20 millones de dinero público para destrozar un palacete en Segovia

SEGOVIA // En un momento en el que peligran las urgencias nocturnas rurales y los alumnos de las escuelas rurales pasan frío por falta de calefacción, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia se han empeñado en destinar 20 millones de euros para edificar un palacio de congresos en el patio del pabellón de caza «La Faisanera», un edificio del siglo XVII situado en la finca de Quitapesares y que, a causa de un turbio proyecto urbanístico, está ahora rodeado por un campo de golf. De hecho, este palacete que perteneció a los reyes de España hace ahora las veces de club de golf del terreno donde los ricos segovianos y de otros lugares practican ese elitista deporte.

El proyecto que ha arruinado ya el entorno de este edificio y que ahora lo amenaza directamente, data de 2002 y fue bautizado como ‘Segovia 21’. Su principal impulsor no fue otro que Atilano Soto, ex presidente popular de la Diputación Provincial de Segovia, primero, y de Caja Segovia después, hoy imputado en el caso Bankia. No es el único imputado que aparece relacionado con el proyecto, pues en su gestión participaron otros acusados por ese mismo caso y también por el caso Gürtel.

Segovia 21 consistía en un ambicioso complejo de viviendas de lujo, hotel, vivero de empresas y campo de golf en plena sierra de Guadarrama. Pero para ello hacía falta un terreno que pudiera albergar todas esas instalaciones y, para escándalo de los segovianos y de organizaciones cívicas, la elegida fue una finca propiedad de la Diputación- por tanto pública- y, para colmo, de gran valor histórico y ecológico: Quitapesares. La finca de Quitapesares (Palacio de la Real Quinta de Quitapesares) fue un regalo de Fernando VII a su esposa, la reina María Cristina. Aparte del pabellón de caza La Faisanera, constaba de 116 hectáreas de monte declarado de uso público dotacional; es decir, que estaba destinado al disfrute de los segovianos. De las 116 hectáreas, 79 gozaban de la consideración de Monte de Utilidad Pública.

Esto no detuvo a la Diputación de Segovia, Caja Segovia y la Cámara de Comercio local que siguieron adelante con el proyecto, con la ayuda de la Junta de Castilla y León, cuya Consejería de Medio Ambiente descatalogó parcialmente el monte para permitir la construcción del complejo. Luego llegó la recalificación del suelo a urbanizable por parte del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, gobernado en aquellos años por Izquierda Unida.

Desde el principio, este proyecto con tufo a pelotazo urbanístico suscitó un enorme escándalo en la sociedad civil segoviana que desde hace varios años se ha opuesto a lo que consideran un «atraco de recursos públicos», en los términos utilizados por los movimientos sociales, partidos y sindicatos de Segovia. Estos colectivos han convocado una marcha para este domingo para denunciar el proyecto, que partirá a las 11.30 del Acueducto de la ciudad.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Equo, el 15M, Foro Social, PAH, Segovia de Izquierdas, UCCL y Yesca aseguran que Segovia 21 es un proyecto «corrupto, antiecológico, elitista y antisocial». Y no les faltan argumentos; por citar algunos, el Foro Cívico Ciudadanos por Segovia denunció en su momento que la construcción del campo de golf La Faisanera – el que ahora rodea al pabellón de caza del mismo nombre- supondría la destrucción de la olmeda de ‘Ulmus laevis’ más valiosa y singular de la Península Ibérica y la merma de recursos hídricos de toda la zona. Algo que tampoco conmovió a las administraciones públicas, pese a los problemas de agua que sufre Segovia y su alfoz, agravados por lo que las asociaciones ecologistas y no pocos ciudadanos consideran como «insaciable depredación» de Bezoya.

Si las organizaciones convocantes de la marcha de este domingo no carecen de argumentos ecológicos, tampoco les faltan los datos económicos que apuntan a un lucrativo pelotazo. Según un informe que han elaborado, los 650.000 metros cuadrados del campo de golf  que se construyó arrasando la olmeda de alto valor ecológico se tasaron al precio irrisorio de 3,5 euros el metro.

La sombra de Gürtel

Una vez construido el complejo,  Fomento Territorial, presidida por el empresario francés Elías Benatar, fue la encargada de gestionarlo. Para ello contrató como consultoras a varias empresas vinculadas al exdiputado popular por Segovia imputado en el caso Gürtel, Jesús Merino. De hecho, el sumario del caso menciona el proyecto y el pago de casi 1.200.000 por parte de Fomento Territorial a Everland SL, Serrano Global Consulting y Algaba Consultores. La urbanización Segovia 21 corrió a cargo de otro imputado en Gürtel: José Luis Ulibarri. El análisis de las organizaciones convocantes de la marcha recogido en su informe añade que «por si fuera poco, la desaparecida Caja Segovia de Atilano Soto era accionista de la sociedad Soto 11, concesionaria del campo de golf de Majadahonda», casualmente uno de los vértices de la trama Gürtel en Madrid.

Diez años después de iniciado el pelotazo, las viviendas que se construyeron en la finca de Quitapesares, no se venden; el hotel, de NH Hoteles, está abandonado; el vivero de empresas, semivacío; y el campo de golf, sin socios. Y la deuda actual del complejo asciende a 30 millones de euros.

Todos estos hechos no han servido para que la Justicia investigue. El fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, tomó declaración al Consejo de Segovia 21, para al poco tiempo archivar el caso, en una maniobra que ha sido calificada por el PSOE, -por cierto, también responsable del pelotazo puesto que tenía a un representante en el consejo de Segovia 21 y además votó con el PP a favor del proyecto en la Diputación- como «una estrategia para sacar adelante el Palacio de Congresos de La Faisanera».

El Palacio de Congresos es el penúltimo capítulo del culebrón de Segovia 21. En esta obra, que amenaza con destrozar el palacete del siglo XVII que hace las veces de casa club del campo de golf, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia es donde quieren invertir los 20 millones de euros. El pasado 17 de junio, un grupo de ciudadanos indignados realizaron una protesta en la Plaza Mayor de Segovia contra el proyecto. El resultado ha sido un puñado de expedientados por parte de la Subdelegación del Gobierno.