La violencia no siempre está tan mal

MADRID // La violencia es la acción que consiste en utilizar la fuerza o la intimidación para conseguir un objetivo. El uso de la violencia está plenamente aceptado por las sociedades democráticas, sólo que únicamente puede ser utilizada por el Estado. Es lo que Max Weber llamó el monopolio de la violencia. La Policía y el Ejército pueden ejercer la violencia en un Estado para mantener las reglas auto proporcionadas por la sociedad. Es un principio básico del Estado de derecho porque sin el uso de la violencia es imposible mantener el orden y asegurar el cumplimiento de las leyes. Pero no solo el Estado puede ejercer la violencia: además tiene el derecho y la potestad de ceder el uso de la violencia a terceros.

La violencia es aceptada en la sociedad cuando existe un proceso previo de legitimación. Tras el proceso, la violencia puede ser legal y por lo tanto sin consecuencias punibles para el que la ejerce, o puede ser aceptada tras un proceso legitimador que, sin librarse de las consecuencias penales, consigue la justificación y comprensión de la opinión pública.

Ese proceso legitimador se ha producido en ocasiones en la sociedad española. En febrero de 2009, un vecino de Lazcano al que el último atentado de ETA destruyó su vivienda la emprendió a mazazos contra una herriko taberna. Una reacción social de empatía ante la actuación de este hombre ocasionó que se formara una plataforma de apoyo a Emilio Gutiérrez que tuvo repercusión en la Cadena Cope. Antonio Basagoiti, presidente del PP Vasco, se ofreció para defenderle. Un acto violento que no sólo tuvo esa reacción en la amplia mayoría de la sociedad, sino que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su comprensión con este hombre a pesar de dejar claro que el monopolio de la violencia pertenece al Estado. En el caso del vecino de Lazcano, el uso de la violencia fue legitimado por la opinión pública y por los responsables políticos.

Según Concepción Fernández Villanueva, profesora de psicología social de la UCM, la violencia se basa en tres parámetros: intensidad, intencionalidad y calificación moral de la conducta y de los daños producidos.

Atendiendo a esos tres parámetros de la violencia, el vecino de Lazcano realizó un acto violento de baja intensidad con plena intencionalidad. El proceso legitimador de ese acto violento se debió a que los individuos contra los que la ejerció tienen la censura moral de la mayoría de la población española, lo que influyó en la calificación moral de dicha conducta. La aceptación de la violencia es siempre un acto subjetivo, dependiente de las circunstancias, el grado de la violencia usada y el destinatario de la misma. Es importante valorar el concepto de grado, puesto que la violencia puede ser de muy diferente intensidad e incluso no ser ni siquiera identificado por la víctima. Algo muy propio por ejemplo, de la violencia de género. No es lo mismo amenazar que agredir; no es lo mismo maltratar verbalmente que físicamente, pero la diferencia de intensidad no implica que no sea un acto violento contra las mujeres. Lo es. Y en diferente grado. Maltratar verbalmente a una mujer es violencia de género, es conceptualmente un acto violento y así es tratado por la legislación, y cada vez más, por la sociedad.

Esa percepción de la violencia como algo no solo efectuado para producir un daño físico, a personas o a objetos, tiende a desaparecer cuando la violencia adquiere tintes políticos. La coacción, las amenazas o el miedo que las instituciones públicas, las empresas, o cualquier persona o ente que tenga una superioridad jerárquica o de poder sobre otra no son considerados actos violentos porque no producen un daño físico.

Según la doctora Fernández Villanueva, “existen muchos actos de violencia que son excluidos de la denominación de agresión por el simple hecho de que no se identifica a los agresores o porque los daños de la víctima están legitimados”. Así pues, no solo la legitimación de la violencia es un proceso subjetivo, sino que la denominación como tal forma parte de un proceso social que así lo determina. Desde el mismo momento en que un acto violento no se cataloga como tal ya está actuando la percepción social y personal de la violencia.

