Derecho a decidir, siempre

“Habría que recurrir a un milagro de la genética política para admitir que una criatura de Franco nació con vocación democrática. Luego ha hecho sus piruetas para ofrecer una imagen distinta, pero fue un heredero directo de Franco”. Estas eran las palabras que dedicaba a la legitimidad de Juan Carlos I, Marcos Ana en una entrevista de La Marea. Son las declaraciones de uno de los miles de reales luchadores y luchadoras por la democracia a los que les debemos que hoy podamos estar aquí debatiendo en un parlamento. A quienes no se les dedican panegíricos en la televisión pública, quienes siguen cargando a sus espaldas sentencias judiciales que les tachan de sediciosos, traidores, bandoleros y desafectos. Y hay quienes trágicamente, ni siquiera pueden ofrecernos su testimonio porque permanecen en paradero desconocido, enterrados sin sepultura en las miles de fosas comunes que inundan la tierra de este país. Porque, señorías, España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos forzosos, sólo superado por Camboya. Se calcula que más de 88.000 personas continúan enterradas en fosas comunes sin identificar.

Marcos Ana fue uno de los miles defensores de la democracia, de la legítima II República, que cruzó el país en marzo de 1939 para alcanzar el Puerto de Alicante. Todas las fuerzas políticas democráticas y organizaciones sindicales que se habían enfrentado al golpe de Estado franquista vieron en el Puerto de Alicante la única salvación ante la inminente victoria del fascismo. Miles y miles de personas, familias enteras, se congregaron ante el Mediterráneo esperando zapar hacia una paz que nunca llegaría.

Hace 75 años, el Puerto de Alicante, se convirtió en una cárcel de agua. Los barcos esperados no llegaron gracias al bloqueo de los buques franquistas, aunque es necesario recordar que entre tanta oscuridad, un barco llamado Stanbrook, conducido por un admirable y solidario capitán británico, salvó de las fauces del franquismo a 2.638 pasajeros. Algunos de ellos, formarían parte de La Nueve. Compañía de la División Leclerc, conformada en su mayoría por los españoles que liberaron París del terror nazi.

Pero en el puerto de Alicante, tras la salida del Stanbrook y la entrada de los fascistas italianos de la División Littorio, lo que seguiría sería el final de la guerra. Y, al día siguiente de la toma del puerto, se escribiría el tristemente célebre bando de guerra que celebraba cómo el pueblo se encontraba “cautivo y desarmado”.

Marcos Ana, al igual que otras tantas y tantas miles de personas, pasaría también por el Campo de los Almendros a los que a los 4 días no les quedaban hojas engullidas por el hambre. A otros les mandaron a cárceles improvisadas en la Plaza de Toros, al Castillo Santa Bárbara, a los cuarteles; y a las mujeres, a los cines y los conventos. Pero casi todos los hombres se enfrentaban a un destino incierto en el campo de concentración de Albatera. Toda España se empezaba a convertir en una gran cárcel, en un penal insaciable que cavaba fosas sin descanso. Tras la guerra civil nunca llegó la paz, sino la Victoria. Una Victoria que duraría 40 años, de los cuales Marcos Ana sufrió entre rejas durante 23 años la condena de ser un luchador por la democracia.

En esa entrevista a La Marea leíamos que “una de las tantas veces en que fue torturado en la Dirección General de Seguridad, los policías que se encargaban de la ignominiosa tarea, cargados de ira y de odio, le preguntaron: ‘¿Por qué luchas?’ El poeta, henchido de dignidad, respondió: ‘Lucho por una sociedad en la que nadie le pueda hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí’”. Y es ese espíritu el mismo que, a sus 94 años, le hizo salir junto a otros cientos de supervivientes de la barbarie que siguen en pie a defender el derecho a ser consultados. Como Quico, guerrillero antifranquista, al que oficialmente en esta democracia se le sigue considerando bandolero, continúa luchando por defender un futuro de justicia e igualdad, y salió en Alicante a defender el derecho a ser preguntado, a poder participar de esta democracia que contribuyó a construir y de la que se le ha apartado nuevamente porque el Régimen ha decidido por su cuenta.

