El acuerdo comercial con EEUU amenaza con expandir el fracking

Samuel Martín Sosa, Hector de Prado // Los derechos abusivos que se prevé otorgar a las corporaciones al calor de los tratados que actualmente negocia la UE con el continente norteamericano podrían conducir a una expansión masiva del fracking y a un punto de no retorno en el camino hacia el suicidio climático y ambiental europeo.

El cuadro general de la energía y el clima

Cuando la Comisión europea anunció en enero de este año su propuesta de climática para el año 2030, estaba haciendo toda una declaración política y enviando señales nítidas a Canadá y Estados Unidos. Con ellos negocia actualmente sendos acuerdos bilaterales de comercio e inversión que buscan principalmente eliminar barreras «no arancelarias»: es decir, persiguen acometer una homologación de legislaciones a la baja, también en materia ambiental, para facilitar el desembarco de inversiones agroalimentarias, energéticas, etc.

Las señales de la Comisión decían: «Tranquilos, vamos a establecer unos objetivos mínimos de reducción de CO2 y de renovables y no vamos a imponer restricciones al fracking, para así dar vía libre a vuestros combustibles fósiles no convencionales en el continente europeo«. Hablaban de combustibles como las arenas bituminosas de Canadá o el gas de esquisto, de gran impacto climático y ambiental. Ambos inviables en una Europa con unos objetivos estrictos de reducción de emisiones o unos retos auténticos de avance hacia el cambio de modelo energético.

Mecanismo coercitivo y disuasorio

¿Puede un árbitro con conflictos de intereses, actuando en un tribunal internacional privado, ajeno al control democrático de un país, dictar la política ambiental o energética del mismo, o incluso la de un continente entero? Europa, con la negociación de estos tratados, se acerca a esta pesadilla.

Estos tratados prevén incorporar un mecanismo que permite a las corporaciones reclamar una indemnización por daños y perjuicios ante tribunales de arbitraje dependientes de organismos como el Banco Mundial, si consideran que sus beneficios económicos o incluso sus expectativas de ganancias futuras, pueden verse afectados por las leyes o políticas establecidas por un país.

No es política ficción. Este mecanismo tiene un protagonismo creciente en los acuerdos comerciales y el componente ambiental es importantísimo. De los 169 casos pendientes de resolución en el ICSID (Centro internacional del Banco Mundial de arreglo de diferencias relativas a la inversión), el 37,5% están relacionados con el petróleo, el gas o la minería.

El caso Vatenfall es uno de los más relevantes. Esta empresa sueca exigió por esta vía 3.700 millones de euros alegando enormes pérdidas, debido al cierre nuclear anunciado por Alemania tras Fukushima. Ya en 2009, la empresa había conseguido que Alemania redujera las salvaguardas ambientales que afectaban a una de sus plantas de carbón tras exigir una indemnización millonaria.

Abriendo las puertas al fracking en Europa…

El fracking está en el punto de mira. Pongamos el ejemplo de Cantabria. Su gobierno, elegido democráticamente, ha decidido prohibir esta técnica en su territorio para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente. Una empresa norteamericana que entendiera que esta decisión afecta a sus intereses de explotación de gas de esquisto, podría exigir una indemnización ante dichos paneles de arbitraje. Una multa cuantiosa ejerce un efecto coercitivo indudable para eliminar dicha prohibición y un efecto disuasorio innegable para cualquier gobierno que hubiera pensado seguir esos pasos. El resultado final es un juez de arbitraje condicionando la política ambiental de un territorio, pisoteando de paso el derecho a decidir de las comunidades.

Lone Pine Resources pretendía explotar yacimientos de gas en Quebec. La moratoria que había planteado sobre el fracking esa provincia en 2011 iba contra estos planes. En 2012 la empresa, presentó una demanda millonaria contra Canadá en base al tratado NAFTA.

…Y potenciando aún más su desarrollo en EEUU

La perforación de decenas de miles de pozos nuevos cada año ha dejado en EEUU un rastro de degradación ambiental, afecciones sobre la salud y destrucción de la paz social.

El fracking hace soñar a EEUU con convertirse en exportador de gas natural, y Europa, ávida de una energía que no produce, mira al continente norteamericano para diversificar sus fuentes de importación. El acuerdo con EEUU facilitaría enormemente estas importaciones de gas que, de otro modo, encontraría enormes trabas burocráticas. Esto significaría también más fracking en el país americano, para poder satisfacer la demanda europea.

Dictadura de las corporaciones

La lectura de todo esto es clara: un acuerdo de este tipo puede sin duda limitar la capacidad de los gobiernos para regular el desarrollo y expansión del fracking y, desde una perspectiva más amplia, puede socavar y condicionar las medidas de los gobiernos para luchar contra el cambio climático y proteger a la ciudadanía y al medio ambiente. Además, estos acuerdos puentean e ignoran la voluntad popular, que en Europa se ha manifestado alto y claro contra esta técnica, a pesar de la dura represión de los gobiernos, como vemos estos días en Reino Unido o Rumanía.

Estaremos al final sometiéndonos, sin que la ciudadanía tenga plena consciencia de ello, a una dictadura de las corporaciones donde los gobiernos actúan de lacayos. Es la perversión de la democracia en estado puro.

*Samuel Martín-Sosa es Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción
*Hector de Prado es Responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra