Parches contra la pobreza en el Parlament de Catalunya

Ampliar el periodo de carencia para las familias que no pueden pagar los recibos de la luz, el gas y el agua hasta fin de año –manteniendo sin embargo la deuda-, y cubrir el 100% de la ayuda de becas comedor para aquellas que se encuentren en situación de pobreza extrema. Estas son las dos principales medidas acordadas, con los votos de CiU y ERC, en el pleno monográfico extraordinario contra la pobreza que ha tenido lugar esta semana en el Parlament de Catalunya.

Unos resultados que las entidades sociales consideran completamente insuficientes para afrontar la problemática, hasta el punto de que la presidenta de la Taula del Tercer Sector, que las agrupa, declaraba este jueves por la tarde en 8tv que “si alguna persona en situación de pobreza hubiese estado durante el pleno del Parlament se hubiera levantado y se hubiera ido”.

La cámara catalana también ha aprobado solicitar a los municipios a revisar sus ordenanzas municipales para no criminalizar la pobreza e instar al Govern a continuar con la reforma de impuestos para distribuir mejor la riqueza, pero sin la concreción que reclamaban las entidades, que reclaman apostar por actuaciones transformadoras basadas en la redistribución a partir de una fiscalidad justa y progresiva y la lucha contra el fraude.

El pleno ya comenzó condicionado tras las palabras del portavoz del Govern, Francesc Homs, que previamente a la celebración del pleno monográfico, avanzó que la Generalitat no destinaría un euro más de lo presupuestado a la lucha contra la pobreza: “Si alguien dice que es un debate para aprobar nuevos gastos, simplemente habrá engañado”, afirmó Homs. Unas declaraciones de las que se quiso desmarcar ERC, que por voz de su portavoz adjunto en el Parlament, Oriol Amorós, defendió que los presupuestos “no son una roca inmutable”.

PSC, ICV-EUiA y la CUP forzaron la celebración del pleno monográfico sobre pobreza, que fue aceptado finalmente por CiU. Los tres partidos recibieron el lunes a una delegación de las entidades sociales catalanas, que no han podido participar en el pleno por el veto de la Mesa del Parlament, que alegó limitaciones en el reglamento. El portavoz del grupo de ICV-EUiA, Joan Herrera, espetó a la bancada del Govern durante su intervención del miércoles que “si hubiesen intervenido las entidades les habrían hecho avergonzarse”.

Dos de cada diez catalanes en riesgo de pobreza

Y es que el panorama social resultante de seis años de recesión económica deja datos preocupantes. Dos de cada diez catalanes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. En agosto del año pasado, el Síndic de Greuges (defensor del pueblo), Rafael Ribó, alertó en un informe que cerca de 50.000 niños y niñas sufren privaciones alimentarias en Cataluña como consecuencia de la escasez de recursos de sus familias, que impiden garantizar una alimentación adecuada. “No se puede decir que los niños en Cataluña pasen hambre, pero sí hemos constatado decenas de miles de casos de malnutrición infantil”, aseveró el Síndic.

En la línea de la advertencia efectuada por la Comisión Europea el pasado mes de enero, que señalaba el incremento de personas que, a pesar de estar trabajando, se encuentran en riesgo de pobreza, el sindicato UGT reveló este lunes que unos 515.000 catalanes con trabajo viven por debajo del umbral de la pobreza, un 17,5% más que en el 2008.

El mismo día, la presidenta de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica, Anna Pedraza, alertó de que cada vez son más las madres malnutridas que no pueden dar el pecho a sus bebés y que se ven forzadas a pedir leches artificiales adaptadas a las entidades sociales.

Las entidades sitúan como prioridad garantizar unos ingresos mínimos a las familias que actualmente no reciben ningún tipo de ingreso, especialmente las que tienen menores a cargo. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno central a la pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, Cataluña tiene 95.100 hogares que no perciben ningún ingreso, lo que la sitúa como la segunda comunidad con más hogares sin ingresos, por detrás de Andalucía. “En una sociedad con recursos es una injusticia total”, valora la presidenta de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Teresa Crespo.

Garantizar unos ingresos mínimos

Para ello, las entidades sociales apuntan a la necesidad de garantizar una cobertura adecuada de la Renta Mínima de Inserción. Asimismo, también defienden la implantación de una Renta Garantizada de Ciudadanía, para la cual se está llevando a cabo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Asegurar que las becas comedor cubran el 100% en los casos de las familias sin recursos -que finalmente se ha acordado en el pleno-, dar un giro a las políticas de ocupación de la Generalitat y aprovechar los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para acoger a las familias que se han quedado sin hogar son otras de las cuestiones que consideran “urgentes”en la lucha contra la pobreza.

“En estos momentos, las urgencias sociales se las están cargando los ayuntamientos, la Generalitat debería ser más corresponsable en este tema. Este debate es una oportunidad para tomar conciencia sobre que es la pobreza y como está implantada en nuestra casa, y a partir de aquí poder actuar, porque lo que estamos haciendo no es suficiente”, señala Crespo, que expresa una “cierta decepción” por no haber podido participar en el pleno: “Se defendieron detrás de la normativa, que no lo prevé. Hay cosas en las que a veces se puede hacer una excepción, y no se hizo. No se ha sabido valorar la oportunidad política”.

Los argumentos expresados por el Govern durante la sesión parlamentaria del miércoles apuntaron de nuevo a Madrid y a la herencia recibida del Tripartito. El president de la Generalitat, Artur Mas, achacó a la falta de autogobierno las dificultades de la Generalitat para frenar la pobreza. Según mantuvo Mas, si el Gobierno central hubiese repartido el déficit de forma “justa”, Cataluña tendría 2.000 millones de euros más para dedicarlos a políticas sociales.

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