Pobreza energética, estafa eléctrica y Marca España

Mientras el Gobierno está inmerso en una campaña de ventas sobre la “recuperación económica de España” la realidad y los datos se rebelan tozudos para la mayoría. La tasa de población en riesgo de pobreza ha aumentado en más de 5 puntos superando el 28%, la reforma laboral multiplica el número de trabajadores pobres con una caída media de salarios del 10% y España lidera el aumento de desigualdad entre los países europeos.

Ante este panorama dantesco, es importante poner el zoom y ver las caras y los fenómenos de pobreza. Aquéllos que tienen que ver con la crisis, sí, pero también los que son consecuencia de políticas y decisiones tomadas años atrás y hoy padecemos sus consecuencias.

Uno de ellos es la llamada pobreza energética, lo que podemos definir como la dificultad para mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura o de disponer de unos servicios energéticos esenciales a un precio justo. Este drama social, que excluye a millones de personas de los mínimos vitales para subsistir dignamente, crece día tras día en España.

La pobreza energética está provocada, fundamentalmente, por tres motivos. En primer lugar, la crisis económica y las políticas de austeridad con la consiguiente reducción de las rentas. En segundo lugar, el aumento continuo de los precios de la electricidad o el gas, que acaparan cada vez más proporción del presupuesto familiar. Y en último lugar pero razón esencial, la ineficiencia energética de los edificios, que está estrechamente relacionada con la degradación del parque de vivienda en nuestro país y la carencia de políticas decididas para invertir en rehabilitación y mejora. En este sentido, la reciente sentencia de 16 de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acaba de condenar a España por incumplir con las políticas de eficiencia energética en los edificios, ilustra la dejadez y el abandono en esta materia.

Este nuevo rostro de la pobreza tiene un impacto profundo en la vida de las personas. La carencia de calefacción o de calor afecta a la higiene, a la salud y genera aislamiento y exclusión. El Informe de Sostenibilidad en España del 2012 estima que en nuestro país la pobreza energética provoca entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de unas dimensiones alarmantes, que afecta a millones de hogares por mucho que no aparezca en los power points del Gobierno.

Y lo más indignante es que dos causas de este fenómeno tienen que ver, directamente, con decisiones tomadas por los Gobiernos en los últimos 15 años y con la insensibilidad total de una mayoría en el Congreso que niega los problemas y continúa legislando en sentido contrario a la solución.

Este drama social no sólo no se frena, sino que empeora rápidamente. Aunque el ministro Soria vaya repitiendo que con el PP los precios no suben, o lo hacen moderadamente, lo cierto es que la luz ha aumentado de nuevo en enero. Y lo hace en un país donde los consumidores pagan la tercera electricidad más cara de Europa. Los datos del Eurostat demuestran que en la última década el coste de la electricidad se ha incrementado en un 104%, coincidiendo con la llamada “liberalización” del sector eléctrico. La ley del Sector eléctrico del primer Gobierno de Aznar se elaboró con la excusa de abaratar el coste y mejorar la eficiencia y limitó la intervención estatal y creó el peor de los modelos.

La Ley de 1997 dice: «[…] la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional […]».

Pues bien, los datos demuestran que no ha sido así. Todo lo contrario. Y tras 15 años de gobiernos socialistas y populares que han hecho grande al monstruo, el ministro Soria nos presenta una reforma eléctrica que insiste en los mismos errores.

Lo fundamental es que tanto la regulación del 97 como la del 2013 está creada para sostener un mercado que no funciona y que es un negocio redondo para las eléctricas españolas. Si miramos los datos de los beneficios, vemos que estas compañías del oligopolio doblan la media de sus homólogas europeas. En el 2010, el beneficio de las eléctricas españolas fue del 10,11%, mientras que la media de las europeas fue del 5,13%. En el 2011 las españoles tuvieron un beneficio del 7,44% y las europeas del 2,98%. Una diferencia que se repite año tras año.

Así, vemos que crece la factura, crece nuestra deuda con las eléctricas (ya llega a 29.000 millones de euros) y sus beneficios también aumentan. Y eso que tenemos un sistema que garantiza que ellas siempre ganan y que el Estado o los consumidores siempre perdemos.

