El Gobierno descarta, de momento, "modular" el derecho a la reunión

MADRID // La caja de Pandora la abrió el martes la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al poner en el centro de la diana mediática un derecho fundamental recogido en el artículo 21 de la Constitución, el de «reunión pacífica y sin armas». Desde entonces, se han sucedido las reacciones dentro del seno del PP, aunque con una indefinición constante, sin una postura clara.

Las reacciones han ido desde la del sucesor de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que considera «razonable» la postura de Cifuentes –alega que Madrid acoge demasiadas manifestaciones– a la del Ministerio del Interior, que ha parado los pies a la delegada del Gobierno al descartar que se esté planteando una modulación de la ley orgánica 9/1983, que lo desarrolla.

«No hay austeridad sin represión»
No obstante, el debate ha encendido a los movimientos sociales. Daniel Raventós, profesor de sociología de la Universitat de Barcelona, analiza la postura de Cifuentes asegurando que «no hay austeridad sin represión». Para Raventós, la postura de la delegada va en consonancia con lo que ocurrió en 2011 en Cataluña con el conseller de Interior, Felip Puig. El máximo responsable de la policía catalana fue duramente criticado por la actuación de los Mossos d’Esquadra tras las acampadas del 15-M en la Plaza Catalunya de Barcelona. «Pero Cifuentes le ha superado con el 25-S», asegura Raventós.

“La gente se va dando cuenta poco a poco lo que está pasando y sale a las calles, al igual que ocurre con las manifestaciones masivas de Portugal o las huelgas generales de Grecia”, asegura el profesor. «Y esto va acompañado de restricción de derechos básicos como son el de reunión o el de manifestación».

Raventós también alerta sobre el uso del lenguaje por parte del PP, incluso durante las jornadas previas al 25-S, cuando recuerda que varios dirigentes llegaron a tildar a los manifestantes de «peligrosos exaltados», «turbas incontroladas» o «nazis».

«Pero cuando hay gente que protesta contra la austeridad y las autoridades sin ejercer violencia, el Gobierno tiene cada vez menos argumentos», defiende. Incluso «han llegado a infiltrar provocadores de la Policía para justificar las intervenciones posteriores, como se ha demostrado».

Derechos fundamentales
Para la abogada Isabel Gozalo, el derecho de «reunión» está enfrentado en este caso a otros recogidos también en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, como es el de «circular por el territorio nacional» (art. 19).

La Delegación de Gobierno debe autorizar la manifestación «salvo que se altere el orden público o el derecho de personas o bienes». Pero «¿cómo se define cómo se altera el orden público? ¿2.000 manifestaciones son alteración del orden público? ¿por qué todas tienen que ser por el Paseo de la Castellana?», se pregunta Gozalo.

En cualquier caso, si el Gobierno diese finalmente su apoyo al sector más radical que lideran Cifuentes y González y optase por modificar la ley orgánica reguladora necesitaría contar con el apoyo de un número de diputados mucho mayor que el que le otorga su simple mayoría absoluta en el Congreso.