Cotos de caza, más privados que nunca

             Reportaje publicado en el número de septiembre de La Marea, que puedes adquirir en quioscos y en nuestra tienda virtual

Entre perdices, liebres, ciervos y jabalíes se deciden futuros trazados de autovías, recalificaciones de terrenos o el próximo candidato a alcalde. Empresarios, políticos y otras personas influyentes se reúnen en monterías para practicar una actividad disfrazada de deporte que, en realidad, es a menudo un acto social donde estrechar vínculos, cerrar negocios o simplemente tomar contacto con aquellos que deciden.

Ahora, estos cazadores de salón van a ver protegidas sus actividades gracias al Anteproyecto de Ley que prepara la Junta de Castilla-La Mancha para blindar los cotos de caza. En la práctica, la norma permitirá levantar más vallados en el monte y limitar el acceso a las fincas para otros usos mientras tengan lugar las cacerías. El anteproyecto ya ha cumplido el periodo de exposición pública y, tras las alegaciones de los afectados, se espera que vea la luz en las próximas semanas.

Un coto de caza es una zona del territorio en la que está permitida la práctica de esta actividad. El permiso se le otorga a un gestor cinegético que se encarga de organizar las monterías o batidas, generalmente en terrenos de propiedad privada. Sin embargo, la nueva normativa que prepara la Junta ha puesto en alerta a los defensores del uso público de los montes.

“La ley quiere que las grandes fincas de los terratenientes se conviertan casi en un búnker al que sea muy difícil acceder, no sólo para los ciudadanos, sino incluso para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o agentes medioambientales. Se busca facilitar que en los cotos de caza se pueda hacer cosas que no se realizaban hasta el momento y poner los mayores impedimentos posibles a la posibilidad de aprovechamiento por parte de la ciudadanía”, denuncia Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha.

Precisamente, el hecho de que esta comunidad autónoma sea la primera en reformar su ley de caza no es casual. Su presidenta, María Dolores de Cospedal, suele acudir a monterías en grandes fincas junto a círculos de poder. Desde los años 80 y 90, las grandes fincas castellano-manchegas que poseían los terratenientes comenzaron a pasar a manos de banqueros y grandes empresarios. El expresidente de la comunidad José Bono ya vio claro desde el principio que, si quería entenderse con los grandes centros de poder del país, tenía que juntarse con ellos en igualdad de condiciones, aunque no cazase. Para ello, nada mejor que una montería. Así se convirtió en asiduo a estas reuniones sociales a las que acuden con frecuencia políticos, empresarios, oligarcas y miembros de la realeza. En ellas ha participado Juan Carlos I codo con codo junto a empresarios que ahora mismo se encuentran en prisión o que están envueltos en procesos judiciales, como Gerardo Díaz Ferrán o el expresidente balear Jaume Matas.

La afición por la caza no entiende de partidismos: lo mismo acude el europarlamentario Miguel Arias Cañete que el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, quien tuvo que dimitir al participar en 2009 con el exjuez Baltasar Garzón en una montería, justo en la misma época que el magistrado comenzaba a instruir el caso Gürtel.

La reforma legal que prepara Castilla-La Mancha se dirige hacia este tipo de actividades. Desde la administración manchega calculan que la caza genera un total de 6.500 empleos fijos en puestos directos de trabajo, un número relativamente pequeño si se tiene en cuenta que la superficie destinada a caza abarca más de siete millones de hectáreas.

Caminos públicos privatizados

Uno de los aspectos más polémicos del Anteproyecto de Ley se refiere a la prohibición, durante la época de veda, de circular por espacios públicos que atraviesen cotos de caza. Incluso pueden llegar a cerrarse temporalmente espacios porque se va a celebrar una cacería, según alerta Manuel Trujillo, presidente de la plataforma A desalambrar, en defensa de los caminos públicos. “Si se hace este cambio normativo, se estará anteponiendo el interés de las personas o las empresas que organizan monterías al interés general que es el del uso propio y público”, asegura Trujillo. Además, alerta de la “inseguridad” que provocará en quienes salen al campo a hacer senderismo o deporte al aire libre.

Esta privatización del espacio público es denunciada desde hace años por grupos ecologistas. El caso de Venta del Moro –entre las provincias de Valencia y Cuenca–, es un claro ejemplo de esta situación. El pueblo se encuentra en un lugar privilegiado junto al cauce del río Cabriel. El problema es que para acceder directamente hasta él hay que pasar por un camino que atraviesa la finca El Tochar, propiedad de Jesús Franco, un importante empresario de máquinas recreativas. La finca tiene aeropuerto e incluso una pequeña gasolinera. Los vecinos se quejan de que cuando hay cacerías con personas importantes se cierra el paso y no se puede acceder al río. Además, la Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro denuncia la colocación de puertas en la Cañada Real y el vallado de la ribera del Cabriel con el consiguiente peligro para piragüistas o pescadores.