Lo que ha pasado en estos últimos meses lo ilustra. La subasta anulada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha sido noticia por una subida especialmente escandalosa pero esto viene sucediendo en la mayoría de subastas y refleja la realidad de un mercado donde la oferta y la demanda vienen controladas por las mismas empresas.

También hay que tener en cuenta que en nuestra factura no pagamos sólo el precio de la energía sino también unos “costes regulados” que decide el Gobierno. La estrategia de Endesa, Iberdrola y Gas Natural con la inestimable colaboración del Gobierno es señalar a los nuevos productores de energías renovables como culpables de los costes crecientes, pero lo cierto es que sólo el 9% de la factura va a parar a productores de energías limpias independientes del oligopolio.

Además, cuando hablamos de costes energéticos debemos tener en cuenta que las renovables nos ahorran anualmente al conjunto de españoles más de lo que reciben en primas en términos de reducción del precio en el mercado, de la bajada de los costes por importación de combustibles o en pago por emisiones de CO2. En realidad, gran parte de estos “costes regulados”, se conforman por conceptos como la distribución, el pago de la deuda, la moratoria nuclear, la comercialización…. Que son también ingresos para el oligopolio eléctrico.

En definitiva, este modelo regulatorio es un traje a medida para que los de siempre continúen ganando. Y, por si fuera poco, el Gobierno ha decidido reformar el sector sin cuestionar ni el modelo ni la deuda acumulada con las grandes eléctricas. Una deuda, impagable socialmente y que es, a todas luces, ilegítima, si tenemos en cuenta análisis de la propia Comisión Nacional de la Energía que denunciaba excesos en el reconocimiento de costes.

La reforma eléctrica afianza la posición de dominio de las grandes empresas, penaliza a los consumidores, a las energías renovables y a los pequeños productores. Es decir, castigan a los que pueden hacerles la competencia.

Y entre las medidas adoptadas, está el aumento de la parte fija de nuestro recibo. En 2013, el PP aumentó un 63% este término de la tarifa y ahora, en enero, la ha vuelto a subir un 18%. El impacto de esta decisión agrava doblemente el drama de la pobreza energética. En primer lugar, cuando la parte fija aumenta más, significa que los ahorradores y los que menos consumen por falta de recursos salen perdiendo porque tienen menos margen para modificar con su consumo el coste final. Y en segundo lugar, el Gobierno pretende desincentivar completamente cualquier medida de eficiencia en un modelo orientado a que consumamos cada vez más, para que los de siempre continúen ganando.

Desde ICV e Izquierda Plural trabajando con organizaciones ciudadanas como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hemos denunciado y propuesto alternativas. Desde la auditoría del déficit tarifario y el cuestionamiento de la deuda hasta una proposición de ley para prevenir la pobreza energética que la mayoría del PP no quiso ni admitir a trámite para debatirla.

La energía es un bien común esencial y como tal tenemos que garantizar su acceso y gestionarlo según las obligaciones de servicio público. Por eso hace falta una reforma en profundidad del sistema y no parches para que todo siga igual. Necesitamos intervención para garantizar una retribución de la energía en función de los costes reales, un modelo inclusivo, democrático y transparente. Cambios en profundidad.

Para ello necesitamos gobiernos valientes y no secuestrados cuando no sobornados por los lobbies pero también hace falta un mínimo de sensibilidad para entender que la pobreza energética no puede esperar a soluciones estructurales.

Por eso es todavía más indigno y vergonzoso que un gobierno que, con sus medidas encarece el precio de la luz, se niegue, a la vez, a debatir sobre medidas concretas para proteger a los consumidores vulnerables, como el establecimiento de un sistema público de precio social para rentas bajas, la implantación de una tregua invernal para evitar los cortes de luz a personas vulnerables o la aplicación del IVA reducido a la factura porque mientras Montoro anuncia rebajas fiscales a los que más tienen o a los que ahorran como él los llama, el IVA de la luz y el gas está al 21%.

No proponemos medidas complicadas ni gasto presupuestario. Sólo es cuestión de voluntad política. Otros países ya lo han hecho. Aquí, mientras venden la recuperación y Marca España pisotean nuestros derechos e ignoran las verdades incómodas. La propaganda siempre es más agradecida para la conciencia que la realidad.

* Laia Ortiz, diputada de Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso y portavoz de Energía del grupo parlamentario de Izquierda Plural