Castillos en el aire: Elysium City y Gran Scala

Este reportaje es el tercero de una serie dedicada a los megaproyectos turísticos en España y sus impactos.

Algunos megaproyectos turísticos son apenas son una idea. A diferencia de Cuna del Alma (en Adeje, Tenerife), en ellos ni siquiera se ha puesto el primer ladrillo. Sin embargo, esas fases iniciales a veces pueden resultar reveladoras. Uno de estos casos es el de Elysium City, un proyecto faraónico de 1.185 hectáreas proyectado en la Siberia extremeña y planteado como una «ciudad inteligente» con capacidad para 19.000 personas… en un municipio que no llega a los 1.000 habitantes. Está paralizado desde enero. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón a Ecologistas en Acción y anuló el decreto que aprobaba la instalación del complejo. Faltaban informes ambientales. De nuevo, la historia se repite.

Los promotores de estos macrocomplejos turísticos tienden a olvidar los estudios sobre el impacto ambiental de sus proyectos. En el caso de Elysium City, los ecologistas alertaron de que el macroproyecto podría afectar gravemente al ecosistema de la zona y, además, comprometer sus recursos hídricos. Castilblanco, recordaban, se encuentra en una Reserva de la Biosfera.

En una entrevista en mayo, Guillermo Santamaría, el consejero de Economía extremeño, confirmó que la Junta seguía a la espera de que la empresa les facilitase «dicha información» y que la entregasen «en tiempo y forma en los próximos meses».

El promotor de Elysium City, Francisco Nuchera, asegura en conversaciones con lamarea.com que el Gobierno de la comunidad autónoma no le requirió estos informes hasta abril y será a lo largo de este mes de julio cuando la empresa los facilite. «Hemos estado detrás de la Junta, cuando entró el nuevo Gobierno, porque nadie nos llamaba», explica Nuchera, que reconoce que la envergadura del proyecto dificulta y retrasa cualquier avance: «Elysium es un proyecto viable», sostiene.

Preguntado por La Marea, el alcalde de Castilblanco, Eusebio Fernández, confiesa que no tienen fecha para el proyecto: «Aquí no se ha producido ningún movimiento». Los promotores, explica el alcalde, «están negociando, negociando y negociando», pero aclara que él no está en esas reuniones. «Lógicamente», apostilla.

Gran Scala: Las Vegas en Los Monegros

El desierto lo tenían, pero les faltaba el dinero (aunque hubo algunos que tardaron bastante en descubrirlo). Eran los primeros meses de 2007 cuando llegó al Gobierno de Aragón una propuesta diferente (eufemísticamente hablando): construir un gran centro de ocio, un parque temático del juego, Las Vegas en pleno desierto de Los Monegros. Se le puso nombre después: Gran Scala.

Quien hacía tal proposición fue un consorcio formado por 12 empresas: International Leisure Development (ILD). Y quienes, en un primer momento, les abrieron las puertas del Ejecutivo autonómico (que lideraba una coalición entre el PSOE y el Partido Aragonés –PAR–) fueron el entonces vicepresidente, José Ángel Biel (PAR), y el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga (también de los aragonesistas).

Deslumbrados por las grandes cifras, no les costó convencer sus socios socialistas, ni subir al barco a la oposición del PP. En un primer momento, recuerda el entonces coordinador de Izquierda Unida (IU) en Aragón y portavoz parlamentario de la formación, Adolfo Barrena, «prácticamente todo el mundo estaba a favor. Nosotros éramos casi los únicos contrarios. Hasta Chunta Aragonesista (CHA) se lo pensó. Y, por supuesto, los ayuntamientos, la comarca y los vecinos de la zona no dudaron».

Esa zona era el desierto de Los Monegros, y, en concreto, el entorno de un pequeño municipio llamado Ontiñena (610 habitantes en 2007, según el INE; 519 en la actualidad).

Las cifras

17.000 millones de euros de inversión, 26.000 empleos directos sólo en la primera fase (se planteaban tres), más de 200.000 (entre directos e indirectos) a largo plazo, 32 casinos, 70 hoteles, seis parques temáticos, 12 complejos de ocio, 25 millones de visitantes... Las Vegas y Disneyworld en perfecta mezcolanza sobre la estepa monegrina.

Las luces deslumbraron a muchos que, a pesar de las evidentes trazas de pelotazo, no dudaron en extender la alfombra roja. Lo cuenta a La Marea Eduardo Bayona, periodista aragonés que siguió de cerca la trama desde El Periódico de Aragón: «Con la crisis en ciernes, Aragón se vendió como el país de las maravillas: la Expo en 2008 y el mayor negocio europeo. Eso propagandísticamente funcionó muy bien, y la gente lo compró».

