Sacyr en Panamá o la historia de “nuestras empresas”

Pedro Ramiro* // Comenzamos el año desayunando con una noticia que ocupaba portadas y grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles: Sacyr paraliza las obras del Canal de Panamá. En los días siguientes, hemos podido ver cómo se han ido sucediendo los comunicados de prensa cruzados, el viaje de la ministra de Fomento para mediar con el gobierno de Panamá a favor de la empresa, las contraofertas de ambas partes para renegociar el contrato, las referencias a cómo afecta este caso a la marca España… Pero lo que está ocurriendo con Sacyr en Panamá, en realidad, no es sino un nuevo ejemplo del modus operandi habitual de las multinacionales españolas en su expansión internacional.

El caso es que, para terminar la ampliación del canal, el consorcio empresarial liderado por la constructora española ha exigido al gobierno panameño que antes del 21 de enero efectúe un desembolso adicional de 1.600 millones de dólares, lo que significa un 50% de sobrecoste respecto al presupuesto inicial, justificando esa petición en los “eventos imprevistos que se han presentado en la obra”. La Autoridad del Canal de Panamá, por su parte, se ha remitido al acuerdo firmado en 2009 y rechaza la petición de las constructoras, ya que piensa que su “único propósito es forzar a la organización a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato”. Y de hecho, negociando están: “Las obras van a seguir, solo contemplamos el escenario de un acuerdo”, decía el presidente de Sacyr.

Como ocurre cada vez que se producen conflictos que pueden poner en riesgo los intereses de “nuestras empresas” en otros países, el gobierno español ha reaccionado con rapidez para salvaguardar los negocios de estas compañías. La ministra Ana Pastor ha declarado que este caso no compromete la imagen de la marca España y que las empresas españolas tienen un prestigio “que no es por casualidad”. Sin embargo, a medida que se van conociendo más datos sobre el caso y los distintos actores implicados van modulando sus posiciones iniciales de cara a buscar una salida negociada, parece claro que los puntos clave de este caso nos remiten a los elementos centrales de la marca España realmente existente: apoyos públicos para intereses privados, “contabilidad creativa” y opacidad de las prácticas empresariales, “puertas giratorias” y alianzas público-privadas, evasión de impuestos y cuentas en paraísos fiscales.

“Nuestras empresas”

Hace cuatro años, el secretario de Estado de Presidencia viajó a Panamá para certificar que los negocios de Sacyr en el país centroamericano tenían la categoría de “contratos de Estado”. Igualmente, en 2012 viajaron a Panamá los príncipes de Asturias —“agradezco mucho a la Casa Real el gran impulso que le está dando a la marca España”, dijo entonces el presidente de Sacyr— y en 2013 la ministra de Fomento hizo doblete visitando las obras de construcción del metro en Ciudad de Panamá, donde participa FCC, y la ampliación del canal, asegurando que esta serviría para crear puestos de trabajo en Panamá y también “empleo directo en España”.

Una vez más, vuelve a ponerse de manifiesto cuál es la receta que los sucesivos gobiernos españoles nos presentan para “salir de la crisis”: se trata de ampliar los negocios internacionales y el acceso a nuevos mercados para las multinacionales españolas, con el fin de que la repatriación de beneficios redunde en un aumento del crecimiento económico en el Estado español y, con todo ello, se produzca una mejora de los indicadores socioeconómicos del país. Lo que ocurre es que, como estamos comprobando con otras de “nuestras empresas” —Telefónica, BBVA y el Santander, por ejemplo, a pesar de que siguen obteniendo extraordinarios beneficios gracias a su internacionalización, están reduciendo aquí sus plantillas—, el silogismo “lo que es bueno para nuestras empresas es bueno para la población española” se ha demostrado completamente falso: los grandes accionistas y directivos de estas compañías, así como los políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, son los únicos beneficiarios de la expansión global de los negocios de estas multinacionales.

Marca España

Las instituciones que nos gobiernan tienen claro los puntales sobre los que ha de sustentarse este proyecto de marca-país: el crecimiento económico, la atracción de inversión extranjera y la ampliación de mercados; todos ellos, al servicio de los intereses de las grandes compañías españolas y enmarcados en la lógica del business as usual. “España cuenta con empresas punteras, competitivas, modernas e innovadoras, exponentes de la marca España, que representa calidad y excelencia”, afirmaba hace año y medio en un encuentro empresarial el príncipe Felipe justo después de visitar Panamá.