Porque el Rey Juan Carlos I, designado por la Gracia del Caudillo, ha decidido abdicar tras unos resultados electorales en las Elecciones Europeas que han hecho moverse los cimientos del sistema. Y han tenido que venir Cánovas y Sagasta a recordarnos que antes que ciudadanas y ciudadanos, somos súbditos. Y que, por tanto, no vamos a ser consultados acerca del modelo de Estado porque “ya se preguntó todo lo que cabía preguntar en el referéndum de 1978” –por ejemplo, yo ni había nacido ni se me esperaba, pero es que el 70% de los ciudadanos tampoco pudo votar la CE. Y así, con una actitud autoritaria y paternalista, nos dejan claro a la ciudadanía que “hoy no toca”. Que los deseos y la voluntad del rey están por encima de la soberanía del pueblo. Algo que ya está perfectamente reflejado ya en el artículo 56 de la CE, que deja meridianamente claro que todos somos iguales ante la Ley, excepto el monarca. ¡Y que vivan las cadenas! “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. La regla de la absoluta irresponsabilidad regia, fiel reflejo del viejo aforismo británico “el Rey no puede hacer mal”.

Así, el rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia. Porque no se le puede perseguir criminalmente y no se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria. La irresponsabilidad del rey, en el aspecto penal, fue uno de los aspectos criticados en el debate parlamentario del artículo 56 de la Constitución, llegándose incluso a plantearse, por algún sector, la hipótesis del rey corrupto, asesino o violador. Pues bien, también heredará Felipe esos privilegios absolutamente anacrónicos e injustificables. Y no sólo eso, sino que preocupados por las relaciones entre Juan Carlos de Borbón y diferentes escándalos, como el asesoramiento al yernísimo Iñaki Urdangarín, relaciones oscuras entre grandes empresas y las dictaduras del petróleo; PP y PSOE pretenden blindar la inviolabilidad del rey abdicado para que nunca tenga que preocuparse por la justicia.

Pero la impunidad del rey -o del rey abdicado- por posibles hechos delictivos no es compatible con los ideales de nuestra tradición republicana basada en principios de igualdad, justicia y derechos sociales. Como tampoco lo es, concebir la Jefatura del Estado como una propiedad privada que pasa de padres a hijos, concebir la más alta institución de una democracia como un título nobiliario cuya legitimidad se basa en la sangre. Porque, señorías, reconocer en el siglo XXI que no todos tenemos la sangre roja y que una determinada familia la tiene azul, es como decir que la tierra no es redonda. ¿Dónde queda en concepto de ciudadanía, de igualdad ante la ley, de que todos/as nacemos iguales…? ¿Cómo pueden intentan casar esto con el derecho de sangre, con un atavismo medieval?.

Nosotras afirmamos que en este conflicto de principios incompatibles, debe primar el concepto de ciudadanía, la igualdad ante la ley y, en definitiva, que la soberanía emana del pueblo, que los poderes del Estado emanan de la voluntad popular.

Queremos que nuestro jefe de Estado sea elegido por las urnas. ¿Es eso radical? No queremos que lo sea sólo por ser el primogénito (además, primogénito varón), del escogido por Franco, el responsable de los peores 40 años de la historia reciente de nuestro país. Ese ha sido siempre nuestro deseo. Pero hoy aquí sólo pedimos dar a la ciudadanía la palabra, porque la gran mayoría no pudimos decidir en aquel kit completo que presentaron a votación en un momento en que la correlación de fuerzas políticas demostraba que el dictador, ciertamente, lo tenía “todo atado y bien atado”. La sociedad ha cambiado, las necesidades también y hace tiempo que se violan los principios constitucionales garantes de derechos y tan sólo se cumple con implacable fanatismo aquel que reformaron quienes ahora blindan de nuevo la capacidad de consulta popular.

La Constitución del 78 no puede ser utilizada como una ley de punto final cuando al bipartidismo y a la monarquía le convengan. Cumplir el artículo 92 sí se puede, si se quiere. Nosotros defenderemos el derecho a decidir siempre. De las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, de los pueblos sobre sus necesidades. Yo, por supuesto, si se me dejara decidir lo haría en los términos en que lo entendió Luís Jiménez de Asúa, diputado del PSOE en las Cortes Constituyentes de 1931: “Si la República no hubiera venido para mudarlo todo, no merecería la pena haberla traído”. Y, por eso, quiero vivir en un Estado en el que pueda decidir y, si así lo quiere la mayoría, en un Estado en el que un día el Jefe o la Jefa de Estado sea elegida por todas y todos y podamos volver a celebrar que ¡Viva la República!

*Esther López Barceló es diputada de Esquerra Unida (EUPV) en les Corts Valencianes