La Uni en la Calle
Consecuencias forestales de la desamortización del XIX
El autor es Profesor Titular de Ordenación de Montes y de Selvicultura en la UPM desde 1970
Las desamortizaciones realizadas en distintos países europeos durante los siglos XVIII y XIX tenían como objetivo liberar para el mercado los bienes de las llamadas “manos muertas” (Iglesia, Mayorazgos, Ayuntamientos), que estaban exentos de todo tipo de impuestos.
La desamortización suponía la nacionalización de los bienes, recibiendo los propietarios un justiprecio pagadero en títulos del Estado; y en su venta posterior en pública subasta, pagándose los bienes vendidos en moneda corriente.
Los objetivos de las desamortizaciones eran múltiples, siendo el más importante el saneamiento de las haciendas públicas, generalmente exhaustas.
En España se plantea la necesidad de la desamortización entre los políticos ilustrados del XVIII, y José Bonaparte pretende la eclesiástica. Después de la muerte de Fernando VII, los gobiernos liberales ejecutan esas políticas tan acordes con su ideología.
En 1837 Álvarez Mendizábal, Ministro de Hacienda y luego Presidente del Gobierno, inicia la desamortización eclesiástica, que afecta a los bienes de las recién suprimidas órdenes religiosas. En 1855 Madoz continúa la labor desamortizadora, completando la eclesiástica (bienes afectos al clero secular) y abordando la civil (básicamente bienes municipales).
En todos estos procesos, las fincas rústicas arboladas, los montes, sufrieron en general un drástico cambio de uso: los nuevos propietarios talaron de inmediato el arbolado existente y dedicaron las tierras al cultivo agrícola o a la ganadería. Éste es, sin duda, el último episodio histórico de deforestación. Al menos de momento.
No están suficientemente investigadas las superficies deforestadas, al menos las correspondientes a las desamortizaciones eclesiásticas. Pero, en cualquier caso, puede hablarse de millones de hectáreas.
Al lado de este aspecto negativo hay que señalar que la Ley Madoz ofrece otra cara de la moneda, pues contiene el germen del reforzamiento de la propiedad forestal pública. En efecto, la Ley recoge el Informe de la Junta Consultiva de Montes, y admite excluir de la venta determinados montes, por razones de interés general. El recién nacido Cuerpo de Ingenieros de Montes (1853) argumenta en el Informe que los montes municipales en los que se den producciones maderables de ciclo largo, y en los que concurran efectos protectores de suelos y aguas, no deben pasar a manos privadas y deberán ser excluidos de la venta “por razones de Utilidad Pública”.
Se inicia así un largo proceso de defensa y consolidación de la propiedad forestal pública, gestionada por la administración, que recibe el encargo de confeccionar las relaciones provinciales de montes exceptuados de la venta (Catálogos de Montes de Utilidad Pública). Los montes incluidos en estos catálogos, cuya formación concluye a principios del XX, disfrutan de una protección legal eficiente pues son declarados inalienables (no vendibles), inembargables e imprescriptibles (no perderán el carácter de Utilidad Pública, salvo por Ley).
Estas características legales, mantenidas en las sucesivas leyes de montes (1863, 1957, 2003 y su reforma de 2008), han permitido que llegue a nuestros días un extenso patrimonio natural, gestionado con criterios de conservación y uso; prueba de ello es que muchos montes de Utilidad Pública forman parte de Espacios Naturales Protegidos, y que la mayoría de ellos están incluidos en la Red Natura 2000.
Las políticas neoliberales de hoy pueden llevar otra vez a episodios negativos. Los medios de comunicación informan que la Junta de Castilla-La Mancha estudia en estos días la posibilidad de privatizar cuatro montes de Utilidad Pública, patrimonio de la Junta. Organizaciones ecologistas, asociaciones de profesionales forestales y de científicos han manifestado conjunta y públicamente su oposición al tema, en una llamada a la unidad en defensa de nuestro patrimonio natural, amenazado no solo en esa Comunidad.
¿Estamos ante nuevos episodios de desamortización – deforestación?
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Alberto Madrigal Collazo es Profesor Titular de Ordenación de Montes y de Selvicultura desde 1970, siempre en la UPM, de la que es Profesor Emérito desde 2010. Investigador en las citadas materias en el INIA y en la UPM. Autor de numerosas publicaciones, consultor de organismos internacionales, ha participado habitualmente en congresos nacionales e internacionales.
La deforestación fue una de las nefastas consecuencias de las desamortizaciones masónicas. Otro fue el empuje a la miseria de tantos paisanos que vivían desde tiempos de la repoblación medieval de los productos de los montes comunales, castañas, bellotas, setas,caza, pesca, que por eso, por ser comunal, es decir para todos, los ayuntamientos ponían a disposición de los vecinos. De la noche a la mañana, fue ilegal lo que secularmente era la costumbre. Esto empujó a una emigración miserable a las ciudades. (Luego se quejan del auge anarquista en los finales del S XIX)
Otra espantosa consecuencia fue la ruina de los monasterios con su carga artística de siglos de arte y ruina de muy notables edificios, aparte de la arbitrariedad en la expulsión de sus legítimos propietarios, las órdenes religiosas que tanto bien hacían en las poblaciones en que radicaban.
En fin, que así se escribe la historia.
Al personal le importa una higa las desamortizaciones, lo que supuso de deforestación etc aunque luego le dé al flower-power y esté todo el día comiendose el «tarro» con el cambio climático.
Tampoco les importa la diferencia entre bienes publicos y comunales, que fue la razón de ser de la legendaria conservación forestal ibérica y su riqueza en biodiversidad.
Es muy triste hablar de estas cosas y que nadie te haga caso.
Bien por el artículo.