El juez mantiene la imputación a Güemes y Lamela por beneficiarse de la privatización sanitaria

Marcelino Sexmero, juez titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino ha desestimado el recurso que el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes interpuso el pasado verano contra el auto de admisión de la querella por prevaricación, cohecho y malversación y que fue presentado por la asociación de médicos Afem.

Según ha adelantado El Mundo, en su auto el juez también defiende la necesidad de investigar los hechos presuntamente delictivos que relata Afem. Además, el auto precisa qué delitos corresponderían a cada uno de los nueve imputados en el proceso. En el caso de los exconsejeros Güemes y Manuel Lamela, cohecho y prevaricación.

El juez Sexmero reconoce que “el escrito de querella debería haber sido más claro en el relato de los hechos e imputaciones” y muestra su decisión de seguir investigando. “Resulta indispensable la práctica de las diligencias de investigación necesarias tendentes a esclarecer los hechos relatados en la querella incluso aunque pudieran ser confusos”, afirma en el auto.

Además, también legitima a Afem como querellante ya que “el interés del colectivo médico y en consecuencia de la asociación querellante, que se ve afectado o puede serlo en sus condiciones de trabajo y económicas, así como en la prestación del servicio de salud, por las irregularidades denunciadas, está sobradamente acreditado”.

La querella presentada por Afem denuncia supuestas irregularidades del Servicio Madrileño de Salud, en “el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o partícipes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a través del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones”.

En cuanto a los antiguos responsables de la sanidad madrileña, el juzgado investigará la relación de Lamela con la empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja.

Del mismo modo, Güemes está vinculado a Unilabs, “una filial española de la mutlinacional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre la compra del 55% de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera Salud”, la adjudicataria.

El juez en su auto resalta que su investigación buscará “la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la Sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño”.