, escritor e investigador sobre el modelo turístico actual, se trata del inicio de «una nueva ola de movilizaciones» con motivo del «crecimiento sin límite» planteado por el sector: «Se está hablando de llegar a los 100 millones de turistas anuales y eso es una barbaridad. La gente ve cómo se llena su tierra, cómo se llenan sus playas, sus montañas… y lejos de obtener beneficios, ven que son expulsados de sus barrios porque no pueden pagar el alquiler o que sus sueldos o los de sus hijos no crecen», explica Buades, quien fue diputado de Els Verds por Ibiza en el Parlament balear entre 1999 y 2003.

Ante esta situación, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocado movilizaciones en las cuatro islas del archipiélago balear durante el verano. La primera tuvo lugar en Mallorca el pasado domingo 21 de julio: «El lema general es que es necesario cambiar el rumbo y poner límites. No es una crítica al turismo de borrachera, sino al proceso de turistificación de todas las islas. Y la solución no es un turismo de élite», explica Jaume Pujol, quien a sus 15 años ya ejerce como portavoz de un movimiento que ha logrado aunar a colectivos como Fridays for Future, GOB Mallorca, Arrán Palma, Attac o SOS Residents, además de a movimientos feministas, por la vivienda, otros grupos ecologistas, plataformas vecinales…

La saturación cotidiana de las poblaciones locales es el sustrato de las críticas al actual modelo turístico. Y el agotamiento. «El territorio tiene unos límites físicos que son difíciles de ocultar y que se dejan ver cuando comienzan a flotar literalmente los residuos de las aguas fecales, o cuando las carreteras están colapsadas, o cuando la sequía impide abastecer a las poblaciones, o cuando se declara la emergencia energética y vamos camino de una emergencia alimentaria… Cuando se junta todo eso, la gente dice que basta, que la solución no es hacer más carreteras ni construir más desaladoras, que el problema es el modelo y la falta de planificación», sostiene Alfonso Boullón, portavoz de la plataforma Canarias Se Agota.

Un país adicto

Lejos de apostar por un cambio de modelo, el país sigue enganchado al turismo y su dependencia es cada vez más fuerte. «España os espera a partir del próximo julio», dijo Pedro Sánchez en mayo de 2020, en plena pandemia de COVID-19. El presidente del Gobierno centró entonces parte de sus esfuerzos en salvar la temporada de verano y ese también ha sido uno de los mantras del Ejecutivo en las últimas semanas, consciente de la enorme importancia que el sector tiene para la economía española.

El país es adicto al turismo. Aquí, más de un 13,6% de los trabajadores y las trabajadoras están ocupados en actividades del sector. Los datos de desempleo del pasado mes de mayo volvieron a demostrar la extraordinaria supeditación que el mercado de trabajo tiene de los visitantes extranjeros. De hecho, la hostelería se situó como el ámbito que requirió mayor demanda de trabajadores. Aunque todas las Comunidades Autónomas redujeron su tasa de paro, fueron Andalucía, Catalunya y Madrid, tres de las regiones más turísticas, las que lideraron la bajada. El caso andaluz es especialmente llamativo, ya que logró rebajar su tasa de desempleo en más de 15.000 personas, más del doble que Catalunya y el triple que Madrid.

A pesar de la caída de visitantes durante 2020 y 2021, el sector turístico ha tardado poco tiempo en recuperarse y en establecer nuevos récords. Exceltur, la asociación patronal formada «por 30 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística», asegura en su informe Valoración turística empresarial del año 2023 que el sector generó ese año 186.596 millones de euros de actividad, lo que pone una contribución del 12,8% en el PIB español, el mayor valor de la serie histórica, acentuando así la dependencia de la economía nacional del turismo. Lejos de contraerse, en 2024, Exceltur espera «un nuevo avance del PIB turístico en España, que superará por primera vez los 200.000 millones de euros» y elevará su participación en el PIB total hasta el 13,4%. De esta manera, el turismo aportará en 2024 el 41,4% del crecimiento real esperado de la economía española, según las estimaciones de la patronal, que agrupa a aerolíneas como Air Nostrum, Iberia o Binter, navieras como Balearia y cadenas de hoteles como Iberostar, Meliá, NH o Riu, además de compañías como Viajes El Corte Inglés o Meta, la matriz de Facebook.

