El Gobierno sanciona a un ex alto cargo de Zapatero por conflicto de intereses

CIVIO // El BOE recoge hoy la sanción impuesta a José Enrique Gómez Espinar, que fue consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), entre diciembre de 2009 y marzo de 2012 por incumplimiento del regimen de incompatibilidades. El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 25 de junio, considera quecometió una infracción muy grave tipificada en la Ley de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos.

La resolución no indica cuál de las normas de incompatibilidad infringió Gómez, pero entre las muy graves se incluyen dos tipos, las que se infringen durante el ejercicio del cargo y las que se pueden incumplir después. Entre las primeras se encuentra no inhibirse en decisiones que estén vinculadas a una empresa en la que participó, incumplir la dedicación exclusiva (excepto para tareas muy concretas y no vinculadas) y tener participaciones de más del 10% en empresas que tengan conciertos, contratos o subvenciones con la Administración General del Estado. Antes de ser nombrado, Gómezera director de Banca Corporativa en Caixa Geral.

Las infracciones muy graves que se pueden cometer tras el paso por lo público, por su parte, incluyen la prohibición, durante los dos años siguientes al cese, de trabajar en empresas privadas directamente relacionadas con sus responsabilidades en lo público. Desde entonces, según explica en su perfil de Linkedin sin más detalle, es inversor privado y promotor de startups. Gómez es, además, uno de los once ex altos cargos de Zapatero que no presentó su declaración de bienes cuando tras el cese.

La sanción, que fue recurrida por Gómez, supone que no pueda ser elegido para ningún alto cargo público en los próximos siete años. Otra de las penalizaciones que implica la norma es la “declaración del incumplimiento de la ley y su publicación en el BOE”, aunque sea sin dejar claro qué norma incumplió, como ocurre en este caso. De hecho, las penalizaciones por infracciones muy graves de la norma (las más altas) sólo incluyen esas dos sanciones y la destitución (si estuviera aún en el cargo) o la restitución de las cantidades sustraídas (si se demostrara que se ha beneficiado directamente de fondos públicos).

Esta no es la primera vez que el Ejecutivo sanciona a un alto cargo del anterior gobierno por conflicto de intereses. En enero, Olga García, exdirectora del ICO, recibió la misma penalización: publicación en el BOE y siete años sin poder ser nombrada como alto cargo. Antes de su paso por lo público, había trabajado para la consultora PwC y en la actualidad dirige una asesoría empresarial en Madrid de la Generalitat de Catalunya.

[Artículo publicado en El BOE nuestro de cada día]