El dilema de la privatización de la guerra se convierte en debate internacional

LETICIA ARMENDÁRIZ // En el marco de la progresiva tendencia a transferir servicios y actividades públicas al sector privado (Sanidad, Educación, transportes, etc), la última década ha experimentado la privatización de núcleos de soberanía estatal tan sensibles como los servicios militares y de seguridad. En efecto, la guerra también se privatiza y lo hace adaptada al siglo XXI, a través de empresas multinacionales.

Desde el fin de la Guerra Fría y, en particular, durante los conflictos de Afganistán (2001) e Iraq (2003), empresas militares y de seguridad privada (EMSP), o contratistas, sustituyen a los militares en cada vez más tareas y en mayor proporción que hasta ahora. Es decir, en la guerra se contrata más y para más funciones: desde el transporte, apoyo logístico o entrenamiento de tropas, hasta la protección de personas e instalaciones militares, el manejo de tecnología armamentística o la inteligencia. Pero el uso de empresas como Blackwater (actual Academi), G4S, Aegis, o KBR no se ha limitado a situaciones de conflicto armado, ni han sido los ejércitos occidentales los únicos que han hecho uso de sus servicios. Empresas privadas, agencias diplomáticas, ONGs y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea contratan a EMSPs para garantizar su protección y seguridad en escenarios diversos de conflicto e inestabilidad. El resultado: una pujante industria transnacional que forma parte de la economía de guerra, pero también de los procesos de pacificación y reconstrucción.

Luces y sombras de los ejércitos privados

La privatización militar y de seguridad tiene también sus luces y sombras, y plantea sus dilemas. Sus defensores destacan, sobre todo, los beneficios operativos estratégicos. Por ejemplo, su rápido despliegue y movilización permite adaptarse a las necesidades de la misión militar (sea esta de guerra, o de imposición, restablecimiento o mantenimiento de la paz); constituyen una fuerza de refuerzo no sólo militar sino también de seguridad cuando las fuerzas públicas carecen de capacidad. Incluso, los contratistas pueden poseer habilidades o preparación de las que los agentes gubernamentales carecen, por ejemplo, el idioma o el conocimiento del terreno en el caso de contratistas locales.

Pero, sin duda, entre estas luces también se cuenta su atractivo político y económico. La utilización de EMSP permite sostener misiones militares poco populares para la ciudadanía sin comprometer el envío de tropas (que requiere autorización parlamentaria) y con apenas debate público (las bajas de contratistas no cuentan como bajas militares). Y aunque no quede del todo claro por las cifras desorbitadas de algunos contratos y salarios, algunas voces también apelan a las posibles ventajas económicas, ya que pueden ser contratados y permanecer en el terreno temporalmente pero, a diferencia del personal militar, se puede prescindir de ellos en períodos de paz y no requieren una pensión post-servicio, programas de tratamiento médico, etc. En conjunto, estas ventajas han guiado hacia una política de contratación masiva por parte de ciertos Estados, como Estados Unidos y Reino Unido, que ha derivado incluso en grado de dependencia.

La prevalencia de las EMSP es tal que, aunque su uso no ha hecho desaparecer a los ejércitos, estas potencias occidentales han reconocido que no podrían sostener las operaciones militares sin su asistencia.

Las sombras también son importantes. Se han documentado graves violaciones de derechos humanos protagonizadas por los contratistas, sobre todo relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, pero también se ha detectado la vulneración de derechos laborales de los propios empleados e incluso casos de tortura de prisioneros, procesos opacos de contratación y escándalos de corrupción y fraude, entre otros. Y aquí viene el dilema: privatizar o no privatizar, ¿es esta la cuestión?

Necesario un debate público

Las políticas internas de los Estados varían respecto a la legalidad de la privatización militar, aunque las luces parecen haber convencido a ciertos Estados y organizaciones que han venido aceptando cada vez más la utilización de estas empresas.

Las sombras, en cambio, han movilizado a ONGs, académicos y grupos de expertos de Naciones Unidas para, por lo menos, desarrollar iniciativas de regulación y control. Algunas de estas iniciativas incluyen la participación de la industria, como los códigos de conducta que desarrollan estándares voluntarios de comportamiento para las compañías. Otras, recuerdan las obligaciones internacionales de los Estados en esta materia. Y existen también propuestas más vinculantes, como el proyecto de tratado del Grupo de la ONU sobre mercenarios, que limita las funciones que los Estados pueden delegar a las EMSP y establece medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos y frenar la impunidad existente.

Hasta el momento, no obstante, la reacción internacional ante el fenómeno no ha adoptado el enfoque abolicionista que ha dominado la regulación de los mercenarios (el Derecho internacional prohíbe reclutar, utilizar, financiar y entrenar mercenarios, pero las EMSP y contratistas escapan a su definición legal), y el debate se centra en cómo regular y controlar las actividades de estas empresas.

No cabe duda de que este enfoque regulador tiene su pragmatismo: ante la dificultad de frenar el uso de EMSP, y sin entrar a valorar el fenómeno, se está buscando ordenar su conducta y proteger los derechos humanos mediante la regulación y, en lo posible, la limitación de sus actividades. La seguridad es un bien público, y para asegurar una conducta apropiada de las EMSPs y sus contratistas es fundamental que los Estados desarrollen marcos de regulación y mecanismos de control democrático.

Sin embargo, la regulación no agota el debate sobre la privatización. Las políticas de privatización responden a una visión del mundo neoliberal y son, en gran parte, ideológicas. De ahí que algunos Estados, pero no todos, hayan acogido con beneplácito la privatización militar. Dada la naturaleza transnacional del fenómeno, hay margen para el debate.

Si las actividades de las EMSP fueran adecuadamente reguladas y se mejorara la responsabilidad legal de las empresas y empleados, los procesos de contratación y la supervisión de los contratistas, ¿sería legítimo y aceptable moralmente privatizar la fuerza militar y la seguridad? ¿Soluciona el enfoque regulador la pérdida de control democrático, la desigualdad en el acceso a la seguridad, o la inestabilidad nacional e internacional que puede generar y ha generado el uso de las EMSP?

Aquí viene el dilema: privatizar o no privatizar, ésta también es la cuestión. Un debate público aún pendiente y necesario.

*Leticia Armendáriz es investigadora de Novact