Una cifra que no para de crecer: 533 víctimas de violencia machista al día

194.658 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2023, un 10,30% más que en 2022, según el informe anual del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial. La cifra también puede leerse de la siguiente manera: 533 mujeres víctimas cada día. El incremento de víctimas, salvo el año duro de la pandemia de COVID (2020), viene ocurriendo de forma continuada desde 2013. Dos de cada tres mujeres víctimas (65,22%) eran españolas. La mayoría de hombres condenados en los juzgados de violencia sobre la mujer también eran españoles: 18.720 frente a 8.507 de nacionalidad extranjera.

Según el informe, los órganos judiciales recibieron 199.282 denuncias por violencia de género, un 9,46% más que en 2022, cuando se registraron 182.065. La suma de las órdenes de protección acordadas ascendió a 35.551, un 8,24% más que en 2022, mientras que las sentencias dictadas fueron 60.172, un 5,4% más. El 80,64% de esas resoluciones contenían un fallo condenatorio, lo que marca un nuevo máximo anual en la serie histórica.

Un año más, indica el Observatorio, siete de cada diez denuncias (70,93%) fueron presentadas por las propias mujeres, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,82% del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,89%; las originadas por partes de lesiones, el 7,94%; y las presentadas por terceras personas, el 3,43%.

La tasa de víctimas de violencia de género

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 79,4 en toda España, seis puntos y medio más alta que en 2022. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 124,8; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, con 80,9. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Catalunya, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77. 

El 10% de las víctimas renunció a declarar contra su agresor

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó un 15,38% respecto a 2022: un total de 19.500 víctimas renunciaron a prestar declaración contra sus agresores. Pese al incremento en el número total, el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa (10,02%) fue muy similar al de 2022 (9,58%). De ellas, 9.540 eran españolas y 7.299 de otras nacionalidades.

En 2023 se solicitaron en los órganos judiciales 50.806 órdenes de protección. De ellas, fueron acordadas 35.551, un 8,24% más que en 2022 y se denegaron otras 15.067, un 5,6% más que en el año anterior. Un año más, los órganos judiciales acordaron siete de cada diez órdenes de protección, un 69,97%

Del total de órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, 29.177 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, que acordaron el 68,7% de las solicitudes que recibieron; las otras 6.374 (el 77% de las solicitadas) correspondieron a los juzgados de guardia.

En el 46,3% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección, porcentaje levemente inferior al de 2022 (48,4%).

Dos de cada tres mujeres (64,8%) que solicitaron protección eran españolas y un 2,1% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. En ambos casos, los porcentajes son similares a los registrados en 2022. 

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, 64.914 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (25.137), que representaron el 67,37% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (24.270), un 65,25%.

Por otra parte, los órganos judiciales dictaron un total de 20.757 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (6.471), seguidas por las relacionadas con la atribución de la vivienda (4.550), la suspensión del régimen de visitas (4.026) y la suspensión de la guardia y custodia (2.411).

Ocho de cada diez sentencias fueron condenatorias

El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó más de tres puntos respecto a 2022 y se situó en el 80,64 % del total.

El número total de sentencias dictadas en 2023 fue de 60.172 y, de ellas, 48.525 fueron condenatorias y 11.647 (el 19,36 %), absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,56%, y en las audiencias provinciales, con el 81,02% del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 69,08% de los casos enjuiciados.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, recalca que la capacidad de reunir el material probatorio necesario para alcanzar un fallo condenatorio se hace siempre, y en cualquier caso, con el máximo rigor en la protección de todos los derechos que asisten al investigado. “Que haya un mayor porcentaje de fallos condenatorios implica que no hay impunidad en estos delitos y que la credibilidad de la víctima en su declaración se valora siguiendo el criterio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, añade.

Carmona insiste en la necesidad de mantener los altos niveles de formación y profesionalidad de quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a la víctima. «El Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y debe seguir aportando los medios necesarios, por lo que hoy más que nunca es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado un pacto de Estado que, como el de 2017, nos permita seguir siendo puntas de lanza a nivel internacional en esta materia», sostiene en un comunicado.

Para Carmona, los datos de 2023 tienen, por un lado, una lectura positiva, en la medida en que muestran que las mujeres confían en la justicia y dan el duro paso de denunciar a su agresor. Pero también muestran con toda la frialdad que permiten los números que la violencia contra las mujeres sigue muy presente en nuestra sociedad, con una media superior a las quinientas denuncias y víctimas al día a lo largo del año.

Principales datos del cuarto trimestre de 2022

Los principales indicadores de la violencia de género mostraron, durante el cuarto trimestre del año pasado, la tendencia al alza de toda la anualidad. El número de mujeres víctimas de la violencia machista, 49.780, fue un 14,43% más que en el mismo periodo de 2022, en el que sumaron 43.504. Dos de cada tres víctimas (65,49%) tenía nacionalidad española.

También se incrementaron, en un 13,43%, las denuncias, que sumaron 51.132 frente a las 45.078 del último trimestre de 2022. Tres de cada cuatro de esas denuncias, el 70,02%, fueron presentadas por la propia víctima, mientras que su entorno familiar denunció los hechos en un 1,7% de los casos. 

El número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber legal de prestar declaración aumentó en un 4,69% respecto al año anterior. En total, fueron 4.795 mujeres, es decir, el 9,63% de las víctimas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron entre octubre y diciembre de 2023 un total de 6.991 órdenes de protección, el 67,3% de las 10.386 solicitadas ante estos órganos judiciales. A éstas se añaden las 1.670 órdenes adoptadas por los juzgados en funciones de guardia, el 77% de las 2.169 peticiones recibidas.