El 12 de diciembre de 2007, la Sala de la Corona del edificio Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón) vistió sus mejores galas para presentar con gran boato Gran Scala. O «Las Vegas II», como también se lo denominaba en aquellos momentos. Un proyecto que el vicepresidente autonómico (encargado de abrir dicho acto) calificó como una «enorme esperanza» para la Comunidad, «ejemplo de aprovechamiento de agua» y «nuevo concepto que integra elementos de ocio y entretenimiento de calidad en una oferta de servicio al público». El dispendio no fue sólo ceremonioso, sino también económico, ya que, «la gran merendola», como la califica con ironía Eduardo Bayona, le supuso a las arcas públicas un desembolso de casi 180.000 euros.

Que se sepa, comenta Adolfo Barrena, fue el único gasto directo que hizo el Gobierno de Aragón. Lo que, en todo caso, no quiere decir que la fiesta le fuera a salir gratis al erario público: «La empresa reclamaba que Los Monegros estuvieran equipados, que tuvieran líneas de alta tensión, de ferrocarril, carreteras, garantía de abastecimiento de agua... Y todo eso, obviamente, ya sabemos de dónde iba a salir», señala el exlíder de IU.

Cuatro meses después del festín, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias (PSOE) reconocía en las Cortes autonómicas que aún no tenían el proyecto de los arquitectos, y que, cuando llegará, lo podrían enmendar, corregir y, «si es preciso, devolver al corral». Lo hacía en respuesta al líder de los populares, Gustavo Alcalde, que empezaba a considerar sospechoso que ILD no hubiera presentado el aval de 20 millones de euros por la compra de los terrenos y llegó a usar la palabra «timo». Bayona lo recuerda, y asegura que «lo que nunca demostró esta gente fue tener solvencia para arrancar. Era humo. Todo mentira».

Una ley a la carta

Por si había alguna duda de que los focos de los casinos habían deslumbrado a algunos dirigentes autonómicos –y como muestra inequívoca de que los impulsores acertaron al pensar en el saso aragonés (según el Aragonario, una «planicie con piedra y tierra suelta, meseta, páramo, terraza fluvial»)–, el 17 de julio de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad de Aragón. Se aprobó con el apoyo del PSOE y del PAR, la abstención del PP (que votó en contra de algunos puntos) y los votos en contra de CHA e IU.

Era una normativa ad hoc para Gran Scala que, entre otras cosas, exigía que los centros tuvieran más de 1.000 hectáreas, que crearan más de 3.000 puestos de trabajo y, como mínimo, 8.000 plazas de alojamiento para visitantes.

La compra de los terrenos

Antes de la ley, en febrero de 2009, la empresa trató de dar muestras de solvencia y seriedad. Los promotores firmaron con los propietarios la opción de compra de los terrenos, unas 2.300 hectáreas, de las que alrededor de 1.000 eran de propiedad privada y el resto municipal.

ILD formalizó 68 contratos de opción de compra con 130 propietarios. Se estipuló un precio total de 8.000 euros por hectárea. Los pagos se realizarían con varios adelantos del 4% cada ocho meses. Los primeros pagos se produjeron. De hecho, el pool empresarial llegó a desembolsar alrededor de 1,25 millones de euros. Pero cuando llegó el momento de rematar la compra, allá por octubre de 2011, nadie apareció. Por el desierto de Los Monegros no se movió ni la típica bola de ramas secas.

Eso sí, lo pagado ya no se devolvía, puesto que así lo estipulaba el contrato firmado. Los propietarios de los terrenos, relataba en aquel momento Bayona en El Periódico de Aragón, «se han repartido 1,2 millones de euros –seis veces más de lo que habrían sacado cultivándolos– con la expectativa de recibir cerca de otros ocho que en realidad nadie espera ya».

«Aquello estaba casi abandonado», explica hoy este periodista, «entonces la gente cogió el dinero». Han pasado 17 años desde las primeras fanfarrias, y aquello se recuerda como una broma de mal gusto. «Fue todo tan surrealista, que ni siquiera dejó huella», comenta Bayona.

Tras incumplir sus compromisos de pago, el globo se fue desinflando a medida que se conocían detalles sobre la empresa. Por ejemplo, que habían sido denunciados por su propio despacho de abogados, Garrigues, puesto que les adeudaban minutas por valor de unos 200.000 euros.

*Actualización: 12/07/2024 a las 16:00h