“El derecho a saber es una parte esencial del proceso democrático”

Mientras el gobierno español acaba de aprobar una débil “Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno”, merece la pena considerar el funcionamiento de leyes parecidas en otras latitudes. Esta pasada primavera, una organización dedicada a valerse de la Ley por la Libertad de la Información norteamericana para desvelar el lado oscuro de la política exterior de Estados Unidos, aportó pruebas esenciales en el juicio por genocidio al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, gracias en gran parte a la labor incansable de Kate Doyle.

Kate Doyle lleva más de veinte años descubriendo los secretos más turbios de su propio gobierno. Como analista del Archivo de Seguridad Nacional  —una organización sin ánimo de lucro con sede en la Universidad  George Washington en la capital de Estados Unidos— escudriña miles y miles de documentos desclasificados en busca de pistas sobre los abusos cometidos en Latinoamérica en nombre de la democracia. “Estamos dedicados a defender y promover el derecho de todo ciudadano a saber qué hace su gobierno en su nombre pero sin su conocimiento”, afirma Kate. “Es una parte esencial del proceso democrático.”

Lo que les permite a Kate y sus treinta colegas hacer su trabajo es la Ley por la Libertad de la Información (Freedom of Information Act, o FOIA por sus siglas en inglés). La FOIA, aprobada en 1966 permite a cualquier persona pedir la desclasificación de documentos de cualquier agencia gubernamental. Éstas están obligadas por ley a considerar si el documento solicitado se puede desclasificar en parte o íntegramente. Desde su fundación por un grupo de periodistas en 1985, el Archivo de Seguridad Nacional ha conseguido y publicado decenas de miles de documentos de la CIA, el FBI y otras agencias. Los resultados de sus investigaciones están disponibles en internet y en unos sesenta libros publicados.

Kate Doyle testificó en el juicio contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori en 2008, y en la Audiencia Nacional española en la investigación del asesinato de  jesuitas en El Salvador en 1989. Más recientemente,  tuvo un papel crucial en la persecución legal de Efraín Ríos Montt, ex dictador de Guatemala, cuyo régimen contó con el apoyo  de Estados Unidos. En el curso de sus investigaciones de las masacres cometidas en las comunidades de los Maya Ixil, Kate aportó  documentos clave que revelaron que los asesinatos formaban parte de la “Operación Sofía”, una campaña de contrainsurgencia orquestada desde la misma cúpula militar. Así se deshizo la defensa que siempre habían aducido Ríos Montt y sus colaboradores: que no sabían qué hacían sus tropas en el interior.

Al cabo de un juicio de seis semanas, Ríos Montt se convirtió en el primer jefe de Estado condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en un tribunal nacional. Pocos días después, sin embargo, la condena fue anulada por la Corte Constitucional de Guatemala, alegando un detalle técnico: cuando Ríos Montt quiso reemplazar su equipo de defensa, el ex dictador habría estado, durante breves momentos, en una situación de desamparo judicial.

Me imagino que esta anulación fue una gran decepción para vosotros.

Sí, pero la verdad es que no nos decepcionamos tanto como se pensaría. Lo que nos sostiene a todos es el hecho de que conseguimos la condena de genocidio, ¡de un jefe de Estado! Esto de por sí representa una victoria tremenda y la culminación de muchos años de trabajo. Durante las seis semanas que duró el juicio se presentaron casi cien testigos, la mayoría de la región maya ixil. Los que perdieron a sus parientes, sus casas, su sustento, tuvieron la oportunidad de contar la historia de su sufrimiento, dirigiéndose directamente al máximo responsable. Y las 718 páginas de la sentencia están publicadas como libro y en internet. Ya nadie podrá borrarlas, por más que el Estado guatemalteco intente ignorarlo. En este sentido el juicio en sí, para las víctimas, constituyó una forma de reparación. Claro que nos molesta que Ríos Montt no esté en la cárcel ahora mismo. Pero sigue bajo arresto domiciliario y existe la posibilidad de que el juicio se reabra.

La mera existencia de esa Ley por la Libertad de la Información, y el hecho de que funcione, ¿no redime hasta cierto punto a la democracia norteamericana?

Bueno, afirmar que funciona quizá sea mucho decir. La ley dista de ser un ejemplo de eficacia. El proceso de desclasificación muchas veces es larguísimo, son muchas las agencias involucradas, y hay una enorme resistencia a la transparencia de parte del gobierno. Realizar una petición es fácil —y somos muchos los que hemos trabajado para que lo sea— pero muchas veces tenemos que gastar un esfuerzo enorme en insistir que el gobierno entregue los documentos pedidos.  Desde septiembre de 2001, desde luego, las cosas han empeorado mucho. Pero por más que reinen el miedo y la ansiedad por la seguridad nacional, y por más que se hayan intensificado el afán de secretismo y la sensación de crisis, la ley sigue en vigor y se sigue aplicando. Con todo, pues, la FOIA es un arma extraordinariamente poderosa que ha servido para desenterrar cantidades inmensas de información sobre el funcionamiento del gobierno.

No dudáis en recurrir a los tribunales para obligar la desclasificación de documentos.
Sí dudamos, porque la vía judicial es muy compleja y muy cara. Pero es verdad que, si no hay otro camino, recurrimos a los tribunales. Y lo hacemos cuando creemos que una victoria judicial puede ser transcendental y beneficiar a una gama amplia de instituciones e individuos. La ley estipula, por ejemplo, que el gobierno no puede cobrar gastos si la petición de información proviene de una organización mediática o educativa. Uno de nuestros primeros logros en los tribunales, en 1989, hizo que se ampliara la definición de lo que es una organización mediática. Hasta ese momento se interpretaba esa definición de la forma más estrecha posible, por lo que recurrir a FOIA significaba, para muchos investigadores, un gasto prohibitivo de decenas de miles de dólares. Ahora cualquiera que publique el resultado de su trabajo, aunque sea en un blog, está dispensado de pagar los gastos.

