La represión sutil

Luis Miguel Arias, Julio Lázaro y David Sánchez // «Un joven de Ciudad Real ha recibido una multa de 120 euros por incumplir la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones por uso de un megáfono durante una concentración celebrada en la Plaza Mayor. Los hechos se remontan al pasado 17 de noviembre, en la que se celebró la segunda concentración de Ciudad Real por uno de los suicidios ocurridos por una hipoteca y en la que ya fueron abiertos dos expedientes administrativos a dos personas por la grabación con el móvil de agentes de la Policía Nacional».

Esa es la entradilla de una noticia publicada en El Crisol de Ciudad Real el 22 de enero de 2013. Un claro caso de burorrepresión. Las ordenanzas municipales se han convertido en instrumentos eficaces y sutiles para reprimir el ejercicio de derechos fundamentales en la ciudadanía activa y organizada, la que acude a las manifestaciones, crea plataformas sociales y molesta a las élites políticas y financieras. Esta represión sutil se basa en sanciones económicas que, por parte de la Administración, se enfocan sobre el respeto a la convivencia entre los vecinos, pero que en más de un caso han acabado por vulnerar los derechos humanos y constitucionales de los que protestan contra el sistema político y económico actual.

¿Qué es la burorrepresión?

“Son métodos más sutiles de represión, mecanismos administrativos. Por ejemplo, tener que pedir permiso para manifestarse es una forma cotidiana de burorrepresión que, además, encaja mal con la regulación constitucional del derecho de manifestación”. Manuel Maroto, profesor de derecho penal de la UCLM, es uno de los autores del libro Burorrepresión: Sanción administrativa y control social. Esta obra colectiva coordinada por Pedro Oliver, profesor titular de Hª Contemporánea de la UCLM, pretende definir un término que llevaba usándose en los movimientos y plataformas sociales desde hace unos años con el fin de identificar mejor las formas de represión sutil que se han incrementado desde el estallido del 15-M.

“Todos estos elementos -explica Maroto-, que se utilizan para desactivar la protesta en los movimientos sociales, políticos y ciudadanos y que además ensombrecen el ejercicio de la represión, vienen a llamarse ‘burorepresión’”. Este término, “burrorrepresión”, proviene de “represión burocrática”. Se trata de las trabas burocráticas y las sanciones económicas que pueden desalentar el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente el de Libertad de Expresión y Manifestación. Este tipo de represión juega además con un factor muy importante, el miedo, que logra desalentar a quienes reciben las sanciones, aislándolos de sus compañeros de manifestación. Otro elemento fundamental de este tipo de represión es el marco normativo municipal, las ordenanzas, que llegan a regularizar casi todos los aspectos de la vida.

El juego de las ordenanzas

Para entender los mecanismos de esta represión sutil, hay que examinar detenidamente el juego de las ordenanzas. Manuel Maroto nos explica que “las ordenanzas municipales son uno de los instrumentos fundamentales de la burorrepresión, y, a la vez, los más ignorados. En el 99’9% de los casos no se va a utilizar la sanción, pero en el momento en el que interese reprimir a una persona se aprovecha una de estas ordenanzas para vulnerar un derecho fundamental […] Lo han prohibido todo. En el fondo se busca crear una potestad genérica de sancionar, aunque en la mayoría de los casos no se aplique. Pero, ahí está la ordenanza por si llega alguien particularmente molesto a quién aplicar la sanción”.

Los ciudadanos acaban, sin saberlo (pues no es costumbre leer las ordenanzas municipales), viviendo en un ambiente normativo en sus municipios en el que se regulariza prácticamente todo, por lo que es fácil saltarse alguna de las normas. Hilario López, periodista de El Crisol de Ciudad Real, nos explica la relación con la burorrepresión de algunas normas municipales. Nos habla de la Ordenanza de Movilidad y nos enseña algunos de sus párrafos más llamativos:

Se prohíbe correr o saltar en la vía pública de forma que se generen daños a los usuarios de la misma. El artículo 54.4 de esta ordenanza prohíbe a grupos de peatones quedarse quietos en la acera de forma que dificulten la circulación por la misma, incluso si es un peatón individual el que se queda inmóvil en la acera. El 54.6 prohíbe también a grupos de peatones ocupar zonas verdes sin el permiso de la Concejalía de Sostenibilidad. Echar una partida de cartas en el césped de un parque, por ejemplo, necesitaría el permiso de la Concejalía. Además, también se regulariza el comportamiento de las personas que no participan en una manifestación, para “no entorpecer su circulación”.