Apuesta por los aeropuertos

A pesar de las presiones ejercidas por sus socios de Gobierno (antes Unidas Podemos y ahora Sumar), el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no parece estar repensando el modelo turístico. De hecho, su hombre de confianza en Catalunya, Salvador Illa, lleva años apostando por dos polémicos proyectos: la construcción del macrocomplejo del Hard Rock Café, en la provincia de Tarragona, y la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Además, según denuncian algunas organizaciones de las Islas Baleares, desde Madrid se camufló como «obras de mejora» lo que en realidad era una ampliación del aeropuerto de Palma, que ahora permitirá la llegada de más viajeros. Finalmente, Aena invertirá 2.400 millones en Barajas para aumentar la capacidad de llegada de viajeros a la capital y al país en general. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha respondido a las preguntas de La Marea.

Sin embargo, en las últimas semanas el Gobierno ha realizado algunos gestos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anunció a finales de junio que trabaja en una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal «para que los vecinos tengan poder sobre el establecimiento de pisos turísticos en sus fincas». La proliferación desmedida de este tipo de viviendas en algunas ciudades se ha convertido en el centro de las críticas de vecinos y vecinas, de las administraciones públicas y también del propio sector turístico empresarial.

En apenas 70 metros, en la acera opuesta a la entrada principal del Parlament balear, cinco inmobiliarias ofrecen villas y chalets de lujo en la isla de Mallorca. Algunas están en venta y otras son para alquilar. En uno de los escaparates, el precio por semana no baja de los 1.300 euros para una casa con dos habitaciones en el interior de la isla. La más cara, una finca rústica con capacidad para hasta 12 personas, se puede alquilar desde 9.500 euros por semana.

El alquiler turístico ha colonizado la isla como ha hecho con tantas otras regiones y ciudades, provocando la expulsión de vecinos de los barrios más céntricos o encareciendo el precio del alquiler regular. «Es imposible hacer distinción entre el problema de la vivienda y el del turismo, porque caminan juntos. En Palma hay un proceso constante de gentrificación de los barrios», explica Climent Tortella, portavoz del Sindicat d’Habitatge de Palma. En todo el archipiélago, el problema de acceso a la vivienda obliga a trabajadores y trabajadoras a vivir en caravanas, albergues o, en muchos casos, a irse de las islas.

La situación se ha agravado en los últimos años. El precio de la vivienda subió de media casi un 10% en 2023 en las comunidades más turísticas (Andalucía, Baleares, Canarias, Catalunya, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid), mientras que en el resto lo ha hecho un 6,3%, según datos del INE.
Exceltur, la patronal de las grandes empresas turísticas, apunta al alquiler vacacional como gran responsable del descontento vecinal al acentuar los problemas de «acceso a la vivienda», «la masificación» o «la banalización de los barrios más emblemáticos, con el consiguiente efecto negativo sobre la percepción social del turismo».

La abogada y activista por la vivienda Alejandra Jacinto, sin embargo, recuerda que «son muchas las cadenas hoteleras que han visto una línea de negocio en el alquiler de viviendas turísticas» y han entrado a participar de él, agravando aún más la situación. Así, grandes grupos internacionales como Marriott, IHG o Accor hacen negocio con la vivienda turística, al igual que compañías españolas como Room Mate o el Grupo Piñero, según informaba el diario económico Cinco Días ya en 2018. Tras la publicación de este artículo, desde el Grupo Piñero han aclarado que la multinacional sí hace uso de vivienda turística en México y República Dominicana, pero no en España.

Para Climent Tortella, muy crítico con los «pequeños rentistas», el discurso de la patronal Exceltur se enmarca dentro de la necesidad de desviar el foco de las grandes empresas: «Han visto que la masificación turística es tan evidente y afecta tanto al ritmo de vida que no pueden tener discursos negacionistas del problema. Pero tratan de buscar otro culpable, en este caso los pequeños rentistas, para evitar verse señalados. Lo cierto es que son las grandes cadenas hoteleras las que inician todo el problema, las que siguen haciendo publicidad para que venga más gente y las que piden que se amplíe el aeropuerto para que vengan más turistas… que en algún sitio se tienen que meter», explica el activista.

Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Palma y recogidos por elDiario.es, la ciudad cuenta con 639 viviendas turísticas legales. Sin embargo, el INE estima que al menos habría 1.023 apartamentos en la ciudad. De esta diferencia se desprende que al menos una de cada tres sería ilegal, es decir, habría sido puesta en alquiler vacacional a partir de 2018, cuando el consistorio mallorquín decidió dejar de dar nuevas licencias.

El Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Jaume Collboni (PSC), ha anunciado que se propone cerrar esta clase de pisos para 2028: tanto los 10.000 que ahora cuentan con licencia como los 6.000 que se estima que operan de forma ilegal. Por el contrario, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, apuesta por «regular» en lugar de «prohibir», aunque admite que estas viviendas suponen un «problema grave». En Madrid, en mayo de 2024, se anunciaban en Airbnb 16.337 pisos turísticos, 3.000 más que el año anterior. Según cálculos del diario El Mundo, un 98% de estas viviendas estaría operando de manera ilegal, es decir, sin licencia.

