Demanda al Instituto de Vivienda madrileño por malversación de fondos

El Partido Socialista de Madrid tiene previsto demandar al Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) por malversación de fondos públicos. Un delito que, según explica a La Marea el responsable de Vivienda socialista en la Asamblea de Madrid, Antonio Fernández Gordillo, tiene su origen en las 32 promociones del Plan de Vivienda Joven (situadas en Madrid capital, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Majadahonda, Navalcarnero, Valdemoro, Leganés y Arroyomolinos) que el IVIMA vendió al banco estadounidense Goldman Sachs y la inmobiliaria española Azora.

Los argumentos principales de esta demanda son dos. Azora-Goldman Sachs se adjudicó el pasado mes de agosto las casi 3.000 viviendas, locales y trasteros que componen las 32 promociones por un importe total de 201 millones de euros. Según el diputado socialista, “este precio es claramente inferior a lo que le costó al IVIMA edificar las promociones, que fueron alrededor de 300 millones de euros“.  Además, la empresa regional podría haber ingresado más por la venta de las viviendas con tan solo esperar unos meses más, ya que se habría “habilitado la opción de compra de los vecinos y hubieran pagado el precio establecido en su contrato“.

Uno de los inquilinos e las viviendas afectadas de Majadahonda es Alfredo Alonso, quien, en declaraciones a este periódico, cuenta que está en régimen de alquiler con opción a compra. “Si hubiera querido comprar mi casa me habría costado 170.000 euros, pero el IVIMA se lo ha vendido a Goldman Sachs por 80.000“. Este es el motivo por el que los servicios jurídicos del partido socialista, que se ofrecieron a asesorar a los vecinos afectados, les han recomendado elaborar un formulario para presentar una reclamación administrativa a la empresa regional y al reciente adjudicatario de las promociones para que les ofrezcan la posibilidad de adquirir sus viviendas por el mismo precio por el que las ha comprado el fondo de inversión estadounidense.

Cambio de normas a mitad del proceso

Antonio Fernández Gordillo ha explicado a este diario que, para que la rentable operación a favor de Goldman-Azora fuera posible, tuvieron que cambiar el reglamento por el que se regían las viviendas de protección oficial. Cuando los arrendatarios accedieron a estas propiedades, “los jóvenes firmaron un contrato con una duración de 10 años, aunque a partir del quinto o del séptimo año, según los casos, podían ejercer su opción a compra“.

El proceso de negociación comenzó el 6 de junio de 2013. Algo más de un mes después, el 22 de julio, entró en vigor el Decreto 74/2009, que modificaba algunas condiciones del reglamento anterior. “Mediante esta norma –cuenta Fernández Gordillo- introducen la posibilidad de que los inquilinos puedan ejercer su derecho a compra tras un año de haber residido en la vivienda“ Algo que, según el diputado, favorece el negocio del fondo de inversión porque “no tienen que aguantar a que los inquilinos finalicen su contrato“.

Además de la reclamación administrativa, los vecinos afectados también presentarán un escrito en el que constan las principales características en materia de derechos que se contemplan en los contratos que en su día firmaron con el IVIMA. Alfredo Alonso señala que, mediante este documento, pretenden dejar claro tanto a los nuevos caseros como a la empresa regional que “sabemos cuáles son nuestros derechos y, por tanto, no vamos a permitir que los vulneren“.

Otro de los apuntes que Fernández Gordillo quiso realizar a modo de conclusión es la “interesante relación“ que existe entre Goldman Sachs y consejero de Transportes y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero. “La familia Cavero tiene una sociedad de inversión de capital variable, una Sicav, que se llama Bussola 99. En este fondo es donde tiene sus inversiones la familia del señor Cavero y el propio consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, también era consejero de esta sociedad hasta hace poco tiempo. Adivina quién gestiona los activos de esta sociedad“. Al consultar la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, consta que, si bien la gestora es BBVA Patrimonios,  la entidad en la que se delega la función de gestión es Goldman Sachs International.