La vicepresidenta segunda del Gobierno y antigua líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado un acuerdo con el PSOE para derogar la Ley Mordaza. La también ministra de Trabajo ha hecho estas declaraciones a su llegada al Consejo de Empleo y Política Social (EPSCO) en Bruselas. En concreto, Díaz ha asegurado que mañana (miércoles, 17 de julio), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará un paquete de medidas que incluirá esta derogación de la oficialmente denominada Ley de Seguridad Ciudadana.
De esta forma, nueve años después de la aprobación de la norma por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy, el Gobierno de coalición daría cumplimiento a una de las primeras promesas que Pedro Sánchez realizó tras asumir el liderazgo del PSOE. La ley estuvo a punto de ser reformada en pasado año 2023, pero la falta de acuerdo entre los socialistas y socios del Gobierno como EH Bildu o ERC impidieron su derogación.
Sin embargo, la portavoz del Gobierno, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que el PSOE tiene como objetivo abordar la “modificación” de la norma pero “solo la parte referida a los delitos por injurias”. No obstante, las injurias no están recogidas en la Ley Mordaza, sino en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por lo que, hasta mañana, no será posible conocer el alcance del acuerdo.
En su intervención, Yolanda Díaz también ha señalado que se tomarán medidas “para que los que practican seudoperiodismo y vulneran los códigos deontológicos de su profesión no reciban subvenciones y financiación pública”.
Hace sólo unas horas, ha agregado la vicepresidenta, los dos principales partidos de la coalición han llegado a un acuerdo sobre estas dos materias, “que son troncales, y forman parte de un bloque de medidas más globales que mañana presentará Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados”.
La criminalización de la protesta
La ley Mordaza se aprobó el 1 de julio de 2015 como reacción del gobierno del PP a las movilizaciones del 15-M y contiene un sistema de multas que otorga la potestad a cualquier agente de la Policía que considere que se ha producido un acto sancionable de proceder a denunciarlo.
El propio PSOE, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Mordaza cuando se encontraba en la oposición, se refería a ella en los siguientes términos: “Se atribuye a la Policía poderes fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera el artículo 24 de la Constitución (tutela judicial efectiva)”.
Coincidiendo con el aniversario de su aprobación, el pasado 1 de julio, nueve organizaciones de la sociedad civil (Amnistía Internacional, Greenpeace, Defender a quien Defiende, Futuro Vegetal, Novact, Irídia, Extiction Rebellion, No Somos Delito y Rebelión Científica) emitieron el manifiesto Protestar no es terrorismo, en el que sostenían que, tanto con la norma como con la doble reforma del Código Penal, “han aumentado las herramientas de censura, obstaculización y control de la sociedad civil, a través de la vía penal y administrativa, y han enquistado la impunidad de la violencia policial”; es decir, “ha crecido la criminalización de la protesta”.
En el texto, las nueve organizaciones resaltaron el nuevo ciclo de movilizaciones alrededor del mundo: los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y, ahora, por la solidaridad con Palestina. Y, “si bien la movilización es masiva y global, encontró, sin excepción, la respuesta represiva y a menudo violenta del Estado”.
Actualización: 15:15h