Docentes madrileños denuncian acoso político

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«Preferiría que mi nombre no apareciese por ningún lado». Con esta frase, muchos trabajadores de la enseñanza pública madrileña tratan de protegerse cuando un periodista intenta obtener datos concretos del funcionamiento del sistema en la región. La Comunidad de Madrid es uno de los territorios donde los recortes y la privatización de la enseñanza pública están avanzando con más virulencia y, en medio de las protestas, algunos de los profesores y directores de centro que más se han significado en la lucha por la educación pública denuncian que se encuentran cada vez más presionados por parte de la administración.

María Aguado (nombre ficticio) es profesora y prefiere ocultar su identidad para no dejar al descubierto a su director, que se encuentra en los juzgados tras recibir dos informes negativos de la administración sobre la gestión de su colegio. El centro ha aparecido en varias ocasiones en la prensa por acciones reivindicativas contra los recortes. “Tras las primeras protestas, nos asignaron un inspector que nos hace la vida imposible, entra en el colegio como si fuera su casa, mete a alumnos en un despacho para interrogarlos y trata con faltas de respeto continuas al personal”, describe Aguado. Al final, mediante una aplicación estricta de la normativa, asegura, la administración acabó encontrando vías para penalizar al director. “Lo que se vive en el centro y lo que transmite la Dirección de Área Territorial (DAT) es que tenemos que tener miedo. Incluso los alumnos perciben al inspector como una persona a la que hay que temer”, explica la profesora. El objetivo tras descabezar los centros sería, según denuncian, colocar a directores más cercanos a la administración.

El de este colegio no es un caso aislado. El gabinete jurídico de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid ha tratado cerca de 70 casos de este tipo en los últimos dos años. En estos momentos, al menos cinco directores activos en las reivindicaciones están en medio de un proceso judicial y otros siete acaban de recibir un expediente disciplinario. Carmen Perona, abogada del gabinete, asegura que nunca se habían abierto tantos. “Desde hace un año y medio, están llegando en serie después de alguna acción sindical importante”, explica. Los últimos siete han sido expedientados tras la huelga educativa del 24 de octubre, según la letrada. “Si en sus centros ha habido un alto seguimiento, consideran que ellos han incitado a la huelga”, asegura. La mayoría de estas sanciones son de tres meses sin empleo y sueldo.

Uno de los mayores problemas es que la Justicia va a un ritmo lento y la primera de estas sentencias no se conocerá hasta el año que viene. “En los centros están muy pendientes porque ven que se les castiga sin ninguna culpa, por lo que, en algunos, padres y profesores han intentado incluso hacer una colecta. Les imponen la sanción y el juicio tarda mucho en resolverse por lo que, de pronto, se encuentran con que le quitan el salario de tres meses”, sostiene. En este curso escolar, además, se ha presionado a los equipos directivos o docentes exigiéndoles la entrega de la Programación General Anual (PGA) muy poco después del inicio del curso escolar. A veces, con amenaza de apercibimiento.

Según explica Perona, en el caso de los profesores, son padres afines a la Consejería los que denuncian y, a través de ellos, se inicia una inspección que acaba cuestionando la metodología del profesor. “Tengo uno al que le acusan de pasearse por las clases y distraer a los alumnos. Otro está denunciado porque en sus lecciones de matemáticas pone ejemplos con políticos”, detalla.

Este “clima de miedo” conlleva que muchos no quieran que se revele su identidad a la hora de hacer declaraciones a la prensa. Es el caso de la responsable de un centro de la Comunidad que ha accedido a hablar de este tema con La Marea, quien asegura que los que desempeñan un cargo como el suyo se encuentran siempre “en el punto de mira”. “En la Consejería se están poniendo muy radicales. Se avanza hacia la privatización, se cierran y fusionan centros públicos, se dan muchos recursos a la concertada. Nosotros defendemos la pública y eso no gusta a la administración actual”, explica.

Por su parte, la Consejería de Educación asegura que ninguno de los directores que actualmente se encuentran sancionados lo está por razones políticas o sindicales. “Hay de todo, algunos penalizados por cosas leves y otros más graves, pero ninguno por haberse manifestado”, sostienen fuentes de la Consejería.

Recurrir las sanciones

El primer paso antes de la sanción suele ser un informe negativo por parte de un inspector, según explican los afectados. El director del colegio Vega del Jarama, Miguel Recio, recibió una calificación negativa el pasado julio y teme que pronto le pueda llegar una sanción. Este profesor y delegado sindical de CCOO, muy activo en las protestas por la educación pública, es autor de libros críticos con los recortes como el trabajo colectivo ¿Qué hacemos con la educación?, y ha aparecido en varios medios de comunicación en calidad de experto. Está convencido de que hay que recurrir las sanciones porque “son contrarias a derecho”. Recio acaba de agotar la vía administrativa; el siguiente paso será la contenciosa.

“Si llega un informe negativo, normalmente la gente se asusta y no presenta alegación alguna, pero aun así a muchos los acaban sancionando. Además, te llaman desde la DAT, te dan voces y te faltan al respeto”, asegura Recio. Los directores van consolidando un porcentaje de sueldo que aumenta según los años que lleven en el puesto. Si un curso tienen un informe desfavorable, ese año se anula y no se contabiliza para consolidar nivel. “El motivo más importante es que trabajo con la prensa y me tienen de animador de las protestas. A la mayor parte de los que han cargado con estas cosas ha sido por estos temas”, lamenta. “Hay un clima de cierta cautela. Todo el que quiere o necesita una comisión de servicio, por ejemplo, no protesta para no meterse en problemas”, agrega.

De hecho, tal y como explica la abogada Carmen Perona, el expediente disciplinario suele acarrear cuadros de ansiedad y, en algunos casos, depresión. “Existe un auténtico acoso contra ellos. De hecho, algunos han acabado dimitiendo porque tienen mucha presión, pese a que podían haber ganado el juicio perfectamente”.

Los inspectores, también en el punto de mira

En marzo de este año, la prensa se hizo eco de los contenidos de las respuestas de los exámenes de opositores a plazas de maestro en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, destacaron algunos disparates como que la gallina era un “mamífero” o el caracol un “crustáceo”. En junio se volvieron a convocar exámenes. Entre los presidentes de tribunal se encontraban varios inspectores. Cuando estaban corrigiendo los exámenes, la Consejería les pidió que le facilitasen, pregunta por pregunta, el resultado de las pruebas, a lo que tres inspectores se negaron. Ya en septiembre, cuando se asignó el complemento de productividad a los inspectores, estos tres se quedaron fuera sin ningún razonamiento. “Es de una presión enorme, ya que si no obedeces a una orden verbal que es, cuanto menos alegal, te sancionan”, sostiene Purificación Paniagua, secretaria de la sección sindical de inspectores de UGT Madrid. “La administración puede pedir información de tipo estadístico, no el contenido de las respuestas. El contenido pertenece a los tribunales”, añade. Este caso también está judicializado.

Juan José Reina, inspector jubilado y expresidente de la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE), cree que el problema es que la administración usa a los inspectores como su “brazo armado”. “Los inspectores son muy institucionales, pero a veces se confunde la lealtad institucional con el servilismo, hasta el punto de que en nuestros informes se lleguen a firmar asuntos con los que no estamos de acuerdo en absoluto”, explica. “Ahora, que ya estoy jubilado y no pueden hacerme nada, aún me hacen un seguimiento porque doy charlas contra la nueva reforma educativa”, asegura.