El negocio oculto de la seguridad en España

Los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 determinaron una nueva política de seguridad y defensa mundial. Por una parte, Estados Unidos, y las fuerzas de la coalición, invadieron y ocuparon Afganistán (2001) e Iraq (2003). Por otra parte, se creo la política Homeland Security, o lo que denominaríamos como Seguridad Ciudadana. La ley de Seguridad Ciudadana de Estados Unidos fue aprobada meses después de los ataques a las torres gemelas para defender al país del terrorismo. Sin embargo, hoy incluye otras amenazas como la inmigración, la ciberdelincuencia o el crimen organizado. Organizaciones y movimientos pro-derechos humanos denunciaron, desde el principio, que estos nuevos marcos legales reducían la privacidad de la ciudadanía al aumentarse los sistemas de vigilancia y control masivo de datos, y reforzaba los poderes del Estado para proteger elementos de especial interés para el país.

Este nuevo marco estratégico de seguridad, liderado por Estados Unidos, se ha extendido a otros países del mundo. Las líneas divisorias entre lo que es política exterior de defensa y seguridad doméstica se difuminan, y este proceso está siendo aprovechado por nuevos actores “legales” armados: las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP). La punta de la lanza del fenómeno de la privatización de la guerra y la seguridad.

G4S, la empresa militar y de seguridad privada más grande del mundo

El caso más paradigmático es la empresa británica G4S. Con sus 620.000 empleados operando en más de 125 países, es considerada la segunda empresa que más trabajo da en el mundo tan sólo detrás de la cadena norteamericana Walmart. Ofrece servicios tan diversos como protección de empresas energéticas (petróleo, gas, minería), servicios  de inteligencia, anti-piratería, formación de cuerpos de seguridad nacional, transporte de prisioneros y apoyo en combate, entre otros.

La organización War on Want ha venido denunciando en la campaña Stop G4S el papel clave que esta corporación juega en la ocupación de Palestina, concretamente con la provisión de equipos y sistemas de seguridad para prisiones, checkpoints y policía fronteriza israelí.

Según las investigaciones del Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) en el marco de la campaña Control PMSC, las EMSPs han participado en operaciones de combate y apoyado a los ejércitos de Estados Unidos y la Coalición en Iraq y Afganistán. Todo sin ninguna regulación internacional o nacional que supervise las actividades, obligue a la reparación de daños a las víctimas de violaciones de derechos humanos o establezca unos protocolos de actuación, selección y formación de personal de las EMSPs.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil internacional por detener el negocio de la guerra, se ha iniciado un proceso de transformación de la industria militar para mantener las cuotas de poder y beneficios. Esta reestructuración se refleja en una alianza estratégica entre el sector militar, las empresas de seguridad privada y la industria tecnológica, incluyendo instituciones universitarias. Todo ello con el apoyo de gobiernos que alimentan el mercado emergente de la seguridad.

Israel, el mejor del mundo

Israel, el país más militarizado del mundo por número de habitantes, ha desarrollado una ventaja comparativa en la producción de armamento, sistemas de seguridad y tecnología de doble uso (militar y civil). Este desarrollo se debe a la tensión en Oriente Próximo y sobre todo, a la ocupación de Palestina. Los territorios ocupados son un laboratorio donde Israel prueba sus nuevos productos y sistemas, para luego ponerlos en el mercado más rápidamente que sus competidores. Además, Israel utiliza sus operaciones militares como escaparate internacional de sus armas. Después del bombardeo de Líbano en 2006, España firmó con Israel el mayor acuerdo en materia militar y de defensa de su historia, incluyendo contratos específicos con las tres empresas que más se benefician de la ocupación del pueblo palestino: Rafael, Elbit Systems e Israel Aerospace Industries.

Negocios Ocultos entre España e Israel

La campaña No más Complicidad con Israel  presentó el pasado mes de febrero el informe Defensa, Seguridad y Ocupación como Negocio para denunciar las relaciones en materia armamentística, defensa y seguridad entre España e Israel. Uno de los aspectos principales que destaca el informe es la gradual invasión de EMSPs israelíes en nuestro Estado, lo que supone el inicio de la privatización de la guerra y la seguridad en nuestro país.

El informe desvela como en 2012 la Comisión de Interior del Congreso español aprobó una iniciativa para estudiar la posibilidad de que contratistas privados substituyeran a funcionarios públicos en los controles de acceso y control de cámara en las prisiones del país. La iniciativa propuesta por Convergencia i Unió fue apoyada por el Partido Popular. Es interesante ver como en 1994 la EMSP Israelí Tenba TB, con estrechos lazos con Jordi Pujol, fue contratada para implementar un nuevo sistema de seguridad en el centro penitenciario de Lleida. El sector de las prisiones será una oportunidad de negocio para EMSPs israelíes e internacionales como G4S.

Por su parte, las universidades españolas tienen numerosos acuerdos con universidades y centros de investigación israelíes. Es clave entender el rol que el sector académico e I+D juegan en la industria militar. El desarrollo tecnológico permite mejorar los sistemas de vigilancia como drones de última generación o control de población a través de internet. Algunos de los casos más interesantes son: el Proyecto CAPER, desarrollado por un consorcio entre los Mossos d’Esquadra, la Universidad Autónoma de Barcelona, Guardia Civil, el Ministerio de Seguridad Pública Israelí y el Technion-Israel Institute of Technology, para el desarrollo de una plataforma virtual para la lucha contra el crimen organizado a través de la extracción masiva de datos de internet; o también  el proyecto DESURBS, que analiza y diseña herramientas para la detección de amenaza urbanas, utilizando las ciudades de Jerusalem, Nottingham y Barcelona como casos de estudio, entre otros. Las campañas Complicidades que Matan y el boicot académico a Israel muestran y denuncian estos acuerdos.

Nos encontramos en una nueva fase de la seguridad, ya no como bien público sino privado, donde nuestros Gobiernos subcontratarán a empresas extranjeras que violan los derechos humanos en Palestina, Iraq y/o Afganistán, para asegurar el orden y la estabilidad en nuestra sociedades. Estas nuevas EMSPs identificarán como amenazas “internas” aquello que los gobernantes determinen.

No es casual que este proceso de privatización de la seguridad llegue en un momento de protesta social, donde se exige debatir y buscar soluciones alternativas a las instituciones políticas y económicas que nos han llevado a esta crisis moral y financiera. Los proyectos de ley de seguridad ciudadana y privada en España tienen por objetivo adecuar el concepto de Homeland Security, abrir las puertas a las EMSPs, especialmente israelíes, y proteger a las elites financieras y políticas de la inmensa mayoría de la ciudadanía.

*Felipe Daza es Codirector de NOVACT