A priori, muchas de las normas pueden parecer lógicas. Es lógico no saltar o correr de forma que se generen daños personales o materiales, o no hacer ruido para respetar la convivencia ciudadana, o no ensuciar el suelo. Sin embargo, hay casos que demuestran que la aplicación de estas ordenanzas puede incurrir en la violación de la Libertad de Expresión y Manifestación. En Ciudad Real son conocidos casos como el del joven multado por hacer ruido con un megáfono, dándose la circunstancia de que estaba en una manifestación, o el de dos miembros del 15-M que fueron multados por la Policía mientras repartían octavillas informativas sobre una Asamblea informativa sobre la Reforma Laboral.

Respecto al juego de las ordenanzas, Manuel Maroto nos dice que “una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las ordenanzas, que son lo más bajo del ordenamiento jurídico, no habían suscitado interés en la mayoría de los juristas. Ni siquiera se habían planteado la posibilidad de que pudieran vulnerar derechos fundamentales. Y luego es muy difícil que un juez tire una ordenanza, hay que pasar por un proceso muy largo. Y como son tantas las ordenanzas, imagínate si se tuvieran que recurrir todas”. El efecto final se produce cuando la persona que ha sido multada decide no participar en más actos reivindicativos, por miedo a estas sanciones. Así funciona la burorrepresión.

Sin embargo, por cortesía de El Crisol de Ciudad Real, hemos tenido acceso a una propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2014 en la que se propone, entre otras cosas, que quedarán exentos de sanción y tasas por usar el espacio público aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que utilicen la vía pública para llevar a cabo campañas informativas; como las actividades que realiza la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico, que denunció en los medios las tasas que tienen que pagar asociaciones como ésta para poner una mesa informativa en la calle. Esto puede cambiar el panorama burorrepresor en Ciudad Real. ¿Dejarán de ser multados los activistas que repartan octavillas para un acto reivindicativo?

Antecedentes históricos

Es necesario indagar sobre los antecedentes históricos de esta forma de represión. Manuel Maroto nos explica que “se ven claras tendencias autoritarias. En ese sentido enlazamos con lo que ocurrió en el franquismo, en los últimos años de la dictadura. Franco se dió cuenta -continúa Manuel- de que declarar constantemente el Estado de Excepción para reprimir las protestas tenía costes políticos, sobre todo en cuanto a la imagen que se daba al exterior. Por eso decidió reformar la Ley de Orden Público, para que, sin tener que recurrir a la declaración del Estado de Excepción, poder hacer uso de ese arsenal represivo, incluyendo multas gubernativas. Esas multas eran uno de los instrumentos más feroces, pues si no podías pagarlas te encarcelaban”. Le preguntamos si la burrorepresión es franquista y nos dice que “se está recurriendo a instrumentos represivos que ya se conocían en el franquismo”.

Desde que entramos en el actual régimen constitucional, se podría decir que el antecedente más cercano y directo para el forjamiento de la burorrepresión se sitúa en 1992 con la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Corcuera; bautizada así por su impulsor José Luis Corcuera, el que fuera entonces Ministro del Interior del Gobierno socialista de Felipe González. Una ley nacida en vísperas de los inminentes Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, que se celebraron aquel año, y que ha sobrevivido hasta nuestros días; marcando un antes y después, variando de una forma u otra y al antojo de las instituciones el control de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978, tales como los derechos de manifestación o reunión. Entre los nuevos cambios que conllevó esta ley destacan las sanciones a los convocantes de una protesta sin previo aviso o la facultad por parte de los cuerpos policiales a exigir identificaciones a los ciudadanos, ya sea de una manera arbitraria o no. La Ley Corcuera ha vivido coetáneamente durante más de 20 años junto con numerosas manifestaciones y ocho huelgas generales.

Manuel Maroto nos comenta que a partir de 2003 hay un cambio legislativo, durante el Gobierno popular de Aznar, que permite a los ayuntamientos sancionar. Sobre todo desde la aprobación de la ordenanza cívica de Barcelona, que crea tendencia y hace que proliferen estos instrumentos burorepresores. Sin embargo, será en 2008 cuando empieza a gestarse un nuevo ciclo de protestas a raíz de la crisis económica en España, que se extiende a los ámbitos de la política, lo social e institucional. Eclosionará finalmente el 15 de mayo de 2011. Durante el último año del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando nace el movimiento pacífico denominado 15-M, con la acampada en la Puerta del Sol de Madrid hasta el 12 de junio del mismo año. A este movimiento le siguen una gran cantidad de diferentes protestas y reivindicaciones en todos los puntos de la geografía española. Sus propuestas, consensuadas en la Asamblea de Sol el 20 de mayo, pedían al Gobierno numerosas reformas y cambios en la organización social, destacando la petición de reforma de la Ley Electoral para la posibilidad de listas abiertas y la obtención de escaños proporcional al número de votos para evitar el bipartidismo; o la atención a derechos básicos y fundamentales como el derecho a una vivienda digna, una sanidad pública, gratuita y universal o el refuerzo de la educación pública y laica. El inicio de este ciclo de protestas y reivindicaciones pondrá en marcha el marco normativo burorrepresor que ya estaba construido.

