Las (no tan distintas) decisiones de IU en Andalucía y Extremadura

Pudiera parecer que, en julio de 2011 y mayo de 2012 respectivamente, las federaciones extremeña y andaluza de Izquierda Unida tomaron decisiones distintas, incluso antagónicas, ante el cambio de ciclo político acontecido en ambas regiones, cuyos electores coincidieron tras haber sido ininterrumpidamente gobernados por el Partido Socialista desde la aprobación de sus Estatutos de Autonomía en 1983 y 1981 en otorgar sendas mayorías relativas al Partido Popular y en confiar a Izquierda Unida las llaves de la gobernabilidad en los parlamentos de Mérida y Sevilla.

Existen, es cierto, notables diferencias entre las decisiones extremeña y andaluza. Izquierda Unida de Extremadura permitió con su abstención gobernar al ganador Partido Popular y no participa directamente en el Gobierno autonómico, aunque negocia estrecha y privilegiadamente su actividad legislativa y ejecutiva en distintas áreas.

Izquierda Unida de Andalucía votó favorablemente la investidura del candidato del perdedor Partido Socialista y ocupó tres carteras y una vicepresidencia de su gobierno. La decisión andaluza, también en este apartado de diferencias, contó con todas las bendiciones de la dirección federal de Izquierda Unida, que pocos meses antes había mostrado la mayor contrariedad y había desplegado, infructuosamente, toda su capacidad de presión frente a la extremeña.

Pero, más allá de estas evidentes y bien aireadas diferencias, es importante también subrayar las semejanzas entre las decisiones tomadas y los rumbos enfrentados por las federaciones extremeña y andaluza de Izquierda Unida. En el momento álgido de la peor crisis económica y política y de la más extendida y radical oleada de conflictividad social vividas en España desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, Izquierda Unida optaba tanto en Mérida como en Sevilla por convertirse en un factor de estabilidad para gobiernos de uno u otro de los dos grandes partidos de un sistema político sometido a un descrédito y una desafección ciudadanas sin precedentes, expresados por activa en calles cada vez más repletas de manifestantes y por pasiva en urnas cada vez más vacías de votos.

Tras un lustro de caída libre económica, social y política, y en medio de continuas expresiones masivas de descontento social (15-M, 19-O, primavera valenciana, 25-S, mareas verde y blanca, movimiento antidesahucios, 22-M,…), viene cobrando cuerpo entre la sociedad civil organizada y las bases activistas de la izquierda política la hipótesis de que, más allá de la lucha puramente defensiva contra las políticas de austeridad y de la crítica del bipartidismo y la corrupción, existe una ventana de oportunidad para tomar la iniciativa e impulsar, por un lado, cambios sustanciales en la misma estructura del sistema económico y político establecido en la Transición española, y por otro, una posición abiertamente antagonista frente a las instituciones y directrices de la Unión Europea neoliberal. Izquierda Unida dice a menudo compartir estas conclusiones, pero su verdadero diagnóstico, a la luz de sus decisiones donde, como en Extremadura o Andalucía, su representación parlamentaria le permite acceder a cuotas importantes de protagonismo institucional, parece ser otro.

Aunque su interlocutor haya sido distinto, Izquierda Unida ha antepuesto en Extremadura y Andalucía la negociación al conflicto, buscando mitigar en sus respectivos territorios el impacto de las políticas de austeridad sancionadas al unísono por ambos grandes partidos. Difícilmente puede pretenderse que lo hayan conseguido. Ambas regiones siguen padeciendo cifras récord, a escala estatal y europea, de desempleo y pobreza. En ambas se han ejecutado sustanciales recortes presupuestarios en sanidad, dependencia, educación, cultura y otros servicios públicos esenciales, en ambas se han cumplido los techos de gasto público establecidos por Madrid y Bruselas y ambas han abonado puntualmente sus abultadas cuotas de deuda financiera.

