La desigualdad de género, campo de cultivo de la violencia

Han pasado varios años desde la completa aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y sin embargo es prácticamente imposible no encontrarnos cada mes con el asesinato de una mujer a manos de su compañero o ex compañero. Las medidas adoptadas no están sirviendo para acabar con una socialización del género masculino y femenino que haga imposible el uso de la violencia. Lejos de reducirse el problema, la situación se perpetúa y agrava alcanzado a mujeres cada vez más jóvenes.

El número de denuncias es alarmante. En 2012 hubo un total de 128.543, una media de 352 denuncias diarias por violencia de género. Pero éstas sólo son un indicador. El porcentaje de mujeres que ha sufrido maltrato alguna vez en su vida representó el 10,7% de la muestra de la Macroencuesta de 2011. Además son las mujeres  de entre 25 y 29 años y las de 40-44 años las que declara haber sufrido maltrato con más frecuencia. Para los hombres de estas edades la exhibición del poder en sus diferentes formas es una cuestión de reputación. Se reproduce aquí lo que la Escuela de Frankfurt apuntó como un fenómeno propio de la psicología de masas en los periodos de crisis: aumentan mucho “las personalidades autoritarias”, es decir, aquellas personas que son muy sumisas con sus superiores y muy autoritarios con aquellos a quienes consideran inferiores.

Por otra parte, el Informe Igualdad y prevención de la violencia de género en adolescentes, presentado por la Universidad Complutense y el Ministerio de Igualdad ponía de manifiesto la perpetuación de comportamientos violentos en las relaciones de pareja en los adolescentes. Una de cada diez chicas dijo haber vivido situaciones de maltrato y un 13% de los chicos reconoció haber ejercido dichos comportamientos con las chicas. A ello se añade que una de cada diez universitarias reconoce haberse sentido obligada a conductas de tipo sexual en las que no quería participar o han visto difundidos mensajes, insultos o imágenes por internet  sin su permiso. El ciberacoso y es una nueva forma de ejercer violencia y ante ella las jóvenes son las  más vulnerables. La Fiscalía de Menores alerta de que aumentan las causas judiciales por razones de violencia de género en adolescentes de entre 15 y 17 años. Y sin embargo, ¿qué se hace frente a esta realidad? Se suprime la asignatura de educación para la ciudadanía y se aprueba una ley tan regresiva como la Ley Wert.

Estas medidas se acompañan de otra serie de actuaciones y normas incardinadas en la lógica de la desigualdad. En los Presupuestos Generales del Estado, la partida para Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cae un 35,6%. El programa 232C destinado a la prevención integral de la violencia de género ha bajado un 1,5% respecto a 2013 y un 22,5 % respecto a 2008. Esta rebaja supone el desmantelamiento progresivo de la red de apoyo social, la reducción y deterioro en atención psicológica, en el sostenimiento de los centros de acogida, en los recursos telemáticos, e incluso en las campañas de concienciación. Aunque curiosamente ante cada nuevo asesinato el ejecutivo anuncia la inversión de 1.500 millones para erradicar la violencia de género. Pero no hay más que leer su “Estrategia nacional contra la erradicación de la violencia contra la mujer” la cual concluye que “anualmente se procederá a las actualizaciones, si procediera, de los créditos asignados cuya efectiva ejecución estará condicionada a las existencia de crédito adecuado y suficiente, y, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

Y mientras esto sucede se asiste al desmantelamiento de servicios necesarios para reducir los violentos efectos de este sistema machista y patriarcal. Se ha reducido la especialización y la formación del personal profesional que de forma directa o indirecta atiende a las mujeres que han sufrido violencia cuando esta es vital. El cierre de siete de los ocho puntos de encuentro en Madrid y las deficiencias de estos puntos  en Galicia – donde como medida de protesta se está desarrollando una huelga de hambre- son un  ejemplo de esta práctica liquidadora de los servicios públicos y del escaso interés que se tiene por reducir el conflicto.

La reforma de la administración local deja sin efecto el Artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que habilitaba a los Ayuntamientos a prestar entre otros servicios los de promoción de la mujer y por tanto impedirá mantener los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y los programas de promoción de la igualdad. Las oficinas de atención y asesoramiento a las mujeres han sido un pilar básico de ayuda a las mismas, sin embargo, por la política de austeridad se están eliminando. Y, ¿qué decir del teléfono 016 de atención e información a las víctimas cuando la empresa Qualytel, adjudicataria del servicio, ha sido multada por echar a personas con discapacidad y despedir a trabajadoras embarazadas?

Acabar con la violencia supone actuar y reparar a las víctimas, pero también prevenir su existencia. La igualdad es la mejor vacuna contra la misma, pero no están los tiempos para la lírica. La reducción del papel del Estado como proveedor de servicios, cuidados y prestaciones monetarias en favor de las familias ha supuesto una vuelta al hogar de determinadas responsabilidades y tareas que nuevamente recaen sobre las “espaldas” de las mujeres. Los recortes en educación, sanidad y los servicios de atención y cuidado a la dependencia, además de otros efectos, suponen un despliegue de la ideología de la domesticidad en un nuevo intento de meter a las mujeres en casa.

Si de verdad el gobierno quisiera acabar con la violencia contra las mujeres debería empezar por valorarlas en su condición de sujetos. ¿Cómo se va a acabar con la violencia con normas en las que se deslegitiman los deseos de las mujeres? El cuestionamiento de la actual Ley de aborto y la negación de la voluntad de las mujeres poco ayuda a practicar la igualdad. Una igualdad que se ve aún más reducida desde la  aprobación de la última reforma laboral que perjudica aún más a las mujeres al permitir mayor discrecionalidad del horario por parte empresario, al posibilitar las horas extras con contratos a tiempo parcial, modificar determinadas cuestiones en materia de conciliación de la vida laboral y familiar y abaratar, aún más el despido.

Desde 2010, España ha bajado desde el puesto número 11 al 30 en el ranking de igualdad del Informe sobre brecha de género del Foro Económico Mundial. La política del ejecutivo actual se inscribe en el paradigma de la desigualdad y ese es el mejor camino para fomentar la violencia.

* Begoña Marugán Pintos es profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid.