Navarra desmantela su estructura de protección medioambiental

MADRID// “Todos los grupos, excepto UPN y el PP, han pedido que comparezcamos este jueves para explicar por qué no debe cerrarse el CRANA”, cuenta uno de los portavoces del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, Adolfo Jiménez. El motivo, los brutales recortes en el área de Medio Ambiente que anunció el pasado 22 de enero la Administración que preside Yolanda Barcina (UPN). Mediante una nota de prensa,  el Ejecutivo navarro hizo público que habían aprobado “la reducción de las fundaciones que dependen del Gobierno de 12 a 4”, entre las que están la Fundación para la Formación en Energías Renovables, que pasará a ser una empresa privada, y el CRANA. Con estas medidas prevé ahorrar 940.000 euros anuales.

A pesar de la envergadura de estos recortes, Jiménez asevera que no se ha hecho público ningún informe que refleje qué ha llevado al gobierno navarro a actuar de esta manera. Por este motivo, explica, durante su comparecencia en el Parlamento, “vamos a pedir que se hagan públicos los informes que justifican el cierre y también los que detallan cómo va a ser el proceso por el que el Gobierno tiene pensado asumir nuestras funciones”. Además, van a solicitar a todos los grupos que voten en contra del cierre de la fundación, algo a lo que “en principio todos ellos, menos UPN y PPN, nos han dicho que sí, por lo que tendríamos mayoría. Otra cosa es que luego el Gobierno siga haciendo lo que le parezca”.

La tercera cuestión que tenían pensado proponer era una ponencia parlamentaria para abordar no solo el caso de CRANA, sino también el “ataque generalizado» a las políticas ambientales, aunque este asunto está detenido temporalmente. “Ahora mismo hay una comisión de investigación y es posible que se convoquen elecciones o que haya moción de censura y caiga el Gobierno, por lo que lo que vamos a solicitar a los diferentes grupos parlamentarios es que se comprometan públicamente a mantener el CRANA en el caso de que salga un nuevo Gobierno”.

“Navarra vive de publirreportajes”

Tal y como afirma el portavoz de CRANA, “Navarra tiene un reconocido prestigio en los temas de medio ambiente y se lo están cargando poco a poco. Este prestigio puede estar motivado por causas reales, porque hay cosas que se han hecho muy bien, y otras no tanto, pero en principio sí es un poco incomprensible”. Sin embargo, el presidente de la Asociación Navarra de Guardas Forestales (ANGF), José Antonio Pérez-Nievas, considera que este prestigio es impostado. “Navarra vive de publirreportajes”, afirma. “Las leyes ambientales son de antes de 1995. Además, en esta comunidad hubo un antes y un después de lo que ocurrió con el pantano de Itoiz en lo relativo a la política medioambiental“.

Se refiere a las obras de construcción del embalse de Itoiz, que provocaron una enorme polémica ya que afectaban a tres enclaves calificados como reservas naturales (Poche de Chinchurrenea, Foz de Gaztelu y Foz de Iñarbe) y a dos zonas de especial protección de aves reconocidas por la Unión Europea. La controversia llegó en 2004 al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, nueve años después del inicio de las batallas legales, que acabó dándole la razón al gobierno navarro.

Según Pérez-Nievas, desde el momento en el que se iniciaron estas obras, la política en materia de medio ambiente comenzó a cambiar, lo que, a pesar de que no ha provocado el fin del trabajo de los guardas forestales, sí que ha mermado mucho su calidad. “No nos tienen en cuenta –lamenta el presidente de la ANGF-. Si lo hicieran, al menos, se cubrirían las jubilaciones. Sin embargo, por cada 10 personas que se jubilan contratan a un funcionario. En 1995 éramos 140 personas y ahora 116. Y con previsión de que en 2014 se retiren otros 10 trabajadores más”.

No parece que estos puestos de trabajo vayan a cubrirse, a juzgar por la intención de la Administración foral de aplicar significativos recortes en el área de Medio Ambiente. La Marea ha contactado con el Gobierno de Navarra, desde donde remitieron a este diario a la nota de prensa que publicaron para explicar el motivo y alcance de estos recortes. En esta nota de prensa afirman que debían “continuar con el proceso de adelgazamiento de estructuras para hacer la Administración menos gravosa al ciudadano y más eficiente”. En la práctica, este proceso de adelgazamiento supondrá la eliminación del 66% de las estructuras que existen actualmente. Las funciones que venían desempeñando las estructuras abocadas al cierre “se realizarán con medios propios, por funcionarios de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, de manera que se mantengan las prestaciones que ahora se realizan por terceros pero a un coste muy inferior”.

