9.000 millones de dinero público para asegurar negocios de multinacionales

MADRID // El Gobierno del PP aspira a financiar con fondos del erario público los negocios privados de las empresas españolas en el extranjero y, para ello, ha presentado una ley que pondrá 9.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a disposición de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).  Amparado en su mayoría absoluta, el Ejecutivo avanza hacia ese fin. El pasado jueves, el pleno del Congreso rechazó  la enmienda a la totalidad que el grupo parlamentario socialista presentó a esa ley auspiciada por el Ministerio de Economía.

En realidad, la ley que ha presentado el titular de la cartera, Luis de Guindos, abre la posibilidad de que otras sociedades actúen como “agente gestor”, aunque será Cesce la que seguirá actuando como aseguradora durante los próximos siete años con el mencionado colchón de 9.000 millones de euros.Desde septiembre de 2012, cuando se aprobó el Real Decreto Ley 20/2012, el Estado ya no está obligado a ser el accionista principal de Cesce, lo que representa el inicio de su proceso de privatización. Cesce nació en 1970 como una sociedad de capital mixto (público y privado) que aseguraba las posibles pérdidas de las empresas españolas en el extranjero para facilitar la expansión internacional de las corporaciones más grandes del país.

“El problema no es sólo la privatización de Cesce» –asegura Mónica Vargas, del Observatorio de la Deuda y la Globalización (ODG)– «sino que con la nueva ley no se va a poder mantener apenas control sobre este mecanismo por la sociedad civil”. Son varios los colectivos y ONG que llevan años denunciando las negativas consecuencias sociales y ambientales que produce la actuación de las empresas que ampara Cesce en otros países.

La diputada de ICV, Laia Ortiz, lo describe de la siguiente forma: “la falta de regulación respecto a los Derechos Humanos y al medioambiente es algo histórico, que viene de lejos en Cesce, pero desde que está el PP hay claros pasos atrás”. Además de la privatización, o debido a la misma, Ortiz asegura que el proceso de actuación de Cesce “está cada vez más mercantilizado” y que la entidad “es un mecanismo que ya no funcionaba a nivel de garantías, por lo que si se pierde la capacidad del Estado de controlar el agente gestor se incrementan los riesgos todavía más”.

Para Mónica Vargas estos riesgos son claros y entre ellos destaca la posibilidad de que siga aumentando la distancia entre la justificación teórica de Cesce y su labor real. De partida, se supone que Cesce , entre otras cuestiones, sirve para conectar países que necesitan nuevas proyectos con empresas que puedan acometer las inversiones, pero lo que en realidad sucede “es que las empresas españolas invierten en países como Irak y Colombia donde no se aseguran los derechos laborales”.

El nombre de Colombia también saltó a la palestra en la tribuna del Congreso, cuando el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, se refirió a las inversiones que empresas como Telefónica, Fenosa, Aguas de Barcelona y el BBVA hacen en este país. Refiriéndose a las ganancias que estas empresas obtienen de Colombia, Cuadra preguntó a De Guindos “¿pero acaso sus beneficios, señor ministro, no tienen que ver con el hecho de que en los últimos años, por ejemplo, más de 3.000 sindicalistas hayan sido asesinados en este país y como consecuencia la situación de la clase trabajadora esté en unas condiciones de defensa bastante debilitadas?”

Sin transparencia ni adecuación con Europa

Otro de los puntos que denuncian las organizaciones firmantes de la nota de prensa que el ODG publicó respecto a la nueva ley es que no se soluciona la falta de transparencia que Cesce arrastra desde siempre. Según el ODG, es muy difícil encontrar información sobre las operaciones que cubre la entidad y, si la hay, está poco detallada, lo que les impide tener margen de maniobra para actuar. Para Laia Ortiz, el secreto de confidencialidad comercial en el que se ampara esta restricción de datos genera un problema: que los contratos que establece Cesce con las empresas no pueden ser analizados según los parámetros que requerirían el cumplimiento de los Derechos Humanos e incluso el propio marco que la Unión Europea marca para las Agencias de Crédito a la Exportación, entre las que se encuentra Cesce.

En lugar de regirse por la normativa que la UE tiene al respecto, que es vinculante, la nueva ley ha sido argumentada siguiendo los presupuestos de la OCDE al respecto, mucho más laxos y que no reflejan los objetivos de la UE de respeto a los Derechos Humanos y el medioambiente, no asumen la promoción de la democracia o la erradicación de la pobreza, además de no requerir el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ni la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni tampoco el Convenio 169 de la OIT.

Un negocio asegurado

Durante la defensa de su ley, Luis de Guindos argumentó que Cesce no había supuesto pérdidas en el último año para el Estado, sino por el contrario beneficios, por lo que si ya estuviera vigente el sistema que se quiere instaurar, Cesce no habría tenido que utilizar ese fondo de 9.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Laia Ortiz advierte que esta situación no es invariable porque “ahora no se ha incurrido en gasto pero eso no quiere decir que no se pueda incurrir en gastos públicos más adelante”. Según la nueva ley, “hay muchas partidas que provocarían que el Estado sea el acreedor directo con terceros países por lo que hay poco riesgo para las empresas y menos para las aseguradoras privadas, que se quedarán con el monopolio de la gestión”, apostilla la representante de ICV en el Congreso.

Cesce va a funcionar, así, como un transmisor de riesgo de las empresas al Estado, es decir, cuando las empresas estén en peligro de no cobrar, el fondo de 9.000 millones de euros las indemnizará y el derecho a cobrar la deuda pasará a manos de Cesce. Además, este riesgo no es un riesgo cualquiera ya que, según Mónica Vargas las aseguradoras privadas se quedarán con los proyectos más seguros mientras que Cesce asumirá el amparo de las operaciones con más peligro de impago y las que tienen un mayor impacto socioambiental en el país que recibe la inversión. De esta forma, la iniciativa privada se va a quedar con el control de lo que, hasta hoy, era un cuasi monopolio estatal: se va a liberar de los proyectos de más riesgo y va a ser indemnizada con dinero público si finalmente la iniciativa sale mal.

El debate parlamentario

Durante el debate que se produjo en la discusión de la enmienda a la totalidad que el PSOE presentaba a la ley aparecieron tres posturas. Una de ellas era la del PP, el promotor de la ley sobre la que se discutía y que, junto a CiU y PNV, aseguraban que la nueva norma era un impulso a la internacionalización de las empresas españolas.

En el otro lado estaba el resto de la Cámara, contraria a la norma, pero que se dividían entre los que hacían una crítica de un carácter más técnico y los que además hacían incidencia en las condiciones de la población de los países receptores. Entre los primeros estaban el PSOE, Geroa Bai y UPyD, que, a grandes rasgos, se preguntaban el porqué de privatizar un instrumento que no suponía ningún coste y además pedían una mejor conexión del Cese con otros organismos como el ICEX. Por su parte, el mencionado Sabino Cuadra, por parte de Amaiur, y Joan Josep Nuet, como representante de la Izquierda Plural, pusieron el foco en las consecuencias negativas que la inversión española produce en algunos casos y se lamentaron de que la nueva ley no proponga nuevas herramientas para evitarlo.

Para Laia Ortiz, tanto PP como PSOE, CIU y PNV “han tenido una visión completamente miope y sesgada de las políticas a la internacionalización”, en la que “siempre se prioriza la cuestión económica” y que acaba porque las políticas de desarrollo que se ponen en marcha sea anuladas por “la anticooperación que se hacen desde otras políticas”.