Las regiones de ultramar piden a Macron que retire su reforma sobre Nueva Caledonia

Los presidentes de las regiones de Reunión, Guadalupe, Martinica y la colectividad de la Guayana francesa han pedido al presidente Emmanuel Macron que retire «de forma inmediata» su reforma sobre el censo electoral de Nueva Caledonia. Este proyecto tiene como objetivo dar más peso a la población de origen europeo en detrimento de la población autóctona, lo que ha provocado graves disturbios en este archipiélago del Pacífico. La revuelta, por el momento, se ha cobrado la vida de seis personas.

«Sólo la respuesta política pondrá fin a la escalada de la violencia e impedirá la guerra civil», han expresado los mandatarios en una tribuna pública. A su juicio, la instauración del estado de urgencia y de medidas excepcionales para controlar la situación no producirá el efecto deseado por el Elíseo. Para restablecer el orden, el Ministerio del Interior apuesta, muy al contrario, por la intervención policial. Su titular, Gérald Darmanin, ha anunciado el despliegue de más de 700 agentes (100 de ellos pertenecientes al GIGN, el Grupo de Intervención de la Gendarmería, los geos franceses) con el propósito de asegurar la ruta entre Numea, la capital del archipiélago, y el aeropuerto. Las autoridades comunicaron el desmantelamiento de 76 barricadas sobre este itinerario en las últimas horas. En cualquier caso, el aeropuerto permanecerá cerrado para los vuelos comerciales hasta el próximo jueves. «Se restablecerá el orden republicano cueste lo que cueste», declaró ayer Louis Le Franc, alto comisario de la República en Nueva Caledonia. «Y lo vamos a conseguir. Tendremos la última palabra. Me comprometo ante todos ustedes», añadió al hacer público el último balance de las operaciones de seguridad.

Para el gobierno francés, tener la última palabra parece ser un elemento importante en esta crisis. El diputado macronista Nicolas Metzdorf, electo por Nueva Caledonia y defensor de la reforma del censo, aseguró que si se produce la suspensión de este proyecto «será una derrota política, moral, de la República francesa». En una charla organizada por una plataforma digital afín al presidente, Metzdorf abogó por retirar la autonomía a Nueva Caledonia y poner la región bajo la tutela del Estado «durante uno o dos años». Además, deslizó la teoría de que el separatismo canaco está «alimentado por potencias extranjeras». Esta afirmación queda en entredicho tras un superficial análisis histórico: el pueblo canaco ya se levantó en armas contra la metrópoli en 1878, en la llamada «guerra de Ataï», una rebelión que fue reprimida por la fuerza por la potencia colonizadora. También lo hizo en la década de 1980, en una serie de acontecimientos violentos que desembocaron en los acuerdos de Numea. Estos acuerdos son los que Macron se dispone a romper ahora.

En virtud de aquel pacto, firmado en 1998, el censo electoral en Nueva Caledonia quedó congelado. Desde entonces, en las elecciones provinciales sólo pueden votar las personas de origen canaco o los franceses instalados allí antes de esa fecha. El equilibrio de fuerzas entre los derechos históricos del pueblo autóctono y los recién llegados desde Europa se romperá en favor de estos últimos con la reforma del censo. Y con ella, cualquier posibilidad pacífica de acceder a la independencia.

La pretensión no es nueva. En 1953 un informe del Ministerio de Ultramar recomendaba el envío de entre 10.000 y 12.000 «inmigrantes metropolitanos» para afirmar «de manera concreta, la firme voluntad de Francia de defender y mantener su presencia en esta parte del mundo». En los años setenta, la extracción de níquel en Nueva Caledonia se convirtió en una operación económica estratégica para Francia, lo que volvió a poner de actualidad la necesidad de atar en corto al movimiento soberanista por la vía poblacional. Pierre Messmer, entonces primer ministro, se expresó con claridad al respecto: «A largo plazo, la reivindicación nacionalista podrá ser evitada sólo si las comunidades no originarias del Pacífico representan una masa demográfica mayoritaria». Esto es lo que Macron quiere certificar con su reforma constitucional, aunque la aprobación presenta ciertas dificultades.

A pesar de que la Asamblea y el Senado dieron luz verde al proyecto el pasado martes, las cámaras deben reunirse a finales de junio en un congreso en Versalles para ratificarlo. Y los números ahora, tras una semana de enfrentamientos violentos, no están tan claros. Tanto los partidos de izquierda como los de la extrema derecha piden un aplazamiento y un informe de revisión. También hay voces que consideran necesaria una negociación con los representantes implicados para llegar a una solución de consenso.

Mientras tanto, las barricadas y los coches calcinados siguen bloqueando las carreteras de Numea. Las milicias armadas de origen europeo, constituidas «para ayudar a las fuerzas del orden», vigilan sus vecindarios y colocan francotiradores de forma estratégica sobre los tejados. A los habitantes de la metrópoli les ha sorprendido la enorme circulación de armas de fuego (al menos 100.000 armas para 270.000 habitantes) en el archipiélago, donde se ha instalado una cultura de autodefensa al estilo americano.

Detrás de esta proliferación de armas se halla el gran drama de esta revuelta: los seis muertos contabilizados hasta el momento. Uno de ellos era un gendarme de sólo 22 años. En el otro bando, un estudiante de 19 años fue abatido por un disparo en el pecho descargado por un civil armado. Según sus familiares, con los que pudo hablar Mediapart, el joven no representaba ningún peligro. El presunto autor del disparo se entregó a las autoridades.