Con las elecciones anticipadas del 20 de noviembre de 2011, y la llegada al Gobierno del popular Mariano Rajoy, con la mayoría de estos movimientos ya asentados, junto con la incesante oleada de recortes por parte del Ejecutivo, se intensifican las protestas y la fuerza de estos movimientos. Éstas son cada vez más multitudinarias y llegan a dar un paso adelante con movimientos como los escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el 25-S, también conocido como “Rodea el Congreso”, dando lugar a represiones policiales nunca vistas en los últimos 30 años en España, con sus consiguientes detenciones y sanciones. Es por ello que, desde el inicio del mandato del PP, el Gobierno ha intentado debilitar la fuerza de estas protestas, por el inagotable acoso social que está sufriendo el Estado, utilizando la Ley Corcuera como instrumento represor llevándola a límites casi inconstitucionales. Esto, sumando al juego de las ordenanzas, provoca que el ejercicio de derechos fundamentales quede muy mermado con la aplicación de estas leyes y sanciones.

La burorresistencia

Los ciudadanos, ante esta represión sutil de sus derechos, empiezan a buscar métodos para prevenirla y combatirla. La burorresistencia se hace cada día más necesaria en la ciudadanía activa y organizada. En la XV Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción celebrada en Cuenca el pasado mes de diciembre, se abordó en un grupo de trabajo las estrategias que pueden seguir los ciudadanos contra las sanciones burorrepresoras. Begoña, una de las participantes en ese grupo de trabajo, nos explicó las medidas que propusieron, que consisten principalmente en constituir cajas o fondos de resistencia para pagar las multas, o la creación de “asociaciones pantalla”, asociaciones ficticias “a las que dirigir las multas para que queden en el limbo y no se paguen”.

También nos habló de talleres sobre cómo reaccionar ante el miedo. El miedo es el sentimiento que frena a los ciudadanos multados a seguir manifestándose, a seguir ejerciendo sus derechos fundamentales. Begoña incide en la importancia de “estar unidos, tener cohesión social”. Para que la resistencia a la represión sea efectiva es necesario que los ciudadanos se unan. Manuel Maroto coincide con Begoña en esta idea: “Una de las funciones que tiene la burorrepresión es aislar a la gente, individualizando la responsabilidad sobre alguien. Es fundamental crear redes de solidaridad para hacerle frente”. En este sentido, Manuel destaca la labor que hacen colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Grupo Legal de Sol (activistas del 15-M especializados en materia legal y judicial) para acompañar, apoyar y asesorar a las víctimas de la represión sutil.

Sin embargo, Maroto va más allá y habla de la importancia de conocer las normas: “Conocer las normas que nos aplican es la mejor defensa. Saber dónde están recogidos los derechos fundamentales. Es algo que no es complicado, y que el mero hecho de conocerlo empodera mucho a la gente”. A raíz de esto, le preguntamos por la dificultad manifiesta que tienen todas las personas no especializadas en derecho para comprender los textos legislativos debido a su lenguaje oscuro, técnico y complejo. Nos contesta que eso también es otra forma de burorrepresión y nos explica que “hay personas que tienen una percepción de lo que está prohibido excesiva, y esto ocurre porque las normas son poco accesibles y poco comprensibles. Hay que hacer una labor desde los movimientos sociales y desde los profesionales del ámbito judicial para difundir el funcionamiento básico de las normas y que la gente comprenda a qué se enfrenta uno cuando protesta”. Por lo tanto, es posible hacer frente a la burorrepresión, es posible seguir defendiendo los derechos fundamentales. Para lograrlo, es necesario tener conocimiento de las normas reguladoras de los derechos a la Libertad de Expresión y Manifestación. Pero también es esencial la unión de los ciudadanos para vencer el miedo, el motor secreto de la burorrepresión.

Gráfico. Evolución anual del número de manifestaciones (línea, en miles) y manifestantes (barra, en millones) desde 1988 hasta 2013 según datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior sobre el ejercicio del derecho de reunión (datos de 2013 todavía no constatados).