Tartazos Vs Desahucios

Esa percepción subjetiva de la violencia atendiendo a las tres características que debe tener un acto violento sufre en determinadas ocasiones un conflicto dependiendo de quién sea el que lo efectúa, el agresor. El Estado tiene derecho a ejercer la violencia, pero social y mediáticamente no se identifican como actos violentos hechos que atendiendo a la definición lo son. Este modo de actuar está en multitud de ocasiones promovido por los medios de comunicación para no restar legitimidad al uso de la violencia por parte del poder contra actores que no son socialmente reprobables.

El Ayuntamiento de Madrid viene efectuando una serie de desahucios de viviendas de la empresa municipal para posteriormente vender esas viviendas a fondos buitre que especulan con ellas. Sin necesidad de un desalojo por la fuerza por parte de la Policía esta actuación es, en esencia, un acto violento.

Partiendo de la denominación de la doctora Villanueva existe una intencionalidad objetiva por parte del ayuntamiento de desahuciar a las familias para lograr un objetivo. No existe un daño físico efectuado a los inquilinos, pero el daño moral y psicológico de quedarse sin hogar es claramente demostrable. Y si, además, el desalojo se efectúa por la fuerza, se cumplen los requisitos para considerar que es un acto violento. Pero la sociedad y la opinión publicada no consideran violento al Ayuntamiento de Madrid por realizar estos actos a pesar de que producen objetivamente un daño muchísimo mayor que el sufrió Yolanda Barcina al sentir en su cara el duro merengue francés. No hay duda de que lanzar tartas a la cara de una persona puede ser un acto violento, en este caso lo fue. El tartazo tenía un fin, en este caso político, provocó un daño moral a Yolanda Barcina y la legislación lo considera un acto punible por lo que sufre una calificación moral por parte de la sociedad. La única diferencia entre estos actos violentos es que uno ha tenido pena legal y otro ni siquiera la ha tenido social.

Lo escribía Manuel Vicent en 1973: “Si un político quiere pasar por demócrata lo primero es decirlo por escrito en la Gaceta del Congreso, y si acaso alguna vez se le va la mano y hace uso del garrote, siempre habrá algún editorialista que esté dispuesto a escribir por quinientas piastras, menos descuento, que ese gran político es un gran demócrata violento”.

La justificación de la violencia es algo propio de cada ser humano. Hay quien tiene el umbral de tolerancia de la violencia en poner concertinas en las vallas para herir a los inmigrantes pero inaceptable poner minas en la frontera. Hay quien considera que no es aceptable poner concertinas pero lo es poner drones. Hay quien considera que los drones son una aberración pero aceptan una valla de tres metros. La justificación de la violencia es una matrioska infinita. Todos los ciudadanos encuentran en algún momento de su vida un acto violento que está justificado para su moral. Para algunos atiende a la emoción y para otros a la razón. Para otros depende de quién lo efectúa o de quién lo recibe. En otras ocasiones depende del grado de violencia y de las motivaciones que tras ese acto violento se esconden.

La violencia es consustancial al ser humano y a las sociedades modernas. La erradicación de cualquier acto de violencia es el ideal de una sociedad avanzada que estamos muy lejos de proporcionarnos. Hasta entonces, se producirán actos violentos que algunos identificarán como tal y otros no; que algunos considerarán nimios y otros aberrantes. Para la sociedad la violencia no siempre está tan mal, por eso hay Policía o Ejército. Habría que preguntar a quien dice que la violencia nunca está justificada cuál es el límite en el que sí lo está. La Ley, el dinero, la venganza, la familia, el hambre o la necesidad.

En el año 2005, un hombre que disfrutaba de un permiso carcelario se acercó a una mujer que esperaba en una parada de autobús. Le preguntó qué tal estaban sus hijas. El hombre había violado años antes a su hija de 13 años y cumplía condena por ello. La madre fue a buscar un bidón de gasolina y se acercó al bar donde estaba el violador de su hija. Le prendió fuego provocándole la muerte. María del Carmen está a la espera de que el Gobierno le conceda el indulto. Nadie niega que el acto de María del Carmen fue un terrible acto violento. El lector sentirá en su interior si justifica el acto violento de María del Carmen. Es algo íntimo y personal, no hace falta que lo comparta.

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