“Cada caso es distinto, aunque se puede decir que hay una serie de fincas privadas que mantienen su empeño en hacer difícil al ciudadano el uso de las infraestructuras públicas”, explican desde Ecologistas en Acción.

Los caminos dependen de los ayuntamientos. Ellos son los que gestionan y deben garantizar su conservación y el uso público. Cuando la senda se encuentra dentro de una finca privada, debe ser el poder municipal quien actúe contra quien lo ha cerrado. El municipio de La Pesquera (Cuenca), es una localidad pionera en la realización de inventarios de caminos públicos. De los 114 existentes, cuya extensión total es de 156 kilómetros, 11 se encuentran cerrados al paso.

El equipo municipal decidió hace un año inventariar y catalogar sus caminos como “bienes del pueblo”. La alcaldesa de La Pesquera, María del Carmen Domínguez, explica que se tomó la decisión para “luchar contra el corte de los caminos públicos por los dueños de los cotos privados”. La Pesquera también aprobó una ordenanza para regular su situación que fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia por los propietarios de las grandes fincas.

Poner puertas al campo

La nueva reglamentación que prepara Castilla-La Mancha incluye, además, otros aspectos polémicos, como el permiso para disparar desde los 14 años o la habilitación de una vía para permitir la caza masiva de animales domésticos asilvestrados “por razones sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico”. La nueva ley de caza también abre la posibilidad de crear pequeños cierres en grandes fincas. El artículo 49 permite a los propietarios de fincas realizar “cerramientos cinegéticos secundarios”, es decir, vallar el interior de un campo en superficies menores de 1.000 hectáreas.

El vallado cinegético tiene la función de retener piezas de caza en su interior. En principio, se trata de una infraestructura relativamente moderna (desde los años 80) y que los grupos ecologistas han denunciado muy gráficamente: “No se pueden poner puertas al campo”. “Si tú pones un cerco, aparte de impedir que la fauna se mueva libremente, añades nuevas dificultades al uso público y más si se aprovecha la ocasión para cortar un camino, una vía pecuaria o un río”, denuncia Hernández, de Ecologistas en Acción.

La proliferación de vallados en los últimos años es un problema que en Castilla-La Mancha ha fragmentado el territorio y hace muy difícil el acceso a cualquier zona de uso público. Con la nueva ley, se amplía la posibilidad de añadir más cerramientos y aumentar las limitaciones al acceso. Estos vallados han provocado conflictos desde sus inicios. El modelo sigue un parámetro: cuando se hace un cierre cinegético, el propietario aprovecha para cortar los caminos y ponerles puertas. Si a eso se le añade una cerradura… campo cerrado. El titular de una finca puede vallarla siempre y cuando deje los espacios públicos libres y que sea permeable para la fauna silvestre no cinegética (gatos monteses, linces, lobos…).

“Las especies no son de nadie”, recuerda Hernández, de Ecologistas en Acción. “En derecho romano se habla de res nutio, es decir cosa de nadie, no tienen dueño. Sólo cuando se cazan pasan a tenerlo, pero mientras están vivas no son de nadie”, agrega. A su juicio, con la nueva ley lo que se hace es “privatizar” las piezas de caza, sin el menor interés por conservarlas, además un daño sobre el territorio. Es la apropiación de un recurso que en el fondo es público, tanto el natural (especies), como el territorial (con el vallado cinegético).

Hasta 30.000 euros por espantar a las piezas de caza

La reforma propuesta por el Gobierno de Dolores de Cospedal también limita los usos y el aprovechamiento del monte durante las monterías. En uno de los apartados del artículo 27 del Anteproyecto lo dice claramente: “Con el fin de proteger las poblaciones cinegéticas y sin perjuicio del cumplimiento de los preceptos de esta Ley y su Reglamento, queda prohibido con carácter general: Cualquier acción que pretenda espantar la caza existente en terrenos ajenos, así como aquellas que provoquen la huida o alteren las querencias naturales, incluida la recogida de espárragos, setas, hongos, u otros frutos silvestres en los días de caza o previos a estos, cuando esté correctamente señalizada la cacería y se actúe sin el consentimiento del titular del aprovechamiento cinegético. No se entenderá como práctica de espantar, aquellos procedimientos y medios permitidos para proteger los cultivos u otros bienes”. Estas acciones, según se especifica en el articulado, estarán consideradas como “muy graves” y se sancionarán con multas comprendidas entre los 3.001 y los 30.000 euros.

El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García Martínez justifica estas limitaciones de uso público y para ello se ampara en “el derecho legítimo de los propietarios del terreno o sus arrendatarios”.

La lucha entre los todopoderosos propietarios de cotos de caza –aquéllos a los que la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona calificó como “el lobby más explícito” en sus presiones– y los defensores del monte público ha comenzado. Esta desigual batalla, temen los grupos ecologistas, puede extenderse a otros territorios del Estado, especialmente Andalucía, Extremadura y Castilla y León. El temor es que el interés político por blindar estos centros de poder haga del monte un gran coto privado.

[Foto: MottaW]