Sociedad
[INVESTIGACIÓN] El truco de falsificar los derechos de autor para eliminar contenidos (2)
Sólo se pueden eliminar contenidos cuando hayan quedado obsoletos y no tengan interés público. Si no, prevalece el derecho a informar.
Este artículo forma parte de #LaMarea100. Puedes conseguir la revista completa aquí.
En Google se encuentra de todo, y no sorprende que este motor de búsqueda reciba a diario cientos de miles de reclamaciones por infracción de derechos de autor. En la mayoría de los casos, se trata de peticiones legítimas, en las que los creadores de contenidos le piden a Google eliminar enlaces hacia páginas que se apropiaron sin permiso de sus propiedades intelectuales. Pero una de las que llegó el 28 de marzo de 2024 era diferente.
La reclamación, firmada por un supuesto bufete de abogados de nombre Jonesburg Law & Co., alegaba que el periódico francés Le Monde había copiado un artículo a The Frontier Times, una página web registrada en India. En el reportaje, los autores cuentan las operaciones y los clientes de Team Jorge, una empresa israelí de servicios de desinformación, campañas de influencia y hackeo. Si bien la reclamación no tenía fundamento, la investigación de Le Monde desapareció del motor de búsqueda.
«Es bastante irónico que haya actores turbios que intenten manipular a Google para ocultar los reportajes de investigación que los exponen», explica Damien Leloup, periodista de Le Monde que tomó parte en la investigación sobre Team Jorge. Tras la contrarreclamación del diario, el artículo volvió a aparecer en Google.
Copiar y cambiar la fecha
El artículo sobre Team Jorge no es el único raro que apareció en The Frontier Times a principios de 2024. Otra pieza, escrita en ruso, trataba sobre presuntos tráficos de armas por parte de dos hombres de negocios bielorrusos: Vitaly Fishman y Alexander Zingman. Otra venía en portugués y versaba sobre la muerte de una paciente del cirujano de medicina estética Paulo Duarte, de Brasil. Un cuarto artículo, esta vez en inglés, explicaba cómo la empresa belga Semlex corrompía a funcionarios en distintos países de África para ganar contratos de suministro de pasaportes.
Como reveló la investigación de Forbidden Stories y, anteriormente el servicio de hosting Qurium, copiar artículos y falsificar la fecha de publicación para que los textos originales parecieran plagios era una de las tácticas de Eliminalia para mejorar la reputación online de sus clientes. Esa técnica se aprovecha de la ley de Derechos de Autor de la Era Digital, o ley DMCA y, según lo que ha podido comprobar este medio, se sigue empleando a gran escala para ocultar del público el trabajo de periodistas de investigación.
«El sistema de los DMCA es el peor de todos, si exceptuamos todos los demás que han sido propuestos hasta la fecha», afirma Rebecca Tushnet, profesora de ley de Harvard y experta en derechos de autor. La ley DMCA, introducida en 1998 en Estados Unidos en medio del pánico de las industrias musical y cinematográfica por la piratería en Internet, obliga a un prestador de servicios a retirar un contenido si es señalado como plagio o utilizado sin el consentimiento de su autor.
Aunque esta norma es la principal línea de protección ante la piratería, deja amplios márgenes para los abusos.«El problema con cualquier mecanismo de control de abusos es que se puede convertir en otro mecanismo de abuso», argumenta Tushnet. Posibles soluciones, como obligar a las personas a identificarse antes de enviar una reclamación por infracción de derechos de autor, o limitar las desindexaciones a los Estados Unidos, donde la ley está vigente, no parecen viables debido a las consecuencias que tendrían en un mercado dominado por los creadores de contenido: «Las alternativas son mucho peores».
Según Tushnet, lo único que se puede hacer para contrarrestar los abusos es denunciarlos y castigar a sus responsables. Un paso adelante en este sentido se dio en noviembre de 2023, cuando Google anunció acciones legales contra una organización que usaba la ley DMCA con el fin de esconder a los usuarios las páginas web de sus competidores.
«Esperamos que nuestra demanda no sólo ponga fin a esta actividad, sino que también disuada a otros y genere conciencia sobre el daño que las desindexaciones fraudulentas pueden tener en las pequeñas empresas de todo el país», escribió Google en un comunicado.
Tras acceder a la base de datos de Lumen –un proyecto de la Universidad de Harvard que recolecta datos sobre las peticiones de remoción y los pone a disposición de investigadores–, La Marea identificó unas 1.400 peticiones fraudulentas enviadas durante este último año. Al menos en 88 casos, estos intentos fueron exitosos a la hora de retirar artículos del motor de búsqueda de Google.
Aunque una tasa de éxito del 6% puede parecer muy baja, el efecto de estos abusos afecta a derechos fundamentales, como el de comunicar o recibir libremente información veraz. Asimismo, puede perjudicar gravemente al periodismo local y al de investigación, que no tienen los recursos para hacer frente a esas alegaciones.
Entre las publicaciones afectadas por desindexaciones fraudulentas, La Marea identificó un portal de periodismo sobre tráfico de armas (Corruption Tracker), el blog del periodista de investigación venezolano Alek Boyd, un portal de noticias sobre corrupción en Rusia (Ruscrime) y un medio panafricano de periodismo de investigación, The Elephant. Este último fue objeto de las maniobras de Eliminalia en el año 2021.
Tras compartir estos hallazgos con Google, uno de sus portavoces aseguró que un equipo técnico revisaría esas desindexaciones, y añadió que su motor de búsqueda «lucha activamente contra los intentos de remoción fraudulenta, empleando una combinación de revisión humana y automatizada».
Promesas imposibles
A través de plataformas de trabajo independiente como Fiverr y Upwork es posible contratar a personas que ofrecen servicios de remoción a partir de 8 dólares por hora. La Marea se comunicó con una de ellas, que pidió no divulgar su nombre por miedo a represalias laborales. Esta persona dijo haber empleado tácticas de varios tipos –incluida la de aprovecharse de la ley DMCA– para remover contenidos por cuenta de NetReputation, una empresa de reputación ubicada en Estados Unidos.
Adam Petrilli, director ejecutivo de NetReputation, negó utilizar la DMCA u otras técnicas fraudulentas, y aseguró que «todas las solicitudes de contenido se manejan en nuestra sede en Sarasota, FL». Sin embargo, en su página web NetReputation incluye la infracción de derechos de autor entre las técnicas utilizadas, y promete poder retirar todo tipo de contenidos: «noticias, blogs, reseñas, imágenes, vídeos y contenidos de redes sociales».
«Quien realiza afirmaciones tan extremas tiene que probarlas», dice Sergio Carrasco, abogado especializado en nuevas tecnologías. «Yo no puedo prometer eliminar todos los contenidos que te mencionan. Es imposible», explicó.
Los principales motores de búsquedas y redes sociales tienen formularios que permiten a los usuarios pedir la remoción de los contenidos que violan sus derechos. En caso de que su petición sea negada, en España los usuarios pueden dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos. «Y no hace falta que intervenga ningún abogado u organización para eso», dijo Carrasco.
La posibilidad de eliminar contenidos, introducida por la Unión Europea en 2014, está pensada para casos muy específicos: cuando la información en cuestión haya quedado obsoleta y, además, no tenga un interés público. Esta evaluación se hace caso por caso y «el derecho a informar, en principio, está por encima», explica Carrasco.
—————————
Como se explica en la primera parte de este reportaje, La Marea ha intentado comunicarse con Eliminalia para saber qué ha cambiado durante el año posterior a la investigación de Qurium y Forbbiden Stories, pero no hemos recibido respuesta.