Rights International Spain denuncia vulneración de derechos humanos en España

MADRID // En España se vulneran derechos humanos. Éstas son las conclusiones de dos informes presentados el pasado mes sobre la situación en la península y la frontera sur en África. El informe de la ONG Rigths International Spain (RIS) plantea una serie de cuestiones dirigidas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el último análisis de derechos humanos en España realizado por el Gobierno en 2012. Entre ellas, destacan las preguntas referidas a la discriminación racial y el derecho a participar en los asuntos públicos.

El establecimiento del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, según recoge RIS, ha supuesto un avance en materia de apoyo a las víctimas de discriminación. Sin embargo, el órgano encargado de la denuncia de maltrato «no reúne los requisitos necesarios para ser una autoridad efectiva contra la discriminación», ya que depende del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

Además, el Consejo carece de competencias para investigar y sancionar las quejas de discriminación racial y, según señala el informe, aunque entre sus miembros haya organizaciones de la sociedad civil, «no se les permite  llevar a los tribunales los casos de los que son conocedoras». Por ello, el informe demanda que el Gobierno dote de mayor efectividad al Consejo otorgándole más independencia y funciones.

Los datos aportados sobre los controles policiales realizados por perfil étnico demuestran, según RIS, que las medidas ejecutadas por el Gobierno son «insuficientes». Según un análisis de la Universidad de Valencia, el 60% de las personas gitanas, un 45% de personas con rasgos magrebíes, 39% de personas con apariencia afro-latinoamericana y un 22% de apariencia andino-latinoamericana reconocieron haber sido parados por la policía para su identificación. Mientras que  los encuestados con rasgos caucásicos europeos que confirmaron este hecho supuso un 6%.

Otra de las vulneraciones registradas en el informe de RIS consiste en la privación de participación ciudadana en los asuntos públicos al aprobarse por el Ejecutivo muchas de las normas mediante el procedimiento de urgencia, en 2012 se aprobaron 29 Reales Decretos Ley. Según recoge el informe, estas leyes se aprueban sin «deliberación» ni «consultas» negando a «la sociedad civil, los expertos, y hasta a los órganos consultivos del Estado» la participación en «asuntos públicos».

Ambos informes coinciden al denunciar el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP) de la Asamblea General, aprobado el 16 de diciembre de 1966. En especial, la Comisión de Observación de Derechos HUmanos (CODH) destaca que se vulnera el artículo 7, el cual dicta que: “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

Agresiones en la frontera sur

La discriminación se acentúa en la frontera sur de España donde se han denunciado agresiones a las personas migrantes sin documentación en regla. Un informe sobre la situación en la frontera melillense realizado por la CODH recoge que un 63% de los inmigrantes sufren agresiones en Marruecos. Estos ataques se producen antes de traspasar la valla, mayoritariamente por la policía  marroquí.

Incluso en zonas alejadas de la urbe, como el Monte Gurugú, se han recogido denuncias de violencia por parte de la policía de Marruecos. Según los entrevistados para el informe, la guardia realiza operaciones en las que: “se desalojan los campamentos, se golpea a las personas, se destrozan los espacios donde duermen, así como las estructuras del campamento, y en las que llegan a incendiar las instalaciones”.

Además de agresiones por parte de la policía marroquí, la CODH recoge declaraciones de víctimas de violencia por parte de la policía española en las zonas de acceso irregular. Entre las agresiones, el informe recoge la denuncia por parte de la Asociación Prodein que acusa a la policía de inyectar sustancias sedantes a las personas antes de devolverlas ilegalmente a Marruecos. La ilegalidad de las devoluciones en caliente también fueron denunciadas en el informe presentado por expertos en materia jurídica a finales de junio.