En esta línea, en el último año los grandes estandartes de la marca España han sido los proyectos de Eurovegas, que se presentaba como un modelo ejemplar para la atracción de capitales extranjeros y creación de empleo, y las obras de ampliación del Canal de Panamá y de construcción del AVE a La Meca. El primero no hace falta recordar cómo ha terminado; los segundos reproducen, esta vez fuera de nuestras fronteras, las mismas lógicas de la burbuja inmobiliaria y del tsunami urbanizador que hemos vivido aquí y cuyos efectos, desgraciadamente, conocemos bien. Más allá de toda la parafernalia del “orgullo de ser español” para “salir de la crisis” al estilo de los anuncios navideños de Campofrío, esta es la verdadera marca España.

“Contabilidad creativa”

Otro de los elementos clave del caso de Sacyr en Panamá, sobre el que solo se hizo hincapié al principio, es el hecho de que hace dos años la constructora española se apuntó como ingresos los sobrecostes que ahora exige a las autoridades panameñas. Es decir, que sin disponer realmente de 655 millones de dólares, Sacyr los contabilizó efectivamente como ingresos en su balance de resultados de 2012. Y claro, si lo ha podido hacer esta empresa, que recibió un informe favorable de auditoría de KPMG el año pasado, la pregunta se hace obvia: ¿cuántas multinacionales no habrán utilizado esta u otras prácticas similares de “contabilidad creativa” para, en el marco de la crisis financiera global, maquillar sus cuentas anuales y poder presentarse ante los accionistas y “los mercados” como entidades generadoras de beneficios? Recordemos, sin ir más lejos, el caso de Pescanova, que fue presentando durante años ganancias en sus cuentas auditadas cuando, en realidad, estaba en números rojos.

Cambios en el presupuesto a mitad de la obra que hacen que el coste final se dispare respecto a las previsiones iniciales —la ministra Pastor viaja esta semana a Arabia Saudí para que no pase lo mismo con los sobrecostes que OHL y otras constructoras están pidiendo también en la obra del AVE a La Meca—, falta de transparencia a la hora de caracterizar la situación económica real de estas compañías, anuncio de mensajes a la prensa para especular con los activos en bolsa de la empresa, creación de “sociedades pantalla” en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos… Como queda patente en el caso de Sacyr, estas son algunas de las estrategias que utilizan habitualmente las empresas transnacionales para seguir enriqueciendo a la reducida minoría que, al fin y al cabo, es la única que sale ganando con sus negocios.

Alianza público-privada

Hay un concepto que se ha popularizado mucho en los últimos años y que resulta muy gráfico para entender cómo funciona la clase político-empresarial que nos gobierna: las “puertas giratorias”. Como es sabido, este término hace referencia a las estrechas relaciones existentes entre gobernantes y empresarios, que van intercambiando sus posiciones del sector público al privado y viceversa, condicionando las decisiones políticas al poder económico de las grandes corporaciones y, por el camino, obteniendo extraordinarias ganancias con todo ello. Así, los expresidentes González, Aznar, Blair y Schröder han pasado a formar parte del directorio de multinacionales como Gas Natural Fenosa, Endesa, JP Morgan Chase y Gazprom, al igual que, en sentido contrario, Mario Draghi y Mario Monti pasaron de Goldman Sachs a las presidencias del Banco Central Europeo y del gobierno italiano.

El caso que nos ocupa no es ajeno a esta lógica. Y es que Sacyr es una de las empresas que figuran como donantes del Partido Popular en los papeles de Bárcenas: como investiga la Audiencia Nacional, su expresidente Luis del Rivero figura como responsable de diferentes entregas de dinero al entonces tesorero del PP; al mismo tiempo, la constructora resultó beneficiada con la concesión de grandes obras públicas de infraestructura con las que multiplicó sus negocios en la época de la burbuja inmobiliaria. Como dice Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, “no había ninguna justificación para estas obras desde el punto de vista del transporte ni de las necesidades sociales, la justificación era la obtención de fondos ilícitos para el partido o para distintas personas que se beneficiaron de ello”.

Para cerrar el círculo, a la vez que hemos conocido que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) ha concedido un aval público de 150 millones a la constructora española para asegurar los riesgos de la ampliación del Canal de Panamá —en caso de que finalmente la obra quede paralizada, quien responderá será el erario público—, gracias a la instrucción del caso Gürtel acabamos de saber que dos expresidentes de Sacyr, Luis del Rivero y José Manuel Loureda, recibieron pagos por valor de más de un millón de euros en sus cuentas en Suiza, abiertas a nombre de “sociedades pantalla” radicadas en el paraíso fiscal de Belice. Así funciona la marca España.

* Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.