Sin embargo, tanto Pérez-Nievas como Jiménez dudan de que puedan hacerlo. “Navarra es una comunidad que está a niveles europeos de renta per cápita y de calidad de vida”, sostiene el presidente de la ANGF. “Y en Europa, el medio ambiente y el desarrollo sostenible está muy bien asumido por parte de las administraciones. Pero en Navarra, en lugar de desarrollar un departamento de Medio Ambiente han potenciado otras empresas privadas, por lo que el número de funcionarios es escaso. Es imposible que esos funcionarios, que ya están saturadísimos de trabajo, que son pocos y no se cubren sus vacantes, se hagan cargo del trabajo de todas las áreas que van a cerrar o en las que van a recortar. Es una falacia, es intentar engañar a la gente”, afirma.

Para ilustrarlo pone como ejemplo la Ronda Central, una de las doce demarcaciones en las que están distribuidos los guardas forestales de Navarra. Esta demarcación, especializada en cuestiones de pesca, se encarga de elaborar muestreos dirigidos por un investigador independiente, controles o repoblaciones de truchas y salmones. “Son siete personas y este año se jubilan cinco –señala Pérez-Nievas-. Es decir, que esta demarcación se va a reducir a dos personas porque las plazas no se van a cubrir, lo que significa que van a desaparecer. ¿Quién va a hacer ese trabajo, una empresa privada? Esto lo tiene que gestionar una empresa pública que no tiene el interés de lucrarse, sino que busca el servicio público en interés de todos”, defiende.

Por su parte, Adolfo Jiménez considera que “hay muchas funciones que el Gobierno no puede asumir”. Primero, en la línea de lo argumentado por Pérez-Nievas, porque no tiene medios para hacerlo. “Pero además, es que el CRANA es una especie de puente entre la Administración y los entes sociales, empresas o asociaciones, para procesos de participación o temas controvertidos. El Gobierno no puede hacer algo así porque siempre van a ser parte y se necesita una figura equidistante para solucionar los problemas que puedan surgir“, asevera.

Entre las tareas que CRANA debía desarrollar se encontraban las de formación para funcionarios, apoyar al Gobierno para la ambientalización de las políticas públicas, o la elaboración de programas para mejorar la eficiencia energética y la gestión de los recursos en edificios públicos. Por otro lado, cuenta Jiménez, “también trabajamos con colegios para desarrollar planes desarrollo sostenible, con mancomunidades con las que estamos haciendo un plan de residuos, las empresas privadas, sobre todo pymes, en planes de ambientalización”. Además, estaban trabajando con más de 800 residencias en un programa llamado “Hogares Kyoto”, para que se comprometieran a hacer una gestión sostenible de sus casas. “Todo esto es lo que se va a perder si nos cierran”, lamenta Jiménez.

Aún tiene solución

La continuidad de las políticas ambientales cada vez parecen estar más en peligro, a lo que se le suma la incertidumbre en la que muchos de los actuales trabajadores se encuentran. El portavoz de CRANA asevera que no tienen “ninguna información de cómo se va a cerrar esta fundación. No tenemos ningún informe, ni nosotros ni nadie porque no lo han hecho público, que diga los motivos por los que lo quieren cerrar ni de cómo se van a transferir nuestras funciones al departamento de Medio Ambiente. Es vergonzoso”.

Dada la relevancia de la labor de formación y educación del CRANA, a raíz del anuncio de su cierre han recibido multitud de apoyos. Primero, de las casi 4.000 firmas que han recogido en la petición lanzada en change.org para pedir que se evite su cierre. Pero también de distintas instituciones relacionadas con el Medio Ambiente,  tanto de dentro como de fuera de su Comunidad. Es el caso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o la Fundación de la Cultura del Agua, además de diferentes entidades de educación ambiental de varias CCAA.

Sin embargo, para Jiménez, “lo más sorprendente es que muchos de los apoyos que hemos tenido en Navarra han sido de alcaldes de UPN que nos han llamado para decirnos que no están de acuerdo con la decisión de su partido en el Gobierno de cerrar CRANA y que, aunque no pueden decirlo públicamente, intentarán presionar internamente para que se reconduzca la situación”.

A pesar de la complicada situación, tanto desde ANGF como desde CRANA consideran que la situación aún es reversible. El presidente de la Asociación de Guardas Forestales se contentaría con que se cubrieran todas las plazas que dejan libres las personas que se van a retirar. “Después, cuando vengan las vacas gordas, ya pensaríamos en cómo fortalecer la estructura, incluso mediante la habilitación de puestos técnicos en el Gobierno. Pero ahora mismo, lo mínimo es que no reduzcan más la plantilla”, defiende.

Para el portavoz de CRANA, bastaría con “reconocer que se han confundido y dar marcha atrás, incluso haciendo caso a la gente de su propio partido”. Lo que reciben de la Administración navarra son 200.000 euros, por lo que, para Jiménez, “lo que van a ahorrar con nuestro cierre es insignificante”. Por otro lado, el dinero que obtienen de fondos para proyectos europeos ronda el medio millón de euros, por lo que considera que, además, es muy rentable “invertir en nosotros una cantidad pequeña para que luego nosotros podamos conseguir otras cantidades significativas”.

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