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) resta importancia a la incidencia que tiene este sector en la subida de los precios del alquiler: «Criminalizar al turismo de la falta de vivienda es populista y absolutamente falso», aseguraron a finales de abril durante una mesa redonda organizada junto al Colegio de Economistas de Cataluña.

Para Alejandra Jacinto, «es urgentísimo» regular el alquiler de temporada, también el de habitaciones: «Lo primero es hacer cumplir la legalidad existente y, además, establecer moratorias turísticas y cerrar todas las viviendas que se alquilan de manera ilegal». Asimismo, considera que el Gobierno tiene que aprovechar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que avala la mayor parte de la Ley de Vivienda, para reformularla y hacerla más ambiciosa: «Hay que dar a los municipios la posibilidad de establecer zonas de mercado tensionado y poder regular precios, independientemente de la voluntad especulativa del gobierno autonómico de turno».

La temporada turística ya ha comenzado. Este año, las ciudades costeras se llenarán de bañistas y de poblaciones locales hastiadas de un modelo voraz que, cansadas de promesas, se han lanzado a las calles. Alfonso Boullón, portavoz de Canarias Se Agota, lo tiene claro: «Si alguien cree que vamos a parar, están muy equivocados. Esta lucha acaba de empezar porque los problemas cada vez van a ser más graves. Continuaremos organizando actividades de protesta y de lucha. Es el lugar en el que vivimos y no vamos a renunciar a vivir en nuestra tierra».

Las derechas refuerzan la industria turística en las islas

Salvo excepciones, la mayor parte de las administraciones autonómicas de las regiones más turísticas no parecen tener intención de reducir la dependencia del turismo ni de limitar sus aspectos más problemáticos. De hecho, los cambios de Gobierno en Canarias y Baleares han tenido el efecto contrario. En el caso balear, Partido Popular y Vox llegaron a un acuerdo para investir presidenta a la popular Marga Prohens mientras que el Gobierno de Canarias está en manos de PP y Coalición Canaria. En ambos casos, los Ejecutivos apuestan de forma clara por un fomento del turismo.

En el programa firmado por la derecha y la ultraderecha en Baleares, PP y Vox prometen impulsar el sector turístico «como principal industria» de la región y luchar «contra la turismofobia, planteando una hoja de ruta clara no sometida a vaivenes coyunturales ni partidistas, que apueste por el medio y largo plazo, sobre la base de la sostenibilidad económica, social y medioambiental». Para el investigador Joan Buades, el programa del nuevo Govern contiene «planteamientos psicopáticos» en lo referente al modelo turístico: «Son los delirios de una persona que tiene una adicción y que cada día quiere más porque piensa que no le pasa nada. En lugar de escuchar a la gente, que ha salido a la calle a decir que así no se puede vivir, que no podemos comer turistas, el Gobierno se dedica a jugar a la ruleta rusa con nuestros bienes naturales y con el bienestar de la población».

El nuevo Govern balear también promete derogar «las moratorias y los apartados lesivos, por su carácter intervencionista y prohibicionista» de la normativa turística que rige las islas, es decir, la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas Baleares, y la Ley 3/2023, de 17 de febrero, de Menorca Reserva de Biosfera. «Es la rendición ante los poderes económicos para que hagan lo que quieran. Unos empresarios que hoy están aquí porque es rentable, pero a los que les da igual si en una década no queda nada. Es lo contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, que dicen que se tiene que promover el bienestar general de la población», denuncia Buades.

En el caso de Canarias, PP y Coalición Canaria consideran el turismo como su «principal fuente de riqueza y de generar empleos directos e indirectos». Desde la plataforma Canarias se agota, su portavoz, Alfonso Boullón, cree que existe una modulación constante del discurso del nuevo Gobierno, que tiene que dar una apariencia de interés ante las nuevas reivindicaciones sociales pero sin perjudicar al negocio de las grandes empresas turísticas del archipiélago: «En su programa no van a decir nada de facilitar que las compañías constructoras y promotoras se salten la ley, pero en la práctica lo permiten. Cada día cambian el discurso pero está claro que apoyan al lobby turístico, al que tratan de lavar la cara con palabras vacías para que la población no se soliviante. Pero al final van a hacer lo de siempre: facilitar la especulación urbanística y vender y trocear el territorio sin preocuparse de las consecuencias», sostiene Boullón.

Ni el Gobierno de Baleares ni el de Canarias han respondido a las preguntas enviadas por ‘La Marea’.

*Actualización: 29/07/2024