Un órgano independiente que analice las actuaciones policiales, una vía de denuncia para situaciones de violencia institucional y un programa específico de ayudas para víctimas de torturas o malos tratos. Son tres de las 36 recomendaciones que 18 expertas y expertos, con el impulso de Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y Novact, han plasmado en el Plan de Acción para la mejora y modernización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español.
El plan, que nace de un diagnóstico previo publicado en el año 2022 y ha contado con el apoyo de Amnistía Internacional y Omega Research Foundation, ha sido presentado este miércoles por la mañana en el Círculo de Bellas Artes. Por la tarde lo han llevado al Congreso, para exponerlo en la Comisión de Interior.
En el Día Internacional de Apoyo a las víctimas de tortura, este plan “se presenta como una hoja de ruta en materia de política pública para garantizar la investigación diligente y efectiva de casos que implican una vulneración grave de derechos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, ha apuntado Irene Urango, referente de Incidencia de Irídia.
Durante la presentación, han explicado que las recomendaciones, ordeandas en tres bloques, son fruto del trabajo de personas procedentes de diferentes territorios y campos de trabajo (académico, criminológico, policial, forense, jurídico, de derechos humanos, etc.).
Órgano de monitoreo y análisis de las actuaciones de los cuerpos policiales
El primero de los bloques plantea la necesidad de crear un órgano externo e independiente de monitoreo y análisis de las actuaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y su implementación.
“Una oficina especializada que tiene el mandato de supervisar el funcionamiento de las instituciones policiales y el actuar de sus miembros”, ha remarcado Urango.
La creación de un órgano de esta naturaleza “responde a los llamados de organismos internacionales dirigidos al Estado, para elevar los estándares internacionales en la materia”, ha continuado la representante de Irídia. Se refiere a recomendaciones de organismos como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que han instado al Estado español a crearlo.
“Lo que identificamos es que los actuales mecanismos de control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no funcionan, ni son suficientes para acabar con la impunidad que rodea a casos tan graves de vulneraciones de derechos”, ha denunciado Urango. Entre otros ejemplo, ha recordado la masacre del 24 de junio en la frontera entre Marruecos y Melilla y casos como el que causó la muerte de Íñigo Cabacas o los que provocan trauma ocular. “Personas ven truncados sus proyectos de vida, y no existe una investigación exhaustiva por parte de las instituciones”, ha enfatizado.
Mejora del funcionamiento de asuntos internos
La segunda tanda de propuestas se engloba dentro de un bloque para la mejora de los mecanismos internos de investigación y rendición de cuentas de los cuerpos policiales.
En concreto, reclaman “que se revisen los mecanismos y el funcionamiento de las unidades de asuntos internos del conjunto de las FCS. Es imprescindible que estas estén constituidas por personal y agentes formados adecuadamente en derechos humanos y que se les promueva un grado de autonomía y jerarquía mayor en relación con el resto del cuerpo, con el fin de garantizar una tarea independiente y diligente”.
Además, piden que “se establezca una vía de denuncia de situaciones de violencia institucional específica para la ciudadanía y para las entidades de defensa de los derechos humanos. Esta vía no ha de ser el mismo canal general que existe para denunciar otras situaciones. Dichas denuncias también deberán ser conocidas y tramitadas, de acuerdo con sus competencias, por parte de la actual Oficina Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos”.
Asimismo, exigen que las imágenes grabadas en las comisarías se conserven durante seis meses; que haya una auditoría externa “para analizar los mecanismos existentes de selectividad policial y discriminación sobre la base del perfil étnico-racial y de género; y que “se apruebe un protocolo contra la discriminación étnico-racial en las actuaciones de los cuerpos policiales, con la finalidad de que prácticas como las identificaciones por perfil étnico-racial se prohíban y erradiquen”.
Investigaciones judiciales y atención a las personas afectadas en las actuaciones policiales
El tercer bloque plantea crear una “fiscalía especializada en violencia institucional, que supervise todos los procesos que tengan que ver con cualquier conducta o práctica en el seno de las FCS, en la que se haya producido una posible vulneración de derechos. En especial, en casos de muerte, contra la integridad moral y/o física, torturas, contra la libertad sexual, lesiones, uso excesivo de la fuerza, discriminación y/o detención ilegal, cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Otra propuesta es la creación de “un turno de oficio específico y gratuito sobre violencia institucional”.
Asimismo, los expertos y expertas sugieren que, “de acuerdo con las reiteradas insistencias de Naciones Unidas elevadas al Estado español, el Gobierno incorpore la definición explícita del delito de tortura contenido en la Convención contra la Tortura y reconozca como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza, de acuerdo con lo dispuesto en el Principio número siete de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.
Por último, llaman a respetar “el derecho internacional y la prohibición absoluta de la tortura mediante la no concesión de indultos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, condenados por casos de muerte” y a crear un sistema «de ayudas públicas específicas para víctimas de tortura y malos tratos, garantizando un mecanismo de sostenibilidad e independencia económica para la rehabilitación integral y adaptada, en cumplimiento de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder«.