Las claves de la Ley de Cajas de Ahorros

MADRID // La nueva (y polémica) Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias llega mañana al Congreso para su debate. La norma es uno de los compromisos que el Gobierno adoptó con la UE en el memorándum de entendimiento que acompañó al rescate bancario acordado en diciembre de 2012. La propuesta de ley recoge nuevas limitaciones al tamaño y al papel que deben desempeñar las cajas de ahorro, aumenta las incompatibilidades de sus cargos directivos con otras funciones públicas y marca el camino que deberán tomar las antiguas cajas en su transición a fundaciones bancarias, el nuevo actor financiero que fabrica esta ley.

Y estos cambios tendrán dos consecuencias principales. La primera es que, según su situación actual, sólo dos cajas podrán seguir actuando como tales: la Caja Pollensa y la de Ontinyent. Las demás se deberán convertir en fundaciones bancarias. La segunda es la reafirmación de la concentración del sector financiero, una dinámica que se viene dando desde el proceso de reestructuración del sistema y que está provocando que cada vez existan en España menos entidades de crédito y que, a su vez, éstas sean cada vez más grandes.

Las propuestas principales del proyecto de ley se pueden agrupar en tres bloques:

LÍMITES A LAS CAJAS. La ley plantea a las cajas unas barreras que afectan a su volumen, al territorio en el que actúan y a su papel en el sistema financiero. En cuanto a su tamaño, la ley dispone que ninguna caja puede tener un activo de más de 10.000 millones de euros o que su cuota de depósitos supere el 35% del total de los depósitos de la comunidad autónoma en la que trabajan.

Tomar como medida la región se deriva de la segunda limitación, ya que las cajas no podrán actuar a nivel nacional, como lo hacían hasta ahora, sino que deberán centrarse en una comunidad, pudiendo expandirse además en diez provincias limítrofes como máximo. Esta segunda barrera también está relacionada con la tercera, la de la función que deben tomar las cajas. Y es que, con la entrada en vigor de la ley, las cajas tendrán que centrarse en negocios cercanos, protagonizados por la pequeña y mediana empresa, dejando de lado las actividades financieras complejas.

CREACIÓN DE LAS FUNDACIONES BANCARIAS. Las cajas que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente o que participen en más de un 10% en una entidad de crédito, deberán convertirse en fundaciones bancarias, una nueva categoría que crea esta ley. Según la norma, las fundaciones bancarias deberán tener una finalidad social y su actividad se deberá centrar en la obra social y en la gestión de su participación en el banco.

Si las fundaciones poseen más de un 30% de la entidad de crédito en la que participan, también estarán obligadas a presentar al Banco de España un plan financiero que explique sus estrategias de inversión. Las exigencias son mayores si la participación es superior al 50%: además de un plan de gestión de riesgo, la administración exigirá la creación de un fondo de reserva para hacer frente a posibles desajustes del banco. Las cajas dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la ley para acometer esta transformación.

EVITAR EL CONTROL POLÍTICO. La futura ley establece que no podrán formar parte de la dirección de cajas y patronatos de las fundaciones bancarias ningún cargo político electo, tanto a nivel estatal, regional o local, como ningún ejecutivo de partido político, sindicato u organización empresarial. La incompatibilidad se extiende hasta los dos años del cese de estos altos cargos.

A su vez, se reduce la participación de la Administración en la asamblea de un 40% a un 25% para dar más voz a los impositores, que tendrán del 50% al 60% de la representación. A su vez, la ley exige que la mitad de los miembros del consejo de las cajas tienen que ser independientes, para contrarrestar los diferentes grupos de interés. Todos los consejeros deberán de cumplir los requisitos de honorabilidad y experiencia y conocimiento que se le exigen a los bancos.

La ley se ha encontrado con la oposición frontal de los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Amaiur, los cuales han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto, mientras que PSOE, PNV y CiU han intentado buscar el consenso proponiendo modificaciones concretas.