¿Cómo se compara esta ley a leyes similares en otras partes?
Son muchos los países que han adoptado leyes parecidas. Hubo una ola de legislación al respecto después del final de la Guerra Fría, en los años noventa y el comienzo del siglo presente, en muchos casos inspirada en EEUU. Y varios han acabado mejorando el modelo. Limitándonos a Latinoamérica, México es el país que mejor ley de transparencia tiene, adoptada en 2002. A diferencia de Estados Unidos, México creó una agencia independiente, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que monitora el funcionamiento de la ley. Ahora hay voces en el Congreso de Estados Unidos que quieren proponer una agencia similar aquí. En un contexto global, la India es un caso ejemplar. Allí, como en otras partes, la ley de transparencia sirve ante todo como instrumento para luchar contra la corrupción a nivel local. Y funciona muy bien.

Llama la atención que vuestra labor se constriña escrupulosamente a la vía legal. ¿Cómo ves a Chelsea Manning, Julian Assange, WikiLeaks y, más recientemente, Edward Snowden, que trabajan con métodos diferentes?
Es verdad que respetamos los límites de la ley. No somos una organización de whistleblowers, o denunciantes internos. Nuestro objetivo es expandir los límites de la Ley por la Libertad de la Información, promover el acceso de los ciudadanos a la información sobre su propio gobierno como derecho democrático fundamental, y retar la cultura del secretismo y de la clasificación. Y eso lo hacemos dentro del marco de la ley existente.

Esto no significa, sin embargo, que veamos a Manning o a Snowden como rebeldes, o que desaprobemos de lo que hacen. Los vemos como denunciantes internos que, como tales, tienen derecho a protección y respeto. Es más, su existencia es sintomática de los problemas de la cultura del secreto, y de las carencias del sistema legal para cumplir con el principio de la transparencia. Su decisión de publicar documentos clasificados ha servido más para poner el foco en los problemas de un sistema de clasificación irracional que para dañar el funcionamiento de la FOIA.

¿Hasta qué punto os preocupa la erosión de las libertades civiles y del derecho a la privacidad? 

El problema de la clasificación excesiva, de gobiernos que se niegan a publicar los hechos más básicos de su funcionamiento —qué hacen, por qué, y cuánto dinero gastan en ello— es que acaba por erosionar la misma idea de la seguridad. Si todo es secreto, no hay forma de distinguir lo que realmente es importante mantener en secreto de lo que no lo es, aunque quizá sea vergonzoso para el gobierno, o pueda descubrir actos criminales cometidos desde el gobierno. El sistema de clasificación deja de funcionar cuando el Estado se aprovecha de él para encubrir sus crímenes, errores y casos de corrupción.Aunque el Archivo de Seguridad Nacional trabaja para que los ciudadanos de EEUU sepan qué hace su gobierno en nombre suyo, el impacto de vuestra labor se ha sentido más allá de las fronteras y ha contribuido a enjuiciar a políticos y militares en otros países, como Chile y Guatemala.

Es más: colaboramos activamente en la campaña global a favor del derecho a la información. Tardamos poco en comprender que la información sobre la política exterior de EEUU que sacamos nosotros sirve directamente para reforzar la lucha contra la impunidad en otros países, como Guatemala, Argentina y Chile, que lidian con el legado de las guerras sucias, el terrorismo del estado y una cultura de encubrimiento e impunidad. El hecho de que documentos desclasificados de la CIA, o informes de embajadores y agregados diplomáticos de Estados Unidos contengan pruebas de violaciones de derechos humanos cometidas en esos países, los convierte inmediatamente armas a favor de la transparencia y la justicia.

Tu trabajo exige paciencia, tesón y una gran capacidad para encajar decepciones…
Es cierto, son muchos los obstáculos. Por ejemplo, hay nada más molesto que constatar, una y otra vez, la capacidad del Ejército, en los países de las Américas, de esquivar el debate sobre la forma en que el Ejército se organizó y entrenó para matar a sus propios ciudadanos. Frustra enormemente no poder acceder, a través de un proceso legal y normativo, a los archivos militares secretos en esos países. La poca información que tenemos nos llega a por medio de fugas,  escubrimientos accidentales o “whistleblowers.” Los Ejércitos siguen teniendo mucho poder y se protegen a sí mismos; y aunque sabemos que, como instituciones, crearon una huella documental de sus operaciones, hasta la fecha no ha habido país latinoamericano dispuesto a obligar a su Ejército a abrir sus expedientes históricos sobre las guerras sucias.
Pero nuestro trabajo también tiene sus momentos de gran satisfacción. Cuando los gobiernos de países como Guatemala, México, El Salvador, Honduras o Argentina afirman que no hay información alguna sobre los responsables militares o policiales de las violaciones de derechos humanos, no hay nada más grato que descubrir pruebas documentales, incontrovertibles, de esos crímenes, y poder usarlas después en esos países en comisiones de la verdad, o entregarlas a las familias de los desaparecidos, o usarlas en un juicio criminal. ¡Eso sí que justifica todos los esfuerzos!

*Sebastiaan Faber es catedrático de Estudios Hispánicos en Oberlin College (Ohio, EEUU).