De garantía juvenil a garantía empresarial

El viernes 4 de julio, el Gobierno central volvió a utilizar la fórmula del Real Decreto Ley para introducir por la puerta de atrás medidas que nos afectan gravemente. Es totalmente censurable que siga utilizando un mecanismo legislativo para casos de «extraordinaria y urgente necesidad», evitando el debate político y social, para imponer reformas que lesionan, aún más, los derechos y condiciones de vida de la ciudadanía. Sigue diciendo mucho de cómo entiende el PP la democracia, a la vez que se confirma el secuestro de ésta por parte de las élites económicas y los grupos de presión.

Uno de los puntos que legisla el RDL 8/2014 es el de la Garantía Juvenil, que resulta en una excusa «perfecta» para dar una nueva vuelta de tuerca a la precariedad laboral de las personas jóvenes y otra oportunidad para transferir fondos públicos a manos privadas.

Tres son las justificaciones del Gobierno para poner en marcha por la vía de urgencia estas medidas. Nada nuevo. Por un lado, las altas cifras de desempleo y la urgencia de tomar medidas que eviten una futura desconexión con el mercado laboral, así como la exclusión social de las personas jóvenes. También se alude a la enorme tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan según los datos de Eurostat. Y, por último, el Gobierno destaca la obligación de hacerlo por el acceso que España tiene a los fondos de Iniciativa de Empleo Juvenil.

Justamente porque la situación de la juventud en España es de extrema gravedad, resultan insultantes las formas. Como también resulta indignante que sólo se tomen medidas a instancias externas, y que éstas redunden en la precarización del empleo, en más bonificaciones empresariales, que ya superan el 100%, y en el desprecio al trabajo realizado por las personas jóvenes.

La idea original de la Garantía Juvenil, aunque nada se parece a lo que se pretende implantar en España, debe entenderse como una medida paliativa y coyuntural para combatir algunos de los efectos de las altísimas tasas de paro juvenil y facilitar la inserción de los colectivos con más dificultades en el mercado de trabajo. En ningún caso será capaz de generar empleo por sí misma, ni debería utilizarse como excusa para que la incorporación al empleo de las personas jóvenes sea precaria por norma general.

Por encima del marketing que el Gobierno le aplica a sus medidas, la Garantía Juvenil española, tal como está planteada en el RDL, se asienta sobre la transferencia de fondos públicos a las empresas por la vía de las bonificaciones. Una de las medidas más recurrentes, y cuyos efectos positivos para la contratación aún nadie ha demostrado. Lo que sí es seguro es que seguirá contribuyendo a adelgazar la caja de la Seguridad Social.

Se ha llegado al punto en que las bonificaciones de la Garantía Juvenil serán acumulables a las ofrecidas por otros programas y, en caso de excedente, éste se podrá aplicar para reducir la cotización de otros trabajadores y trabajadoras.

Tampoco se garantiza con la nueva normativa que las nuevas contrataciones no sustituyan puestos de trabajo extinguidos recientemente. El incremento de plantilla que se exige para acceder a las bonificaciones «tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en los treinta días naturales anteriores a la celebración del contrato». Lo que supone que podrían ocupar puestos de trabajo de personas despedidas dos meses antes. En este sentido, tampoco se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas que no hayan sido declarados improcedentes. En un momento en que casi cualquier causa motiva un despido objetivo y sabiéndose que no toda persona despedida denuncia, resultan unas condiciones muy poco garantistas.

En cuanto a la nueva contratación, para beneficiarse de los incentivos de hasta 300 euros mensuales, la empresa apenas asume el compromiso de mantener el empleo los seis primeros meses.

Pendiente de su desarrollo en las Comunidades Autónomas, en esto queda la Garantía Juvenil en España, el país que más fondos recibirá para la iniciativa europea, no debido a las buenas negociaciones de Rajoy, sino por volumen de población y por la tremenda situación de la juventud española.

Aunque el resto de medidas de la Garantía Juvenil quedan en un segundo plano, algunas de ellas han valido para desregular un poco más y aumentar el negocio de la iniciativa privada. Ya se trate de las bonificaciones, de «retocar» el contrato de formación y aprendizaje o de facilitar negocio a las agencias de colocación, la conclusión parece ser la misma: más que garantía para las personas jóvenes, esta puede acabar siendo una garantía para las empresas.

Paula Guisande, Secretaria de Políticas del Conocimiento de CCOO de Madrid

José María Ruiz, Secretario de Comunicación de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid