Pueblos Unidos denuncia el uso “abusivo” del envío de inmigrantes a los CIE

MADRID // Las ONG Pueblos Unidos y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han presentado esta mañana su informe Criminalizados, internados, expulsados, un documento que analiza la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2013. En este año los autores del documento han decidido no centrar su análisis en la situación de estos centros sino en quién y por qué llega a ellos, es decir, los criterios de acceso a los CIE que utiliza la policía.

La conclusión que sacan es clara, las garantías que aparecen en las normas no se cumplen en la práctica. Como explica Cristina Manzanedo, del servicio jurídico de Pueblos Unidos, en el papel las expulsiones no son automáticas sino que requieren una investigación caso a caso. Tampoco es automática la entrada de una persona en situación irregular en el CIE, ya que esta restricción de libertad es una medida de última instancia, “de tan último recurso que incluso requiere autorización previa”, argumenta la abogada.

Además denuncian que el Ministerio del Interior hace un uso «abusivo» del envío de inmigrantes en situación irregular a los CIE, y las personas que son llevadas a estas dependencias se encuentran en una situación de «indefensión» y sin la asistencia sanitaria adecuada. De hecho, aseguran que un 37% de los internos que han visitado del CIE fueron puestos en libertad frente a un 35% de expulsados. Esto demuestra, según indica el informe, que «se abusa del internamiento como medida cautelar, sin que en muchos casos haya perspectivas razonables de que vaya a poder ejecutarse dicha expulsión«.

Según los autores la existencia de autos en los que se ordenan el internamiento de 50 personas a la vez es una muestra de que el necesario tratamiento individualizado no se da. Durante su investigación Pueblos Unidos y SJM han encontrado a personas con necesidades de protección que no han sido atendidas como por ejemplo refugiados, menores, mujeres víctimas de la trata de personas o enfermos crónicos.

“El internamiento no es como una infracción de tráfico en la que si te saltas la norma te multan sin tener en cuenta tus circunstancias, aquí hay que analizar la circunstancia de cada caso en particular”, defiende Manzanedo. Algunas de esas circunstancias y los contextos específicos de las personas que acaban en los CIE están recogidas en el documento. Se dan casos incluso de detenciones de personas cuya orden de expulsión fue emitida tres años antes “y no se tiene en cuenta qué ha pasado en esos tres años, si la persona ha presentado una solicitud de arraigo, si ha tenido hijos, etcétera”, comenta Daniel Izuzquiza, coordinador de incidencia pública de Pueblos Unidos.

En el informe también se recuerda que en los CIE lo que se produce es una privación de libertad pero por una falta administrativa, por no tener permiso de residencia o de trabajo, no por un delito penal. Según Cristina Manzanedo el Tribunal Constitucional admitió en su día esta posibilidad de privar de libertad por causas administrativas con la condición de que existiera la mencionada valoración individual. En su ausencia, “el auto de internamiento se ha convertido en una ratificación formal de la solicitud de la policía, por lo que hay una parte de responsabilidad de los jueces”, defiende la abogada.

Además de exigir un mayor desempeño a la labor judicial, durante la presentación del informe, los participantes rogaron una mayor aplicación en su labor a los abogados de oficio que defienden a los internos. También pidieron que estos letrados tengan la posibilidad de mejorar sus conocimientos en el área y que se les dote de unas condiciones necesarias. Con respecto al Ministerio de Interior, Izuzquiza defendió que, “a pesar de sus lagunas”, el nuevo reglamento de los CIE “es mejor que no tener ninguno, lo que permitía la discrecionalidad en cada centro según su director”.

Otra de las peticiones del informe, además de mejorar las condiciones de los centros y el comportamiento de la policía, muchas veces xenófobo según recoge, es que la instrucción de las ordenes de internamiento pase de los juzgados penales a los sociales “para evitar la criminalización de los migrantes”.

Los impulsores del estudio apuestan porque se inicie la búsqueda de alternativas al internamiento en los CIE, un campo sin explorar según ellos en España, y que la entrada en estos centros sea, como dice la ley, la última herramienta a la que acudir.