En Extremadura, el gobierno del Partido Popular mantiene congelada mediante un intrincado reglamento la aplicación de una Ley de Renta Básica, presentada por Izquierda Unida como su principal empeño de legislatura en materia de política social y que, casi un año después de su aprobación, apenas alcanza a un puñado de familias extremeñas. En Andalucía, el desalojo de la sevillana Corrala Utopía ha puesto en entredicho el compromiso del PSOE andaluz con la aplicación de una Ley de Vivienda que, de modo análogo a la Ley de Renta Básica en Extremadura, es presentada por la Izquierda Unida andaluza como el mejor fruto de su estrategia política.

Así pues, las pretendidamente antagónicas decisiones de Izquierda Unida en Extremadura y Andalucía no lo son tanto. Parece subyacer a ambas un mismo análisis de la coyuntura, según el cual no existiría tal ventana de oportunidad ni para la confrontación directa con las políticas de austeridad en Europa ni para la apertura de un proceso constituyente en España, y sólo hay margen para prudentes políticas defensivas desarrolladas al amparo de las escasas y cada vez más difuminadas conquistas incorporadas por las fuerzas democráticas al sistema constitucional de 1978. Un análisis que parece ignorar o despreciar los enormes daños inflingidos por la crisis al sistema institucional y la cultura política dominante, y la igualmente enorme potencia reiteradamente demostrada por la contestación social a partir del 15 de mayo de 2011, hoy lastrada en su despliegue precisamente por la ausencia de un referente electoral -ese en que la propia IU parece no atinar a convertirse- que extienda su malestar y sus exigencias de cambio al campo institucional.

Guiada por ese análisis, y a cambio de mínimas concesiones, Izquierda Unida ha quedado descolgada de los movimientos sociales y la opinión pública crítica más dinámicos, cuyas principales demandas (auditoría e impago de la deuda, nacionalización de entidades financieras, reversión de privatizaciones,…) y cuya decidida apuesta por la acción directa y la autoorganización resultan difícilmente compatibles con las estrategias de concertación defensiva de IU hacia uno u otro de los grandes partidos. Tanto en Extremadura como en Andalucía, la complicidad de Izquierda Unida con las políticas gubernamentales ha debilitado y problematizado la contestación a las políticas neoliberales y la degeneración del sistema político, a beneficio de PP y PSOE y en detrimento tanto de los movimientos sociales como de la propia IU, que se han visto igualmente privados del positivo efecto que la sinergia de plazas e instituciones les hubiera deparado, en términos tanto de potencia como de legitimidad.

En octubre de 2013 el Partido de la Izquierda Europea anunció, precisamente en la sede madrileña de Izquierda Unida, la candidatura del lider de la Syriza griega, Alexis Tsipras, como su candidato a la presidencia de la Comisión Europea. Una noticia sin duda grata pero no exenta de contradicciones, porque si la coalición griega ha sido capaz de consolidarse ideológica, organizativa y electoralmente y ser hoy una alternativa factible de gobierno (con porcentajes de intención de voto del 25-30%, aproximadamente el doble que IU) ha sido gracias a su oposición radical e incondicional a las políticas de ajuste, a su reiterada negativa a participar en gobiernos dirigidos por uno u otro gran partido del sistema político tradicional y a su fecunda complicidad e interpenetración con los sectores y sujetos sociales más movilizados de la sociedad griega (un imprescindible proceso de mutua apertura y mestizaje frente al que en España importantes sectores tanto de IU como de los movimientos sociales han evidenciado, antes y sobre todo después del 15 de mayo de 2011, enormes reticencias).

Difícilmente puede pretenderse, pues, que votar hoy a Izquierda Unida en Extremadura, en Andalucía o en cualquier otro territorio del Estado sea un gesto equivalente a votar a Syriza en Grecia. Para que tal equivalencia fuera un hecho cierto y no un mero reclamo propagandístico, acuerdos de gobernabilidad como el extremeño o de gobierno como el andaluz deberían ser sustituidos de inmediato por una estrategia decidida y desinhibidamente antagonista, tendente no a evitar a cualquier precio, sino a confrontar con éxito, gobiernos de concentración bipartidista como el griego, que delimiten con mayor veracidad los terrenos y sujetos del conflicto social en curso, hagan transparente a la vista de las grandes mayorías sociales la profundísima degradación moral, intelectual y política del régimen neoliberal y permitan una acción crítica y transformadora mucho más clara, coherente y contundente por parte de quienes aspiramos a su superación.