Los intereses privados mandan en los Parques Nacionales

Muy poco después de ser nombrado Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete ya adelantó públicamente su intención de modificar la Ley de Parques Nacionales para fomentar el turismo y otras actividades que generasen más beneficios económicos en dichos espacios. La realidad, a la luz del proyecto de ley de Parques Nacionales que se tramita ahora en las Cortes, demuestra que las intenciones del Gobierno van incluso mucho más allá, y no son precisamente la conservación de nuestras joyas naturales.

Que un proyecto de Ley de Parques Nacionales tenga entre sus principales señas de identidad el permitir actividades hasta ahora prohibidas; haya cosechado un dictamen negativo del Consejo de Estado; cuente con la oposición de todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, salvo el PP, de varias de las Comunidades Autónomas gestoras de parques y de buena parte de los ayuntamientos existentes en estos espacios; y con la oposición frontal de todas las organizaciones ecologistas… indica que las cosas no se han hecho ni mucho menos bien.

Mediante este proyecto, ya con Isabel García Tejerina como ministra, se autorizan excepciones como la navegación turística en el Parque Nacional de Monfragüe y el vuelo sin motor en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pese a que ambas actividades están expresamente prohibidas. Por otro lado, el proyecto de Ley sigue considerando la caza comercial y deportiva como actividad incompatible con la conservación en un Parque Nacional, pero de forma intencionada no se regula el “control de poblaciones” con criterios científicos y personal especializado. Este control de poblaciones resulta habitual en ciertos espacios cuando se produce la proliferación de una especie que causa daños significativos, por ejemplo a la vegetación, pero se ha demostrado que en demasiadas ocasiones se utiliza como pretexto para permitir la actividad cinegética en los parques, incluso con la venta de los puestos de caza. Además el proyecto reconoce a los “titulares de derechos” (como propietarios de fincas, gestores de cotos de caza…) más capacidad de influir en los parques que al resto de la sociedad, permitiéndoles desarrollar actividades económicas y comerciales.

Por si todos estos aspectos no fuesen suficientemente preocupantes para la conservación, el Partido Popular ha esperado a que el proyecto estuviese tramitándose en el Senado para presentar en el último momento del plazo una enmienda, la 278, que con puede provocar un dramático retroceso para los 15 parques nacionales.

Esta enmienda plantea “sencillamente” la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección de los parques. Es decir, que aquellas actividades que se vienen desarrollando en dichos espacios y que deberían desaparecer por haber sido declaradas incompatibles –caza, pesca, explotaciones forestales comerciales, actividades mineras, etc.– podrán seguir realizándose gracias a una prórroga “sine die”. Concretamente hasta que propietarios y administración firmen acuerdos voluntarios o bien la administración les compre, expropie o indemnice.

Evidentemente, a los propietarios de los derechos no les interesará nunca firmar acuerdos voluntarios para tener que dejar de realizar ciertas actividades, y la administración siempre tendrá excusas para no expropiar o indemnizar. El resultado es evidente: se mantendrán estas actividades de forma permanente y los parques nacionales irán sufriendo un constante deterioro de sus valores naturales, a la vez que los intereses particulares prevalecerán por encima de la conservación y su uso público. La enmienda del PP incumple todos los principios de interés general y relega la primacía de lo público y el interés por la conservación. No habrá ningún espacio en donde conservar el patrimonio natural sea el máximo fin, ni siquiera en el exiguo 0,7% de la superficie estatal que suponen los Parques Nacionales.

Pero, ¿por qué esta enmienda del PP? Claramente es una concesión a las presiones de algunos grandes empresarios con fincas cinegéticas en el Parque Nacional de Cabañeros y con fuertes vínculos con el PP. El naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica Oriol –la presidenta del Círculo de Empresarios–, y Alberto Alcocer, entre otros, pretenden lograr que, pese a ser la caza una actividad incompatible con los parques nacionales, ellos puedan seguir practicándola en sus grandes fincas, organizando monterías a las que invitar a empresarios, banqueros, personas de la nobleza y políticos.

Una vez más, el mismo esquema de muchas otras decisiones de este Gobierno: los intereses particulares de unos pocos poderosos pasarán por encima del beneficio del resto de la sociedad.

*Theo Oberhuber es coordinador de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción